España acumula la mayor cantidad de solicitudes de extradición hechas por Venezuela
De la revisión de 18 de las sentencias de extradición activas desde 2017, se evidencia que ocho fueron dirigidas a las autoridades judiciales españolas; es decir 57% de las referidas irregularidades administrativas
Una investigación de Transparencia Venezuela revela cómo la justicia chavista activa procesos de extradición contra exfuncionarios de alto nivel o personas que fueron cercanas al poder, cuando ya tribunales de otros países habían iniciado investigaciones en su contra por hechos de corrupción, cuando se presume que colaboran en causas judiciales, rompen el vinculo con el autodenomindo proceso y, cuando son opositores y denunciantes.
Un registro con datos obtenidos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Ministerio Público lo confirma. De la revisión de 18 de las sentencias de extradición activas que desde 2017 ha dictado el máximo juzgado contra funcionarios o exfuncionarios y particulares relacionadas con delitos contra el patrimonio público, se evidencia que ocho fueron dirigidas a las autoridades judiciales españolas; es decir 57% de las referidas irregularidades administrativas.
Colombia con cuatro peticiones y Estados Unidos con tres solicitudes ocupan, el segundo y tercer lugar de la lista de países a los que la justicia venezolana ha realizado más peticiones de extradición.
Del total de los procesos analizados se estableció que las 14 extradiciones por corrupción representan solo 6 tramas de fraude o desfalco. Las más importantes están relacionadas con el desvío de fondos de Pdvsa hacia la intervenida Banca Privada de Andorra.
Las tramas de corrupción sobre las que se solicitó extradición afectaron a 4 entes públicos: Ministerio de Petróleo, Pdvsa, Oficina Nacional del Tesoro, Ministerio de Vivienda y Hábitat y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Pese a que en estos casos de extradición son mencionados más de 40 nombres, incluyendo a particulares, las autoridades no han presentado más peticiones contra otras personas y en el caso del exministro Rafael Ramírez, por ejemplo, se pidió la extradición primero a España y luego a Italia, pero no por el caso de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra, sino por la contratación de un buque de perforación (caso Petrosaudi).
Hasta el momento no hay medidas del Ministerio Público por hechos como los ocurridos con Cadivi, irregularidades en el sector alimentos, sector salud o en el eléctrico, ni mucho menos por Odebrecht, en los cuales se perdieron miles de millones de dólares en fondos públicos. Esto, a pesar de que otros países han hecho público el inicio de investigaciones por presunta corrupción, como el caso del Fideicomiso en Argentina o la investigación en EEUU contra el exministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez y su socio Jesús Veroes, por adquisición irregular de equipos.
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