«Todo depende de Maduro»: familias de colombianos detenidos esperan su liberación
Los colombianos detenidos y sus familiares apenas han podido comunicarse en dos oportunidades en poco más de un año, en llamadas de cinco minutos cada una. Tampoco han podido juramentar a un abogado privado, obtener acceso al expediente judicial o asistencia consular
Al menos 20 colombianos permanecen detenidos en Venezuela por razones políticas. Ese es el número que tienen familiares, pues ni Cancillería de Colombia o las autoridades venezolanas han dado un número preciso. Pero se aferran a la esperanza de que «pronto» se otorguen más liberaciones y puedan retornar a sus casas.
La administración de Nicolás Maduro ha apresado a decenas de extranjeros, especialmente luego de las elecciones presidenciales de 2024, bajo acusaciones de supuesto terrorismo y conspiración. Sin embargo, los colombianos detenidos y sus familiares apenas han podido comunicarse en dos oportunidades en poco más de un año, en llamadas de cinco minutos cada una. Tampoco han podido juramentar a un abogado privado, obtener acceso al expediente judicial o asistencia consular.
Organizaciones internacionales lo consideran detenciones arbitrarias. Los familiares lo llaman «secuestro». Así lo considera Doris Barajas, tía de Danner Gonzalo Barajas Luque. El trabajador de la construcción, de 23 años, fue detenido el 7 de noviembre de 2024 por la Guardia Nacional en la población de El Amparo, estado Apure, cuando iba a sellar la entrada al país. Venía a Venezuela a visitar de sorpresa a su mamá, pues ya tenía cinco años que no la veía.
«No volvimos a saber nada de él hasta después de cinco meses cuando le permitieron una llamada de unos cinco minuticos. Dijo que lo tenían retenido, preso en El Rodeo I», dice Doris.
En esas llamadas, Danner les ha dicho que está bien y pregunta por la familia. «Nos dice que se enteran cuando hacemos los plantones en Bogotá y Cucuta. No da mucha información de cómo está allá. Allá la información que le dejan es que diga que todo está bien, que lo tratan bien».

La madre de Barajas se movilizó hasta la cárcel de El Rodeo I para intentar ver a su hijo en varias oportunidades, pero se lo negaron. En una visita incluso le dijeron que no se acercara más porque ella iba a ser la próxima detenida. El pasado 24 de octubre, 18 colombianos que estaban detenidos en esa cárcel fueron liberados tras conversaciones entre las administraciones de Petro y Maduro. Algunos de los liberados comentaron a la familia que el joven está bien.
«Gracias a Dios nos dieron un mensaje alentador que el muchacho está bien, que a pesar de la situación tan deprimente como es allá, a pesar de eso se siente fuerte, se sentía bien. Incluso los compañeros pensaban que Danner iba a ser uno de ellos», comenta Doris.
La tía de Barajas insiste en que el joven es inocente al igual que los liberados. «No tienen antecedentes en ningún país, ni allá en Venezuela ni aquí en Colombia».
Al igual que otras familias, expresa su frustración por el poco avance en nuevas liberaciones. El 20 de noviembre tuvieron una reunión con el vicecanciller Mauricio Jaramillo, quien les indicó que continuaban las gestiones para, a través de la vía diplomática, lograr la libertad de todo el grupo.
«Nos dijeron que todo depende del presidente Maduro», señala Doris Barajas.
Sin embargo, la mujer ve como una buena señal el anuncio hecho por el cónsul de Colombia en Táchira, David Haddad Clavijo, el pasado 25 de noviembre, donde informó que aproximadamente unos 60 colombianos detenidos en cárceles del interior fueron trasladados a centros de reclusión en la frontera para que estén más cerca de sus familiares.
«Yo confío en Dios que mi Danner sea uno de ellos», afirma.
Colombianos detenidos desde hace años
Dentro del grupo de colombianos detenidos hay hombres como Brandon Josué Castaño Ocampo, de 28 años, que lleva años bajo arresto en Venezuela.
Castaño Ocampo fue detenido por funcionarios de seguridad el 29 de junio de 2019 en la localidad de Ureña, estado Táchira, mientras estaba de visita a su abuela. El joven fue acusado y condenado a seis años de prisión por terrorismo y vandalismo, tras ser señalado de ser un paramilitar. El 29 de junio de este año se cumplió su condena, pero hasta la fecha el tribunal de ejecución correspondiente no ha emitido la boleta de excarcelación.

Pasó por varios comandos policiales, la prisión de Yare y actualmente se encuentra detenido en la cárcel de El Rodeo II, estado Miranda. En este lugar se contagió de tuberculosis, que superó gracias al tratamiento que le suministraron.
Su madre no lo ha podido visitar en seis años y medio por temor a la situación. Las hijas de Brandon, de nueve y siete años, tampoco lo han visto en todo ese tiempo. Su hija menor no lo conoce, pues cuando lo capturaron apenas tenía tres meses de edad.
En medio de las comunicaciones del Consulado a diversas familias de detenidos, a la familia de Brandon Castaño le informaron que no va a ser incluido en las liberaciones, por los momentos, porque su boleta de excarcelación no ha sido debidamente entregada en la prisión. El joven comentó que planea una huelga de hambre para presionar por su libertad.
Nuevas protestas
La tía de Danner Barajas señala que en la última reunión llegaron a un acuerdo con el vicecanciller Mauricio Jaramillo. El trato consiste en que esperarían hasta el 29 de noviembre por nuevas liberaciones. De lo contrario, tienen planteado hacer nuevos plantones en el puente binacional Simón Bolívar, que une a las poblaciones de Cúcuta y San Antonio del Táchira.
«Si no hay liberaciones pronto, vamos a volver a cerrar porque hemos visto que lo único que da resultados realmente es el bloqueo del puente internacional, porque ya ni con las entidades del Gobierno da resultados», asegura Barajas.
Vicky Latorre también ratificó que están dispuestos a nuevos plantones hasta que se concreten más excarcelaciones. «Todo sigue igual. Desde el cierre en Villa del Rosario no han avanzado nada, el gobierno está en silencio», afirma.
Latorre es esposa de Martín Emilio Rincón, un palmicultor y padre de familia que fue «secuestrado por el Gobierno de Venezuela» desde el 30 de septiembre de 2024 cuando fue arrestado en Guasdualito, estado Apure, «solo por ser colombiano» tras haber ingresado legalmente al país.
Al igual que la familia Barajas, apenas ha podido comunicarse durante cinco minutos, momento en el que Rincón pregunta «cómo estamos la familia, y dice que está bien, pero no pueden hablar nada de allá porque si no les cortan la llamada».
Latorre también contrató abogados particulares, pero «ni a ellos les dicen nada». Además se han interpuesto cinco amparos constitucionales ante tribunales venezolanos pero no han sido respondidos. Según ha podido conocer, a su esposo lo acusaron de traición a la patria «pero cómo lo acusan de eso si es colombiano».
En el caso de Carlos Alberto Cañas, un comerciante de 56 años, fue señalado de terrorista pero «no existe una carpeta abierta que nosotros sepamos. La Cancillería la ha pedido, la ONU la pidió pero nunca se les ha mostrado cuál es el proceso. De hecho la ONU, en junio, sacó un documento donde señala que son detenciones arbitrarias por eso, porque no existía un proceso abierto que ellos puedan revisar», señala Jorge Cañas, uno de sus cinco hermanos.
El comerciante fue detenido en Guasdualito, tras haber sellado su pasaporte como lo hacía normalmente cuando ingresaba al país por cuestiones de trabajo. «Estuvo en condición de desaparecido por cinco meses, hasta que pudimos tener razón de él a través de otras personas extranjeras que fueron liberadas y que nos dijeron que se encontraba en la cárcel de El Rodeo I».
Desde entonces solo han podido comunicarse el pasado 15 de mayo y hace 45 días. «Siempre nos cuentan que el director lo tienen al lado y solo hablan de cosas de la familia».
La familia Cañas se ha visto afectada por la prisión de lo que consideran un «líder nato». «Para nuestra familia han sido muy graves los hechos porque él estaba pendiente de todo, de las cosas de nuestro papá, es muy proveedor. Hemos sentido su ausencia».
Incluso el hijo de Carlos, quien estudiaba primer semestre de la universidad, pausó sus estudios por la situación.
Por lo momentos, esperan información de las autoridades colombianas. «En la cumbre de la Celac se trató el tema directamente… La información de Cancillería y Embajada es que han estado en conversaciones, pero no nos dicen más».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.




