SOS Orinoco advierte auge de minería ilegal en Bolívar y 40 muertes en 2025
La presidenta de SOS Orinoco, Cristina Vollmer de Burelli, alertó sobre el auge de la minería ilegal en el sur de Venezuela y el incremento de muertes en minas del estado Bolívar. En entrevista con Noche D, advirtió que la actividad extractiva avanza sin control estatal y está generando un ecocidio en la cuenca del Orinoco
La presidenta de SOS Orinoco, Cristina Vollmer de Burelli, alertó sobre el auge de la minería ilegal en el sur de Venezuela y el incremento de muertes en minas del estado Bolívar. En entrevista con Noche D, advirtió que la actividad extractiva avanza sin control estatal y está generando un ecocidio en la cuenca del Orinoco.
En conversación con Víctor Amaya, Volmer de Burelli se refirió al colapso ocurrido en la mina Cuatro Esquinas, en El Callao, donde fueron recuperados siete cuerpos y se reportaron al menos 14 víctimas. Señaló que, a diferencia de explotaciones formales como las de Chile, en Venezuela predomina una minería informal, sin medidas de seguridad, con túneles precarios y sin supervisión técnica.
«El régimen de Nicolás Maduro promovió irresponsablemente la anarquía. Por esta hambre del oro las vidas no importan, las leyes no importan, el ambiente no importa», afirmó. Explicó que las minas verticales de la zona son excavaciones improvisadas donde «muchas veces meten a muchachos jóvenes, incluso niños, porque son flaquitos y se pueden meter en los túneles».
De acuerdo con los registros de SOS Orinoco, en lo que va de 2025 se han producido más de 40 muertes en accidentes mineros, aunque la cifra podría ser mayor, dado que muchos casos ocurren en áreas remotas sin acceso a medios o registros oficiales.
Vollmer de Burelli detalló que además de los derrumbes y ahogamientos, los mineros enfrentan intoxicaciones por inhalación de mercurio, descargas eléctricas y derrumbes en minas a cielo abierto. «La minería que se está haciendo al sur del Orinoco es del siglo XIX», dijo.
La presidenta de la organización denunció que el llamado Arco Minero del Orinoco fue decretado en 2016 sin aprobación legislativa y sin cumplir los requisitos de consulta a comunidades indígenas. «Ese decreto es ilegal. Lo que hizo fue formalizar la ilegalidad, dejar todo en manos de pequeños grupos y de actores criminalizados», sostuvo.
Según explicó, el oro que se extrae no pasa en su mayoría por el Banco Central de Venezuela, sino que sale por contrabando hacia Colombia, Brasil o Turquía. «Solo un 20% del oro entra por el Banco Central. El resto sale por contrabando con la complicidad de la Guardia Nacional, la Fuerza Armada y autoridades civiles», afirmó.
Vollmer de Burelli señaló también un repunte en la extracción de casiterita —un mineral asociado al estaño y usado en dispositivos electrónicos— y coltán, que calificó como parte de un «mercado negro de tierras raras» del que se benefician redes ilegales dentro y fuera del país.
Durante la entrevista, se presentaron publicaciones recientes del periodista Fritz Sánchez, quien ha documentado con imágenes satelitales y videos la expansión de la minería ilegal en zonas del río Caroní, el Alto Cuao, Yapacana y el Cuyuní. SOS Orinoco corroboró que estas actividades destruyen ecosistemas protegidos y contaminan fuentes de agua.
«El Caroní es el segundo río más grande del país y en él está el sistema hidroeléctrico del Guri. Estas balsas mineras están acabando con ese sistema porque el sedimento que levantan daña las turbinas», explicó Volmer de Burelli.
Sobre el Parque Nacional Yapacana, denunció que la minería se realiza incluso en la cima del tepuy, un área de biodiversidad única. «Eso no se repone. Una vez que se acaba esa capa vegetal, desaparece para siempre», advirtió.
La vocera recordó que el informe satelital más reciente de SOS Orinoco, en conjunto con Amazon Conservation, confirma el retorno de los mineros al Yapacana pese a los operativos militares de desalojo realizados en 2023. «Eso solo ocurre con permiso y en complicidad con las fuerzas armadas», aseguró.
Vollmer de Burelli lamentó que mientras el Estado venezolano mantiene restricciones al acceso de periodistas, médicos y activistas a la región, las aeronaves y maquinaria de extracción siguen operando libremente. «Si un médico quiere ir a atender indígenas no lo dejan entrar, pero un helicóptero con motores para minería sí llega sin problema», denunció.
La entrevista concluyó con un llamado a la atención internacional. «Estamos frente a una emergencia ambiental y humanitaria. El Estado ha abandonado su rol protector y ha convertido la minería ilegal en una fuente de financiamiento político y militar», dijo la presidenta de SOS Orinoco.
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