Tarifazo digital: el nuevo rostro del postotalitarismo cubano, por Raudiel Peña Barrios
Un régimen político es un sistema duradero y coherente, una estructura de reglas y normas formales e informales, que regulan las relaciones entre los gobernantes y los gobernados en una jurisdicción dada, normalmente un Estado soberano reconocido. Para su estudio se utilizan cuatro dimensiones analíticas: liderazgo, pluralismo, movilización e ideología.
Además, para analizar regímenes como el cubano, totalitario y de inspiración soviética en sus orígenes, se emplea el concepto de cambios no transicionales. Se los cataloga así porque persevera el monopolio del Partido Comunista de Cuba (PCC). Por ello, no es posible argumentar la existencia de una transición democrática mientras este partido controle el régimen e impida el pluralismo político, con independencia de que se registren transformaciones económicas y sociales.
El pluralismo se define como la capacidad de autonomía y de competencia de la sociedad, de la economía y de la política en un Estado. En el totalitarismo, el monopolio del poder anula, tanto de hecho como de derecho, la autonomía económica, social y política por completo, mientras que en su fase postotalitaria se aprecia cierto grado de pluralismo económico y social que es insuficiente para establecer la presencia de competencia política. El último ámbito sobre el cual desapareció el control totalitario en Cuba fue el informativo, debido a la expansión del acceso a internet mediante datos móviles.
A partir de diciembre de 2018, las autoridades cubanas comenzaron a perder el monopolio de la información consumida por los ciudadanos y se generaron espacios independientes del control estatal que incluyen desde medios de prensa hasta grupos de personas que interactúan mediante las redes sociales y sistemas de mensajería. Desde entonces ha crecido esa manifestación de pluralismo social como parte de una cultura paralela, a pesar de lo costoso del acceso a internet, la mala calidad de la conexión, la censura y la represión de las autoridades, que han restringido pero no han logrado desconectar a los ciudadanos, en particular a los más jóvenes. Los espacios de socialización generados mediante el acceso a internet se han reprimido por el gobierno, incluso mediante la desconexión completa del país, como ocurrió después de las manifestaciones de julio de 2021.
No obstante, las personas emplean internet cotidianamente. De ahí que el «tarifazo» implementado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba Sociedad Anónima (Etecsa) constituya un ataque directo a esas formas de pluralismo social surgido por la expansión de internet y en las que se involucran los jóvenes universitarios cubanos.
El primer aspecto a considerar es que el aumento y la dolarización de las tarifas de Etecsa no es una medida corporativa, sino política, y que anunció el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en 2024. Tampoco es solo una acción de tipo económica, porque es interpretable como parte de una estrategia política para al menos restaurar algo de control totalitario sobre uno de los pocos espacios donde las autoridades perdieron el poder absoluto: el acceso a internet y a la información.
El «tarifazo» impone ahora un retroceso profundo. Los precios dolarizados y los salarios en moneda nacional condenan a gran parte de la población, en especial a los jóvenes sin acceso a remesas, a la desconexión o al silencio. Pero lo más preocupante no es solo el costo, sino el objetivo político que subyace a la medida: vaciar de contenido crítico el espacio digital mediante la exclusión económica. Este mecanismo encaja perfectamente en una lógica que es posible denominar postotalitarismo con efectos neoliberales, el cual se impone mediante una fórmula que combina control político total con exclusión social por vía del mercado. Quien no pague en dólares no accede a internet. No se trata de restringir el acceso a un lujo, sino a un espacio que permite la realización de derechos con la menor intermediación estatal posible.
Además, el «tarifazo» se integra en un proceso más amplio de dolarización de la economía cubana, donde bienes y servicios esenciales solo están disponibles en divisas extranjeras, combinado con recortes presupuestarios en áreas socialmente sensibles, la eliminación de subsidios y el aumento de precios en productos y servicios de primera necesidad. Este modelo fragmenta la ciudadanía entre quienes tienen acceso a dólares u otras monedas extranjeras, ya sea por la vía de las remesas, los negocios privados o los vínculos con personas residentes en el exterior, y quienes solo disponen de moneda nacional. La igualdad social, si alguna vez existió como horizonte del modelo cubano, se ha descartado sin pudor alguno en la medida que se ha consolidado el régimen postotalitario.
Otro de los efectos más interesantes y al mismo tiempo reveladores del «tarifazo» es el malestar que generó en sectores donde antes solo se practicó, al menos públicamente, la obediencia a la verticalidad propia de las organizaciones subordinadas al PCC. La Federación Estudiantil Universitaria (FEU), una de las tradicionales «poleas de transmisión» del partido único para la legitimación del régimen y la movilización de sus partidarios, mostró por primera vez en mucho tiempo fisuras internas. Mientras la dirección nacional de la organización mantuvo su lealtad a la postura y discurso oficiales, varias direcciones de base expresaron su desacuerdo. Incluso se solicitó la renuncia del presidente nacional de la FEU. Los estudiantes llamaron a un paro, crearon espacios de discusión, hicieron declaraciones públicas en las redes sociales y, sobre todo, dejaron claro que la exclusión del espacio digital viola sus derechos por la vía de la discriminación económica.
*Lea también: Hacia una sociedad premoderna, por Roberto Patiño
Estas contradicciones internas evidencian una realidad que desde el poder se intenta negar: la sociedad cubana ya no encaja en los moldes verticales del totalitarismo clásico. El pluralismo social, por limitado y reprimido que sea, penetró las grietas del régimen político. Aunque no se permite el pluralismo político propio de una democracia, internet permitió que muchas personas desarrollaran una conciencia crítica sin partidos u organizaciones autónomas bien estructuradas, pero con más claridad que nunca.
El «tarifazo» de Etecsa pretende cerrar ese espacio, pero ya es tarde. La brecha no es solo digital; es generacional, política y simbólica.
Los jóvenes que cuestionaron las tarifas, denunciaron las incoherencias del sistema, emplazaron a las autoridades universitarias y padecieron la represión más o menos evidente del aparato de seguridad cubano mientras reclamaron como su derecho a acceder a internet, confirman la ilegitimidad del régimen político, incluso a lo interno de las organizaciones de masas e instituciones docentes. En definitiva, el «tarifazo» de Etecsa representa una política deliberada de exclusión para silenciar el pluralismo social que emplea internet como vía de expresión.
En un país donde el pluralismo político sigue prohibido, restringir el acceso a una esfera donde existe cierta diversidad de pensamiento revela no solo el miedo de la élite política, sino también la fragilidad de su poder. Sin embargo, como demostraron los estudiantes universitarios, incluso en condiciones adversas, las fisuras en el sistema de control no dejan de expandirse, y a veces esas pequeñas grietas anticipan los derrumbes más inesperados.
Raudiel F. Peña Barrios es coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana y Magíser en Derecho Constitucional por la misma universidad.
www.latinoamerica21.com, un medio plural comprometido con la divulgación de información crítica y veraz sobre América Latina.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.
