Súmate exige la liberación de su coordinadora nacional al cumplir 70 días detenida
La asociación civil Súmate reiteró que Nélida Sánchez, coordinadora nacional, es inocente de todos los delitos de los que el gobierno la acusa, entre ellos terrorismo e incitación al odio. Recordó que este 3 de noviembre cumple 70 días detenida
La asociación civil Súmate pidió la liberación de su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez, tras haber sido «detenida injustamente» hace 70 días.
«Nuestra coordinadora (…) ha dedicado gran parte de su vida a la promoción de los derechos humanos (…). Hoy domingo cumple 70 días detenida y separada de su familia, siendo inocente«, señaló la organización, que sostiene que Sánchez fue apresada «sin citación previa ni orden de captura».
El pasado 6 de octubre, Súmate pidió al Estado garantizar «un juicio justo» y el «derecho a la defensa» para Sánchez, detenida el pasado 26 de agosto por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según la ONG.
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Igualmente, recordó que el pasado 6 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA otorgó medidas cautelares a favor de Sánchez, al considerar que se «encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela».
La detención de la coordinadora se produjo en un contexto de crisis política tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, un período en el que la mayor coalición opositora, que denuncia «fraude» electoral, ha alertado sobre el aumento de la «persecución» y «represión» por parte del Gobierno.
El pasado 20 de octubre Súmate exigió la liberación Sánchez. Argumentó que el pasado 13 de octubre se cumplieron 45 días continuos de haberse realizado la audiencia de presentación ante el Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo y de su imputación, pero la Fiscalía no presentó ningún acto conclusivo en este lapso establecido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Súmate citó el COPP para aclarar que la ley establece que “si el juez acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el o la fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la decisión judicial. Vencido este lapso sin que él o la fiscal haya presentado la acusación, el detenido o detenida quedará en libertad, mediante decisión del juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva”.
En un comunicado, denunció la “opacidad con la que la administración de justicia ha llevado a cabo este caso, ya que ni el juez de control, ni la fiscalía, ni la defensa pública han informado realmente a sus familiares sobre las acciones que han acometido en lapsos previos establecidos en esta misma legislación penal, con el fin de garantizar el derecho constitucional al debido proceso”.
