Sundde retoma fuerzas y arrecia su labor intimidatoria contra empresas y comercios
En 2019 la Sundde no actuó con tanta fuerza como en 2018, pero este año parece que será diferente: en lo que va de 2020 ha inspeccionado miles de establecimientos en al menos 19 entidades del país, lo que demuestra la inexistencia de la libertad económica
«A los comerciantes que no acaten el primer llamado les aplicaremos sanciones». Con esta amenaza, la ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya, dejó claro el pasado 20 de enero que en 2020 el gobierno no planea desmontar un control de precios que ya cumple 17 años y que ha golpeado con dureza la economía de un país que ya cuenta 26 meses en hiperinflación y rumbo al séptimo año en recesión.
Apoyada y custodiada por la Fuerza Armada Nacional (FAN), la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) ha inspeccionado desde inicios de año miles de establecimientos en al menos 19 entidades del país: Miranda, Vargas, Distrito Capital, Zulia, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Falcón, Cojedes, Mérida, Aragua, Guárico, Carabobo, Bolívar, Yaracuy y Lara, para “garantizar a los usuarios sus derechos establecidos en la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ)”.
En Al Aire con MinComercio, un programa radial transmitido por Radio Miraflores, Laya informó que 1.136 fiscales de la Sundde fueron desplegados en todo el país. “Vamos a estar revisando los comercios”.
En sus inspecciones los fiscales no están solos. Van acompañados por funcionarios de la Guardia Nacional (GN), de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), del Ministerio de Comercio, de policías estadales y las alcaldías, así como por Sunagro (Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria) y el Sencamer.
Casi finalizando enero, la Sundde informó que visitó más de 1.900 establecimientos comerciales en todo el país para verificar que los empresarios cumplían con el margen máximo de ganancia de 30% establecido en la Ley de Precios Justos y que contaban con lectores de códigos de barras. También para revisar los listados de precios y “atender denuncias” de los consumidores. El organismo detalló que la mayoría de las fiscalizaciones se realizaron en comercios de Distrito Capital, Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, Sucre y Anzoátegui.
“Se estará trabajando de la mano con nuestros gobernadores, con la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), en unión cívico militar en función de proteger al pueblo, así como también contaremos con el acompañamiento de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) y los consejos comunales”, indicó Laya. “Vamos a trabajar como un solo equipo la FAN y el Ministerio de Comercio”, añadió.
A mediados de enero la Sundde mandó a sus funcionarios a inspeccionar comercios en siete municipios del estado Yaracuy, donde ajustó entre 20% y 30% los precios de productos de primera necesidad. También supervisaron 36 panaderías ubicadas en los municipios San Felipe, Sucre y Urachiche.
En Bolívar más de 100 establecimientos ubicados en los municipios Caroní y Heres han sido fiscalizados para verificar que cumplan con lo establecido en la Ley de Precios Justos.
En Carabobo, funcionarios del organismo y del Ministerio de Comercio fueron desplegados en 23 comercios del Mercado Periférico de La Candelaria y en 29 establecimientos del Mercado Municipal de Valencia.
En enero la Sundde también inspeccionó terminales terrestres en Falcón, Trujillo, Zulia, Vargas, Carabobo, Guárico, Portuguesa, Mérida, Miranda, Monagas, Barinas y Aragua para “para dar cumplimiento a las tarifas oficiales y garantizar un feliz destino a los usuarios”. Según el organismo, se desplegaron en 89 terminales terrestres del país “beneficiando a 107.331 pasajeros”. En algunas inspecciones fueron junto con funcionarios del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).
Sin libertad
Según Ana Carrasquero, investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, que diariamente monitorea las acciones del organismo, el resurgir de las operaciones de la Sundde en los comercios evidencia que en Venezuela no hay libertad económica y que los comerciantes tienen que obedecer los lineamientos del Estado, cuya única intención es “controlar la economía”.
Venezuela es el país con menos libertad económica del mundo. De acuerdo con el Índice Mundial de Libertad Económica 2019 (EFW 2019 por sus siglas en inglés), realizado por el Instituto Fraser de Canadá y con la colaboración de Cedice, la nación se ubicó en el puesto 162 debido principalmente a la debilidad de su moneda, la dificultad para hacer negocios y el irrespeto a la propiedad privada.
Según el estudio, en países como Irak, República del Congo, Egipto y Siria hay más libertad económica que en Venezuela.
Josefina Salvatierra, directora ejecutiva de Consecomercio, sostiene que la Sundde ha sido “muy dañina” para el sector, que entre el primer trimestre de 2013 y el mismo lapso de 2019 se contrajo 80% de acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV). “No se nos permite ejercer libremente el comercio. Tenemos una serie de controles que nos limita el poder cumplir con los consumidores”.
En un informe emitido por Consecomercio en enero, el gremio señala que, si bien “es innegable” que en los últimos meses del año 2019 se produjo “una disminución y desaplicación fáctica” de los controles de precios, en el comienzo de 2020 se pudo observar la reactivación de la Sundde.
“Es necesario llamar la atención sobre la importancia de permitir que los precios para la actividad comercial sean libremente determinados por el mercado. Solo un sistema en el que impere el intercambio libre de la oferta y la demanda permitirá superar la crisis de desabastecimiento y escasez de bienes y servicios”.
No ha parado
Aunque el año pasado el organismo no actuó con tanta fuerza como en 2018, cuando llevó a cabo masivas fiscalizaciones que dejaron desabastecidos supermercados, farmacias, panaderías y otros tipos de negocios, en realidad la Sundde no ha parado. El Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice contabilizó durante el primer semestre del año pasado 1.029 fiscalizaciones, siendo el comercio, transporte, agroindustria y educación los sectores más castigados en ese período.
El 6 de agosto de ese año informó que fueron sancionadas 89 clínicas privadas, entre ellas Sanatrix, Clínica Ávila, Policlínica Metropolitana, Hospital de Clínicas Caracas, Centro Médico Docente La Trinidad y Clínica Santiago de León. La Sundde les impuso multas de entre 20% y 40% de los ingresos netos anuales.
El ente adscrito al Ministerio de Comercio ordenó a 23 colegios privados en el estado Táchira, a 13 en el estado Sucre y luego a 189 colegios en todo el país mantener los precios de las matrículas. Solo en la región capital la Sundde tocó las puertas de al menos 10 instituciones educativas.
En agosto de 2019 la Sundde aplicó medidas sancionatorias en más de 50 estacionamientos supuestamente por “condicionamiento, especulación y usura; fijando tarifas en cada región como medida preventiva. ¡Defendemos los derechos socioeconómicos del pueblo!”, de acuerdo con Willian Contreras, quien fungía en ese entonces como ministro de Comercio Nacional.
Y el petro también
En diciembre obligó a los comerciantes que tienen el punto de venta biopago del Banco de Venezuela a recibir el petroaguinaldo (medio petro) que depositó a trabajadores públicos y a pensionados, y que muchos de ellos aún no han podido utilizarlo. El 4 de enero el ente informó que había supervisado 3.750 comercios que utilizan el sistema biopago luego de recibir varias denuncias supuestamente por alza de precios, cobro de entre 15% y 40% por pagar con el petro, obligación de gastar todos los petros disponibles y acaparamiento del biopago.
El gobierno asegura que con las fiscalizaciones se está cumpliendo con una de las siete líneas de acción anunciadas por Maduro el 14 de enero de 2019 durante su discurso de memoria y cuenta. Se trata de “avanzar en un acuerdo económico productivo para la estabilización, el crecimiento y la prosperidad del país”. Ordenó rehacer el sistema de distribución, comercialización y fijación de los precios de todos los productos del Plan 50, un programa que abarca rubros básicos.
El 4 de septiembre de 2019, a un año de la publicación de la lista de 25 alimentos regulados del Plan 50, Maduro ordenó a Tareck el Aissami, vicepresidente del Área Económica, a reunirse en mesas de trabajos con los productores y agroindustriales para acordar precios de productos y luego publicarlos permanentemente en una lista. Achacó a la especulación y a la falta de contraloría el fracaso del “equilibrio alcanzado entre los precios de los productos y la capacidad adquisitiva de los venezolanos”.
