Sociedad Civil exige a las autoridades priorizar la vida de las personas
Organizaciones de la sociedad civil solicitaron el acompañamiento de instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar la vida e integridad de la población
Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil emitieron la tarde de este viernes un comunicado en el cual manifiestan su profunda preocupación por la vida y la seguridad de los pobladores de las zonas afectadas por los recientes enfrentamientos ocurridos entre grupos de la delincuencia organizada y funcionarios policiales en todas las parroquias del sur-oeste de la ciudad capital.
En este sentido, exigieron al régimen de Nicolás Maduro poner como prioridad “la vida de las personas” y evitar “masacres en las zonas afectadas por la violencia”.
“El Estado debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de la población civil, en materias vinculadas con la seguridad ciudadana”, señala el documento publicado por diversas ONG.
Aseguraron que políticas como “operativos de Liberación del Pueblo (OLP)” solo lograron la alianza entre las organizaciones criminales para responder a la ofensiva declarada por las autoridades, “lo que ocasionó el fortalecimiento de estas bandas en estructura, miembros y armamento”.
Organizaciones urgieron al Estado a desarrollar estrategias de reducción de daños que implican un enfoque en fases a corto, mediano y largo plazo que “reduzca las condiciones que afectan los derechos más básicos de la ciudadanía”.
“Ante una escalada de violencia, de manera inmediata exigimos atender la petición de las comunidades por el cese al fuego y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza contra personas que hayan cometido delitos”, expresa la misiva, a lo que agregaron que cualquier política de seguridad ciudadana “debe ser sustentable”, lo que exige la búsqueda de los consensos políticos y sociales necesarios para su implementación.
“Estas políticas requieren ser sometidas a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas permanentes, en un escenario de amplia participación por parte de la ciudadanía, con líderes legítimos de las comunidades afectadas y voceros de diferentes lados del espectro político”, señalaron.
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Asimismo, solicitaron el acompañamiento de instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar la vida e integridad de la población. “Esta debe ser una estrategia transparente con la presencia de la iglesia, comunidades y organizaciones nacionales y locales para la vigilancia del acuerdo”.
Instaron al Estado a mejorar en su proceso de selección y formación de las personas que integran las fuerzas de seguridad, así como a la realización de una investigación sistemática y rigurosa para verificar los puntos de fuga del parque de armas desde las instancias estatales hacia las bandas criminales, “situación que ha contribuido de manera fundamental a la situación que hoy padecemos”.
De la misma manera, se solidarizaron con las familias afectadas por los enfrentamientos, en especial con la de funcionarios policiales abatidos durante los operativos de seguridad, al tiempo que solicitaron ayuda y acompañamiento para sus seres queridos “con el fin de sobrellevar dichas pérdidas”.
Finalmente, pidieron investigar todas las denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales. “Tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo deben procesar debidamente y dar respuesta a las diferentes denuncias de familiares sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, robos y cualquier otro exceso en el operativo”.
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