Sobreprecios e incumplimiento de promesas nublan sistemas de videovigilancia y 911
Ocho años después del primer anuncio sobre el establecimiento del número 911 para las llamadas de emergencia y seguridad ciudadana, el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz vuelve a ofrecer el «reimpulso» de la línea telefónica. La ONG Transparencia Venezuela hizo una evaluación detallada de los sistemas de videovigilancia CESAE 171 y Ven 911 desde 2007 y, según sus datos, el Estado venezolano ha invertido más de mil millones de dólares sin que se haya cumplido con la promesa en número de cámaras de videovigilancia instaladas y centros de control, como tampoco botones de emergencia y pánico
Desde que el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichaso asumió la jefatura del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en agosto de 2021, ha dejado constancia en sus mensajes públicos del interés por introducir la tecnología de punta en todos los procesos que administra su despacho, o al menos así lo refleja la propaganda gubernamental.
Uno de los pilares de esta gestión ministerial —incluso desde que ocupaba todavía el cargo de jefe del Comandante Estratégico Operacional de la FAN— ha sido la promoción del sistema VEN911, número telefónico de emergencia que adoptó Venezuela en 2014, según los parámetros internacionales del Mercosur.
En febrero de 2014, el entonces diputado de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional Juan Carlos Alemán (PSUV) aseguró que el 911 se había activado y que durante un período de transición operaría de forma conjunta con el 171. No fue hasta 2019 cuando, en Gaceta Oficial N° 41.738 del 15 de octubre, se publicó la resolución «mediante la cual se ordena dar difusión obligatoria al número único del sistema integrado de articulación para la atención de emergencias: 911».
Se establecía como obligatoria la «visualización» de avisos con el 911 «en todo establecimiento público y privado, locales comerciales, institutos educativos, recreativos, deportivos, entidades de trabajo, unidades del transporte público, y en cualquier otro lugar donde haya circulación de personas».
En 2018, se informa sobre la entrada en funcionamiento de la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) de los Centros de Comando, Control y Telecomunicaciones VEN 911, que contaba con 20 sedes y estaba «en expansión».
Ocho años después del primer anuncio de 2014 sobre la adopción del 911, a mediados de marzo pasado, el ministro Ceballos Ichaso encabezó una reunión con el propósito de «definir y establecer las líneas estratégicas del Protocolo para el Registro, Seguimiento y Control Estadístico de Indicadores de Seguridad Ciudadana», según nota oficial. Allí se reunieron los 240 jefes y directores de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Una semana después, Remigio Ceballos supervisó las instalaciones del VEN911 para «reimpulsar el programa y fortalecer la seguridad ciudadana en el país». Entonces se informó que el VEN911 cuenta con 27 estaciones en todo el país. El director general nacional de VEN911 es el almirante Juan Carlos Oti Paituvi.
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Avanzamos para reimpulsar el VEN911 con el firme propósito de alcanzar la transformación e independencia tecnológica, para asistir defender y proteger al pueblo y fortalecer la seguridad ciudadana! pic.twitter.com/SZahLePr8L
— @FuerzaDinamica Remigio Ceballos Ichaso (@CeballosIchaso1) March 26, 2022
Pero el proyecto del sistema único de respuesta y atención ante emergencias de seguridad ciudadana viene con un larga historia de promesas incumplidas y opacidad en la millonaria asignación de recursos públicos.
La Organización no Gubernamental Transparencia Venezuela asegura que hubo irregularidades en el financiamiento para los sistemas de videovigilancia y atención de emergencias que el gobierno ha impulsado en el país desde 2007.
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Asesoramiento de Cuba y China
En el informe «Sistemas de videovigilancia y atención de emergencias en Venezuela», publicado en diciembre de 2021, Transparencia Venezuela asegura que los sistemas de videovigilancia y atención de emergencias que se han instalado en el país son proyectos cubanos y chinos sellados por elevados riesgos de corrupción.
Detalla el documento que el Centro de Seguridad y Atención de Emergencias 171 (CESAE 171) fue creado en 2007 por el gobierno nacional y transferido al Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP) entre los años 2008-2009 y en él se invirtieron $70 millones, con recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo Nacional, Pdvsa, «otras fuentes», presupuestos estadales y el ministerio mencionado.
El proyecto tuvo una fuerte injerencia cubana que quedó plasmada en los mismos documentos oficiales del ministerio, pues en la Memoria y Cuenta del organismo se especifica que el proyecto estaba enmarcado en el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, alerta la ONG.
Aunque para entonces se anunció que el proyecto se desplegaría en cinco estados, apenas alcanzó a cinco: Aragua, Falcón, Portuguesa, Barinas y Trujillo.
En 2013, el entonces ministro para Relaciones Interiores y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, informó junto al empresario Qu Huimin, presidente de la estatal China National Electronics Import and Export Corporation (Ceiec), la instalación de 30.000 cámaras de seguridad en el país con el mismo sistema que esa compañía había utilizado desde 2011 en Ecuador.
Desde marzo de 2018 Miguel Rodríguez Torres está preso por acusación de «traición a la patria, espionaje, motín y atentado contra la nación».
Entre el 21 y el 22 de septiembre de 2013, el gobernante Nicolás Maduro suscribió 28 acuerdos enmarcados en la «Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-China». Entre estos el de Lineamientos de Cooperación entre el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela y la empresa China National Electronics Import and Export Corporation (Ceiec) de la República Popular China para la puesta en marcha del Sistema Integral de Monitoreo y Asistencia, SIMA.
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El 29 de octubre de 2013, Rodríguez Torres anunció que el SIMA contaría con 40 centros de comando y control en 16 ciudades del país, la utilización de drones y la instalación de 10.000 botones de comunicación con las comunidades.
Transparencia Venezuela destaca que, Inicialmente, se reveló que el costo de este proyecto con la estatal china Ceiec sería de USD 1.080 millones y que este proyecto estaría terminado en el tercer trimestre de 2016, con la participación de «(…) miles de ingenieros y técnicos chinos, así como sus colegas venezolanos».
«Adicionalmente, en menor escala, otras empresas chinas como ZTE y Huawei Technologies Co. Ltd. también estuvieron involucradas. Este proyecto contemplaba la puesta en marcha de un Sistema Integral de Atención y de Despacho con un centro de llamadas y despacho, además de la funcionalidad de un botón de pánico. Además, incluiría un Sistema de Evaluación de Riesgos y de Gestión de Información de Casos en el que se involucraría, incluso, las investigaciones criminales. También permitiría la generación de reportes de inteligencia a partir de la evidencia recolectada y las conexiones entre distintos centros», detalla el informe.
Con este fin, se propuso un «terminal inteligente de consejo comunal» conectado con «la oficina de guardia del consejo comunal y las comisarías policiales». En principio, el botón de alarma terminal y detectores (invasión, gas, pánico) realizaría comunicación de video con las comisarías policiales y publicaría avisos a comercios.
Adicionalmente, el proyecto incluiría un «Terminal inteligente vehicular de Policía», que recibe información de situación de vía y fotos y videos de personas sospechosas, sube información de toma de evidencia, orienta vía GPS, además de tomar video y audio de las afueras e interior del vehículo.
Promesas incumplidas sobre sistema de videovigilancia
El 19 de noviembre de 2014, el SIMA-VEN 911 pasa a formar parte del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3), creado por decreto oficial de la Presidencia. Como parte del «Subsistema de paz: se integrará con la articulación de la Gran Misión ‘A Toda Vida Venezuela’, el Plan Desarme Voluntario, el Plan Patria Segura, los Cuadrantes de Seguridad, el Patrullaje Inteligente, el Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia (SIMA-VEN 911), todas las Grandes Misiones, Misiones Socialistas y el Movimiento por la Paz y la Vida».
Indica el informe de Transparencia Venezuela que noticias transmitidas en medios oficiales detallan que el SP3, al igual que el SIMA (VEN911), sería parcial o totalmente financiado mediante los acuerdos de cooperación con China en el tercer trimestre de 2018, pero se desconocen la magnitud del financiamiento, los plazos y los responsables, entre otros.
El 18 de julio de 2019, Nicolás Maduro inauguró el Centro de Comando Control y Telecomunicaciones VEN 911 en Caracas. En un acto televisado informó que fue el resultado de una inversión de 43 millones de euros provenientes de los fondos del convenio China-Venezuela para una sala de 8.500 m2 de construcción. En la misma inauguración, el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, G/D Endes Palencia, anunció que había 11 centros operativos a nivel nacional y 13 en «proceso de migración».
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«Tras revisar la información pública disponible, se determinó que en el proyecto Cesae 171 se invirtieron al menos USD 70.481.494. Dado el carácter atomizado de la inversión, primero de los estados y posteriormente del Gobierno Nacional, la reconstrucción está incompleta pues solo contiene datos recabados de las memoria y cuentas de los años 2010 a 2015», asegura el documento de Transparencia Venezuela.
El 26 de noviembre de 2013, acompañado por el ministro Rodríguez Torres, el presidente Maduro anunció por TV la instalación del SIMA municipio por municipio para cubrir todo el país en dos años (2015) a través de un acuerdo suscrito entre el MIJP y la empresa china Ceiec por $1.200 millones.
También se informó de la inauguración de la primera sede del SIMA en el municipio Sucre, en el estado Miranda, con más de 1.200 cámaras y cuyo sistema tendría integrado las cámaras de monitoreo del Metro de Caracas, así como la banca pública y privada.
De igual manera, se anunció la instalación del SIMA en 16 localidades: Maracaibo, Barquisimeto, Barinas, San Fernando de Apure, Valle de la Pascua, Valencia, Maracay, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, El Callao, Barcelona, El Tigre, El Valle, Coche y Nueva Esparta.
Adicionalmente, Rodríguez Torres prometió la instalación de 2.000 botones de alarma en los sectores populares del país.
Posteriormente, en enero 2014, el entonces ministro Néstor Reverol anunció la inversión de $1.065 millones a través del Fondo Chino para la adquisición de 30.000 cámaras a instalarse en 8 a 10 ciudades. Estas se usarían en el Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia (SIMA), en el que se contaría con «un equipamiento especial de radios que permitirá a oficiales de policía transmitir audio y video en tiempo real».
«En conclusión, con datos de documentos oficiales se ha determinado la asignación de más de$ 970 millones desde el Gobierno Central a los proyectos del Cesae 171 y SIMA VEN911, monto que se eleva a más de USD 1.000 millones al considerar la sede del SP3”, señala Transparencia Venezuela.
La ONG asegura que, después de invertir $1.000 millones, apenas están disponibles 24 de los 40 centros prometidos; que, como parte del SIMAVEN911, probablemente se hayan construido menos de 24 centros, pues el Cesae 171 ya contaba con infraestructura, y que tampoco hay detalle sobre el total de cámaras para videovigilancia, los sistemas funcionales o cualquier otra información relevante del proyecto.
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Riesgos de corrupción
En su informe, Transparencia Venezuela señala siete riesgos de corrupción en todo el manejo de la inversión en los sistemas de videovigilancia y atención de emergencias.
El informe señala posibles sobreprecios en los equipos y dispositivos a utilizar en los sistemas.
«Una inversión de USD 1.200 millones para la instalación de 30.000 cámaras y 10.000 botones de alarma es una cifra elevada al considerarse que el proyecto no parte de cero, sino que deriva de otro (CESAE 171) que ya habría realizado importantes inversiones en materia de infraestructura, equipamiento y tecnología», se refleja en el documento.
De igual modo está el costo de los centros de comando, ya que, señala la ONG, «bajo el supuesto de que el promedio de costo de los centros es de $30 millones (cifra que resulta de dividir la inversión total del proyecto entre el número de centros), se trata de un monto significativamente mayor que las referencias de México, donde un centro base en Zapopan, Jalisco, costó menos de $7 millones».
Resalta el informe que, en Chile, la instalación de 1.000 cámaras para videovigilancia en 66 comunidades tuvo un costo aproximado de $18.3 millones por cinco años, y que, extrapolando esta cifra a las 30.000 cámaras ofrecidas en Venezuela, el total sería de $549 millones, menos de la mitad del proyecto SIMA-VEN911.
«Incluso al extrapolar la construcción de 40 sedes C5 (tomando como referencia Zapopan, México) y la instalación de 30.000 cámaras a costo de Chile, el monto resultante es de USD 850 millones, cifra significativamente menor a los USD 1.200 millones anunciados por el gobierno venezolano», añade el documento.
Los siete riesgos de corrupción son la ausencia de fiscalización, «pues no se ha encontrado entre los años 2007 y 2017 ningún registro de auditorías, fiscalizaciones o actuaciones de la Contraloría General de la República (CGR) al CESAE 171 o su sucesor, el VEN911»; la ausencia de información pública; la centralización del sistema, que aumenta el nivel de discrecionalidad a cargo del ministerio y reduce el control fiscal y social que se puede ejercer desde los distintos estados y la participación de empresas cuestionadas en otros países.
También el rol de los consejos comunales, pues los mismos se establecen como beneficiarios de los proyectos de videovigilancia y/o atención de emergencias en varios documentos de Memoria y Cuenta «lo cual supone una irregularidad en sí, ya que estos no tienen competencia en materia de seguridad ciudadana, no son instituciones con capacidad de respuesta, ni tiene capacidad de evaluación técnica y control financiero; la ausencia de procesos públicos de licitación», y, finalmente, el uso de recursos públicos a través de una misión, en este caso, A Toda Vida Venezuela, supone que su supervisión, control y fiscalización es mucho más limitado.
En definitiva, Transparencia Venezuela señala que el sobreprecio de equipos para los sistemas de videovigilancia y atención de emergencias sería por alrededor de $350.000.000.
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