#TalCualVerifica las respuestas del gobierno de Maduro al #InformeBachelet

TalCual | julio 12, 2019

El gobierno hizo tres veces más observaciones que la cantidad de recomendaciones que señala el mismo informe presentado en la ONU, por eso el chavismo convocó a marchar el sábado 13 de julio para rechazarlo 

Pocas horas después de que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentara el pasado 5 de julio el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, los enviados del gobierno hicieron 70 comentarios al documento, al que calificaron como plagado de “errores de hecho”.

Nicolás Maduro dijo que el documento está repleto de «datos falsos, manipulaciones» y dijo que Bachelet cedió a la presión de EEUU, por lo que le envió una carta con «los datos verdaderos».

«El informe de la señora Bachelet es un informe más hecho por su oficina de gente enemiga de la revolución bolivariana, un informe cargado de mentiras, de datos inexactos, datos falsos».

Este viernes 12, en una carta personal firmada por Maduro y enviada directamente a Ginebra, el mandatario reitera que la información presentada en el informe de Bachelet está plagado de «mentiras».

En TalCual revisamos punto por punto los comentarios señalados por el gobierno en su documento de respuesta y revisó algunas afirmaciones hechas por los representantes chavistas que no contaron la historia completa o solo siguieron su propia versión de la narrativa oficial.

#TalCualVerifica y señala algunos a continuación:

En el informe del Gobierno se asegura: «El informe obvia mencionar que Venezuela destina, en promedio, el 75% del presupuesto a la inversión en el área social»

Esta aseveración es FALSA.

En el informe de Bachelet se expresa claramente: «El Gobierno afirmó que destina 75 por ciento de presupuesto anual a la inversión en el área social».

Vuelve a afirmar el gobierno en su respuesta: «En el párrafo 37, el informe analiza los procesos penales incoados contra diputados de la Asamblea Nacional. En este estudio, la OACNUDH omite mencionar el magnicidio frustrado contra el Presidente de la República del 4 de agosto de 2018, organizado por diputados de la Asamblea Nacional».

Esta afirmación también es FALSA.

El informe Bachelet señala en el mismo párrafo señalado por el gobierno: «Muchos de ellos (diputados) han sido acusados de traición, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil y asociación, entre otros cargos, tras el 4 de agosto de 2018, cuando una tentativa de asesinato reportada en contra del Presidente de la República falló».

Dice el gobierno de Maduro: “Se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Oficina de la Alta Comisionada”.

ME ENTERO.

El gobierno hace énfasis en la disponibilidad de información oficial a la cual tuvo acceso la Oficina de la Alta Comisionada. Una suerte para ella, ya que los venezolanos desconocen esos datos. Desde las instancias oficiales se mantiene una política de opacidad y ocultamiento de la información, aunque la Constitución en el artículo 57 dice que “se prohíbe la censura a los funcionarios públicos para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.

Desde la que correspondió a 2015, ni Nicolás Maduro ni su gabinete ministerial presentan la obligatoria Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional, después de la sentencia 90/2017 del TSJ que les permitió obviar este requisito, a pesar de ir en contra de la Constitución.

Desde el año 2007 la información de salud es un secreto de Estado. El chavismo interrumpió 69 años de registro epidemiológico y la última vez que se publicaron cifras fue en mayo de 2017, correspondiente a la semana del 25 al 31 de diciembre de 2016, lo que le costó el cargo a la entonces ministra de Salud, Antonieta Caporale.

En todos los entes de gobierno se dejaron de publicar las estadísticas oficiales que permiten establecer políticas públicas sobre los problemas. El caso más reciente es el de los indicadores económicos que estuvieron cuatro años sin divulgarse, hasta mayo de 2019. Después de ello y en los dos meses que han transcurrido, nuevamente el BCV dejó de publicar las cifras, a pesar de la hiperinflación que somete la calidad de vida de los venezolanos.

Dice el gobierno de Maduro: “Ninguna autoridad ha reconocido la existencia de una ‘crisis humanitaria’ en Venezuela, pues no están dados los supuestos previstos en el derecho internacional para ello”.

Esta afirmación es FALSA.

El 16 de abril, el ministro de Salud Carlos Alvarado, recibió un cargamento de 24 toneladas de insumos médicos, como parte del primer cargamento técnico humanitario proveniente de la Cruz Roja y aseguró que “viene de la mano del presidente Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano”, ya que según dijo, Maduro había negociado el 11 de abril con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los parámetros necesarios para recibir ayuda técnica humanitaria en todos los sectores.

Dice el gobierno de Maduro: “Conforme a la información oficial, entre los años 2016 y 2018 la tasa de mortalidad materna se redujo en 13,76 puntos”.

Otra afirmación DUDOSA que cualquiera podría añadir Me ENTERO

De nuevo el gobierno revela información pública que la población desconoce. Los últimos datos a los cuales se tuvo acceso son de 2016 y para entonces, las estadísticas revelaron que la tasa de mujeres que murieron durante el embarazo había tenido un incremento de 64%. El último boletín epidemiológico filtrado muestra que en 2015 se registraron 456 mujeres y en apenas un año aumentó a 756.

A modo de referencia, en 2018, Venezuela aparece reflejada en los datos recopilados por Child Mortality Estimates (CME), estimaciones hechas por las Naciones Unidas con datos de mortalidad infantil, en este caso. Los cálculos indican que para 2017 la tasa era de 25,7 niños muertos (menores de 1 año) en relación a cada 100 mil nacidos vivos, un dato que retrocede al país a 1989, cuando la mortalidad materna alcanzó esta misma tasa.

Dice el gobierno de Maduro: “Entre los años 2011 y 2019 se han graduado 29.057 médicos integrales comunitarios, a los que se suman aproximadamente 2.000 por año que se gradúan como médicos cirujanos”.

Esta afirmación es DUDOSA.

Las mismas cifras del Gobierno no coinciden. Según sus datos han graduado a 45.057 médicos en ocho años y Maduro prevé llegar a 100 mil médicos para el año 2025.

Para lograr esta meta, se deben graduar 54.943 médicos en seis años; es decir, 9.157 por año o lo que es igual a duplicar la cifra actual de 5.632 profesionales de la salud.

Dice el gobierno de Maduro: “Luego de reportar 2.370 casos confirmados en el año 2016, Venezuela cerró el año 2018 sin ningún caso confirmado de Zika”.

Esta afirmación es FALSA.

El último boletín epidemiológico publicado por el gobierno de Venezuela en el 2016 reporta 59.348 casos de zika al cierre de ese año. Desde entonces no hay cifras oficiales del alcance de las enfermedades epidemiológicas en el país, debido a la ausencia de publicación periódica de boletines.

Dice el gobierno de Maduro: «El Programa de Alimentación Escolar (PAE) consiste en la distribución de alimentación variada y balanceada a más de 4.000.000 niños y niñas en el sistema escolar”.

Esta afirmación no es respaldad ni por el propio Estado, y quien lee pensará SÍ, LUIS .

El número representa 1.381.051 beneficiarios menos de lo que declaró el canciller Jorge Arreaza ante la FAO, el 25 de junio, hace menos de un mes: “5,3 millones de niños reciben diariamente alimentos a través del PAE”.

El número también contradice el dato presentado por Nicolás Maduro en la Memoria y Cuenta 2018, en la que se aseguró que el PAE llegó a 5.381.057 estudiantes.

#Cifras? | Gobierno Nacional ha creado 11 nuevas universidades territoriales especializadas y experimentales #MaduroMemoriaYCuentaANC pic.twitter.com/2FrLUFGusI

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 14, 2019

Dice el gobierno de Maduro: «Componente Alimentario para Pueblos Originarios consiste en el suministro de alimentos a 338 comunidades indígenas, pertenecientes a 24 pueblos originarios. Se les proporciona la alimentación balanceada a 30.000 personas»

Esta afirmación es DUDOSA.

Este plan de alimentación para las comunidades indígenas es totalmente desconocido. No se identifican cuáles son las 338 comunidades indígenas que lo reciben, ni se indica qué organismo lleva el registro y atención de estas personas.

Dice el gobierno de Maduro: “(Bachelet) pudo constatar la amplia disponibilidad de alimentos durante su visita a DOS establecimientos en Venezuela”.

Esta afirmación es CARA ‘E TABLA.

Dos establecimientos de comida no es siquiera una muestra representativa para un país de más de 25 millones de habitantes en 24 estados. Además, la caída del poder adquisitivo convirtió a los expendios de alimentos en una especie de museos, surtidos pero de productos incomprables para la mayoría de la población. De igual forma Fedeagro alerta que Venezuela puede afrontar escasez de 90% en 2019.

Dice el gobierno de Maduro: «En el párrafo 30, el informe acusa el Gobierno venezolano de desarrollar una política de represión y persecución de la disidencia. Este señalamiento resulta falso».

FALSO es el señalamiento que hace el gobierno.

Solo la represión de la PNB, GN y Sebin en el mes de febrero dejó 7 asesinados, 107 detenidos y 58 heridos de bala. Esto como consecuencia del bloqueo al ingreso de los camiones con ayuda humanitaria, de acuerdo con la ONG Foro Penal.

Dice el gobierno de Maduro: «El Gobierno informó que hasta la fecha, existen 44 personas privadas de libertad por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, en el contexto de las manifestaciones ocurridas entre 2017 y 2019. Existen 33 órdenes de aprehensión emitidas por esto«.

Esta afirmación es DUDOSA.

El Ministerio Público no publica información oficial desde el año 2016 y estas cifras eran desconocidas para la población. Igualmente, las cifras parciales ofrecidas recientemente por el fiscal Tarek William Saab tampoco coinciden con las que el gobierno le entregó a Bachelet.

“Desde agosto de 2017 hasta mayo de 2019 hemos presentado 6.709 actos conclusivos en materia de investigación”, señaló el fiscal. Pero el 11 de junio, Saab dijo que en los primeros cinco meses de 2019 el Ministerio Público había presentando 3.820 casos.

Esto significa que entre enero y mayo de 2019 se habrían realizado casi la mitad de las acusaciones que ha hecho el MP desde que Tarek William Saab está al mando (2017).

Dice el gobierno de Maduro: «9 funcionarios fallecieron y otros 1.263 resultaron lesionados entre los años 2017 y 2019, como consecuencia de la violencia ejercida por el sector opositor durante manifestaciones públicas».

Esta afirmación es CARA ‘E TABLA.

El Gobierno hace referencia a 9 funcionarios asesinados en manifestaciones; pero no menciona a los 148 civiles que también resultaron muertos solo en las protestas del año 2017, para un total de 157 asesinados en estas manifestaciones.

Dice el gobierno de Maduro: «2016 cerró con 17.407 homicidios (56 por cada 100 mil habitantes), 2017 con 14.665 homicidios (47 por cada 100 mil habitantes) y 2018 con 10.598 homicidios (33 por cada 100 mil habitantes). Existe una marcada tendencia descendente en este importante indicador».

Esta afirmación es DUDOSA.

Estas cifras relacionadas con seguridad también forman parte de la opacidad oficial. El origen de estas estadísticas es desconocido para el país. Estimaciones del Observatorio Venezolano de Violencia señalan que los números son mayores: En 2016 contabilizaron 28.479 muertes violentas, 26.616 en 2017 y 14.736 asesinatos de jóvenes en 2018.

Además, según el Estudio Mundial sobre el Homicidio de 2019, publicado por Naciones Unidas, Venezuela registró en casi 57 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes.

Desde 2005, el ministerio de Interior y Justicia no ofrece cifras oficiales sobre homicidios. Cuando algún ministro revela datos son parciales o sin estar desagregados.

Pablo Fernández, secretario ejecutivo del Consejo General de Policía, dijo al cierre de 2018 que el año anterior la tasa de homicidios fue de 47 por cada cien mil habitantes. Y añadió que en 2018 fue de 33 por cada 100 mil. Los datos no coinciden con las afirmaciones hechas a la oficina de Bachelet.

Dice el gobierno de Maduro: «Las medidas asumidas por el gobierno impactan positivamente sobre el poder adquisitivo del pueblo venezolano”.

Esta afirmación es CARA ‘E TABLA.

Pese a que se han hecho más de 40 ajustes salariales, el ingreso mínimo legal cayó 85% entre 2006 y marzo de 2019 debido a la inflación.

Dice el gobierno de Maduro: “El subsidio general a los costos de los servicios públicos (agua, electricidad, gas doméstico, transporte e internet) favorecen el poder adquisitivo del pueblo venezolano”.

Esta afirmación es un SÍ, PERO NO.

Ese subsidio condenó a la población a sufrir el colapso de todos los servicios públicos, lo que ha recrudecido la emergencia humanitaria compleja que padecen los venezolanos.

Dice el gobierno de Maduro: “Las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por Estados Unidos contra el país impactan en la situación del derecho a un nivel de vida adecuado en Venezuela”.

Esta afirmación es un SÍ, PERO NO.

El colapso es previo a las medidas de Donald Trump, aunque las sanciones impuestas a partir de agosto de 2017, y particularmente las de 2019, reforzaron la crisis. La contracción económica venezolana comenzó al menos en 2013 y la inflación se abultó grandemente a partir de 2014. En 2018, la pobreza afectó a 94% de los hogares.

Dice el gobierno de Maduro: “Como consecuencia de la caída del precio del petróleo, los ingresos de la República disminuyeron de 43.690 millones de dólares en 2013 (…) a 5.198 millones de dólares en 2017”.

Esta afirmación es un SÍ, PERO NO.

La caída de los ingresos de origen petrolero se debe principalmente al desplome de la producción de crudo de 42,50% (1,20 millones de barriles diarios) entre 2012 y 2017. ¿Qué ingresos va a percibir el país si no tiene qué vender?