Sociedad civil exigirá investigación ante Fiscalía y AN sobre el XV Censo
MiCondominio.com envió una carta al ministro de Planificación, Jorge Menéndez, en el cual manifestaron una serie de dudas sobre el censo, pero no han obtenido respuesta
La Plataforma de la Sociedad Civil frente al Censo, conformada por Creemos Alianza Ciudadana, Caracas Ciudad Plural y MiCondominio.com, en alianza con el Observatorio Venezolano de la Diáspora y el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice, presentaron una serie de denuncias e inquietudes referentes al XV Censo de Población y Vivienda promovido por el oficialismo.
El director de MiCondominio.com, Elías Santana, informó mediante un video publicado en youtube, que ante esta situación, la Plataforma de la Sociedad Civil frente al Censo solicitará ante la Defensoría del Pueblo abrir una investigación para interceder en el derecho a la privacidad y confidencialidad de la ciudadanía.
Esto se debe a la preocupación que genera la figura de los empadronadores, que para esta edición del censo estarán estrechamente ligados con el chavismo, al ser principalmente milicianos, militantes del movimiento Somos Venezuela y miembros de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH).
De igual forma, se dirigirán al Instituto Nacional de Estadística para solicitar detalles con respecto a los lapsos, el presupuesto, los mecanismos, el perfil y la selección de empadronadores, además de las formas mediante las cuales se garantizará la confidencialidad del procedimiento.
«En el decreto sobre el censo no se habla de la fecha. No se dice cuándo comienza y cuándo termina el censo. Además, en la publicidad oficial, dice que el censo se realiza cada 10 años. Hay un reconocimiento de que toca en 2021 ¿Por qué la premura para adelantarlo?», se cuestionó.
De acuerdo con la tesis de Santana, el adelanto de los comicios guardaría relación con el proceso electoral que se avecina en 2020. Sería una manera de descubrir el verdadero grueso electoral e incluso, posiblemente rehacer los circuitos electorales para obtener beneficio político.
«Puede uno suponer que el adelanto de la realización del censo se quiere hacer para fotografiar el impacto real de la diáspora, hacer un arqueo de la situación real. Se presume que la información recabada del censo está pensada en rehacer los circuitos electorales», explicó.
En este sentido, también pedirán ante la Asamblea Nacional crear una comisión especial para investigar cuáles son las pretensiones y planes reales del censo y corregir las deficiencias o rechazar el proceso en caso de que tenga vicios de legalidad.
El experto también recordó que MiCondominio.com envió una carta al ministro de Planificación, Jorge Menéndez, en el cual manifestaron una serie de dudas sobre el censo.
Concretamente exigían respuestas sobre las fechas de inicio y culminación, la asignación de recursos económicos, el proceso y los criterios de selección de empadronadores, los cuestionarios aprobados y especialmente, la razón de la premura.
El funcionario no ha dado respuesta a ninguno de los cuestionamientos ni accedió a sostener una reunión con la sociedad civil para aclarar estas dudas.
Empadronadores sospechosos
Las organizaciones que participan en esta alianza destacan que se ha producido una serie de denuncias con respecto a la validez de los empadronadores que ya empezaron a visitar viviendas.
De acuerdo con Tibaire Altuve, coordinadora nacional de MiCondominio.com, personas de identidad «no comprobable» realizan visitas a comunidades en las que se identifican como empadronadores del XV Censo de Población y Vivienda.
Los empadronadores incluso han presentado credenciales falsificadas e identidades inexistentes. Por lo tanto, se acudirá a la Fiscalía para indagar sobre la autenticidad de estos presuntos funcionarios y descartar que se trate de delincuentes.
Por otra parte, en algunos sectores, los empadronadores ya empezaron a pegar etiquetas de comprobación, con sus respectivos códigos QR en viviendas donde no se ha realizado entrevista alguna.
La preocupación se cierne sobre estos casos debido a que la información revelada durante el censo es sensible, y se debe garantizar a la ciudadanía el derecho a la confidencialidad.
