Tibisay, permite que el pueblo hable, por Xabier Coscojuela
Las rectoras tienen una gran responsabilidad en sus manos y vienen demostrando que no están a la altura de la misma. Por el bien de Venezuela, es necesario que rectifiquen. Es el llamado que les hacemos, porque las consecuencias sociales terminarán tocando a todos, incluyéndolas
Autor: Xabier Coscojuela
La crisis social que vive Venezuela no hace sino profundizarse. Si a principios de año los intentos de saqueo eran mucho más que los que se concretaban, hoy las cosas son al revés. Ocurren en todo el país, de norte a sur y de este a oeste, y en distintos sectores sociales. La falta de alimentos y productos básicos para la vida cotidiana no hace sino aumentar, poniendo de bulto el fracaso que representa la política que justifica el decreto de emergencia económica dictado por el Ejecutivo a principios de enero y ratificado dos meses después.
La escasez sigue también causando estragos entre las personas enfermas, pues los medicamentos que ellos requieren no aparecen. No hay precisión de cuántas personas han fallecido, tampoco se sabe la cantidad de personas cuyas dolencias se harán permanentes por no poder atenderse adecuadamente por carencias de medicinas y equipos adecuados. El Gobierno en lugar de tomar las medidas adecuadas para resolver el problema solo se presenta en foros internacionales para auto elogiarse por el sistema de salud con el que supuestamente se cuenta, como hizo esta semana la ministra Luisana Melo.
Estos hechos han conformado una mayoría de ciudadanos que manifiesta en diferentes sondeos de opinión su rechazo a la gestión del presidente Nicolás Maduro.
Los porcentajes varían, pero van desde un 65% hasta un 80% de personas que no tienen ninguna esperanza en que el actual jefe de Estado pueda revertir la situación en que vive el país. En otras naciones un rechazo semejante tendría que esperar para manifestarse al final del período gubernamental, pero en Venezuela la Constitución tiene un mecanismo para dirimir la situación antes. Mecanismo propuesto por quienes hoy detentan el poder y han pregonado durante todos estos años estar construyendo una democracia «participativa».
La Mesa de la Unidad Democrática está intentando poner a funcionar dicho mecanismo, pero se topó con el muro del Consejo Nacional Electoral, ente que debía facilitar la participación de los venezolanos, pero en el cual las rectoras que lo dirigen solo atienden a los intereses del cogollo gobernante que no quiere contarse en ningún escenario, conscientes como están del descrédito popular del que padecen.
Lo que dijimos en el pasado sobre la falta de credibilidad del árbitro ha quedado corroborado, otra vez, en este último mes y medio, cuando las rectoras del PSUV modificaron las reglas del juego que ellas mismas dictaron a conveniencia de su fracción política y, lo peor del asunto, es que piensan seguir haciéndolo. Si fuera un juego de fútbol y su equipo estuviera perdiendo, como de hecho lo está, alargarían el lapso del partido hasta el infinito.
En eso andan en la realidad. El proceso de verificar las firmas ya recogidas se prolongó muchos más días de lo que el reglamento establecía y para dar respuesta sobre el cumplimiento de este requisito se están tomando también más días de lo necesario. Lo que debía dirimirse en cinco días, ya acumula 40.
Al momento de escribir este editorial, las informaciones que del CNE emanan indican que pretenden establecer un período de arrepentimiento, algo que recuerda las prácticas más funestas del stalinismo, pero más grave aún pues aspiran a que sea masivo. Lo establecido es que quienes firmaron ratifiquen o no su decisión, lo que es una petición sobrevenida del PSUV con el objetivo de retrasar el proceso.
Las rectoras tienen una gran responsabilidad en sus manos y vienen demostrando que no están a la altura de la misma.
Son responsables directas del escalamiento del conflicto político que se pueda producir en el país. Nunca han cumplido cabalmente la Constitución y la ley que juraron respetar, pero hoy esa falta de probidad es mucho más grave.
Por el bien de Venezuela, es necesario que rectifiquen. Es el llamado que les hacemos, porque las consecuencias sociales terminarán tocando a todos, incluyéndolas.
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