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Súmate advierte que TSJ podría configurar un sistema electoral «más injusto»



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La ruta real es electoral
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TalCual | junio 24, 2020

La Constitución establece que si el CNE decide promover cambios en la normativa referente a la proporcionalidad del voto, tiene que elaborar una propuesta de reforma de la Lopre, recuerda Súmate


La asociación civil Súmate se adhirió a la ola de denuncias contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la serie de sentencias emitidas durante las últimas semanas que desvirtúan el sistema político contemplado en la Constitución.

Concretamente hacen alusión a la posible configuración de un sistema electoral y político distinto y «más injusto» al actual, al imponer de forma ilegal una transformación en la forma de elegir a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) a través de un Consejo Nacional Electoral (CNE) determinado por el mismo Poder Judicial.

«En vez de resolver los problemas de proporcionalidad que se han venido presentando desde la legalización de la figura de las “Morochas” en 2005 y la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) en 2009; podría generar mayor inequidad», advierte la organización.

Súmate insiste en que el TSJ «usurpó» las competencias del Poder Legislativo al otorgarle facultades legislativas al CNE, que deberá hacer los cambios sobre la aplicación del principio de Representación Proporcional modificando varios artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

«La ONG le recuerda al máximo tribunal que legislar es competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional (AN), según lo establecido en el artículo 187, numeral 1 de la Constitución», resalta el comunicado.

Además recuerdan que si el CNE decide promover cambios en la normativa referente a la proporcionalidad del voto, tiene que elaborar una propuesta de reforma de la Lopre, presentarla ante el Parlamento y esperar su aprobación por parte de las dos terceras partes del cuerpo colegiado, un proceso que debe realizarse seis meses antes de la celebración de los comicios. «Cualquier otro curso de acciones, sería una flagrante y gravísima violación de los artículos 203 y 211 de la Constitución de la República», insisten.

De igual forma, el CNE tendría que someter a la aprobación de la AN las proyecciones poblacionales estudiadas para la reforma de la proporcionalidad, estimadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la fecha de las elecciones parlamentarias.

*Lea también: Maduro invita a oposición a sacarlo de la presidencia con un referendum en 2022

También enfatizan contradicciones en sentencias del TSJ, pues la N° 68 declaró omisión inconstitucional de la AN al designar a los integrantes del CNE basada en el supuesto desacato, mientras que la N° 69 reconoce el trabajo adelantado del Parlamento al designar al Comité de Postulaciones Electorales, incluso exhortandolos a entregar una lista de ciudadanos preseleccionados para integrar el CNE.

Añaden diversas violaciones a la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), ya que el TSJ nombró al directorio del Poder Electoral incluyendo los cargos de Presidenta y Vicepresidente, que según las normas, debe ser efectuada por el directorio en la sesión de instalación. Lo mismo ocurre con la designación de las cabezas de la Junta Nacional Electoral y la Comisión de Registro Civil y Electoral, que legalmente corresponden ser presididos por Rectores en representación de la Sociedad Civil.

«La ONG afirma que las decisiones en sentencias Nº 68, 69 y 70 de la Sala Constitucional del TSJ violan el principio constitucional de independencia de los poderes públicos», resalta Súmate.

Finalmente, se pronunciaron en contra de la suspensión de las direcciones nacionales de los partidos políticos Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ), que se suma a la imposición de juntas directivas ad hoc para estas organizaciones. Esta acción contradice lo establecido en el artículo 67 de la Constitución, que establece el derecho de asociarse con fines políticos y que sus organismos de dirección, así como sus candidatos a cargos de elección popular, deben ser seleccionados mediante elecciones internas con la participación de sus integrantes.

«Estas decisiones son contrarias al estado de derecho, ya que relevan de sus cargos a quienes la militancia y organismos internos habían elegido como sus directivos, a través de procesos validados por las anteriores directivas del CNE», puntualizaron.

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