Suprema tramposería, por Teodoro Petkoff
El MVR amenaza con remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que le estarían «pagando favorcitos» a Luis Miquilena con las últimas sentencias adoptadas en el máximo organismo judicial del país. Francisco Ameliach, el coordinador del nuevo «partido del pueblo», ha blandido la «bicha», ha hurgado en sus artículos y ha ordenado a sus huestes parlamentarias comenzar la cacería de quienes hayan osado distanciarse de la línea «revolucionaria». Una línea por cierto que lo que pretende es mantener el control abusivo de todas las instituciones, para que obcecadamente decidan de acuerdo con los designios del supremo jefe del proceso.
Es pura y total hipocresía. Desde su designación en diciembre de 2000, sectores de la oposición y de los medios de comunicación cuestionaron la forma cogollérica como fueron elegidos los integrantes del Poder Judicial y del Poder Ciudadano, amparados en una «transitoriedad» que le permitió al sector oficialista burlarse de la Constitución recién aprobada en referéndum pero aún no publicada, en una de sus tantas versiones, en la Gaceta Oficial.
Ameliach tiene que hacer memoria. Debería recordar aquella maratónica sesión iniciada el 20 de diciembre de 2000 y concluida en la madrugada del día siguiente, en la que la gente de Primero Justicia metió una cochina en el Hemiciclo para denunciar el pacto de trastienda que se fraguó y que mostró, a las primeras de cambio, la falsedad de la «revolución protagónica» porque no hubo transparencia, ni evaluaciones serias, ni meritocracia que valiera. La hipocresía comenzó entonces y continúa ahora, pero con algunas diferencias importantes.
En menos de dos años, el MVR ha perdido peso en la Asamblea Nacional y a duras penas alcanza la mayoría junto con sus aliados, pero no la calificada, la de las dos terceras partes, que se requiere para remover a los magistrados y a los titulares del Poder Ciudadano. Si la intención real fuera destrancar el juego político y lanzar una bocanada de cierta confianza sobre el funcionamiento de las instituciones, lo que deberían proponer es una renovación integral de todos los poderes que fueron escogidos a dedo en aquella oportunidad.
