Trabajadores piden al Ministerio Público que revise caso del sindicalista Rubén González
El secretario de Fetrasalud aseguró que Rubén González pudo ser liberado por la mesa de diálogo entre el régimen y los partidos minoritarios de oposición, pero «cada preso tiene su dueño»
El secretario de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, solicitó al fiscal Tarek William Saab, a que se pronuncie sobre la detención del sindicalista Rubén González y exigió su pronta liberación.
“La Constitución prohíbe que un civil sea juzgado en tribunales militares (…) solicitamos el pronunciamiento del Consejo Moral Republicano que nos diga si es constitucional esto”, dijo Zambrano frente a la sede del Ministerio Público.
Diversos gremios apoyaron la solicitud en solidaridad con González, quien fue detenido el 29 de noviembre de 2018 cuando regresaba al estado Bolívar, después de participar en una marcha en Caracas en contra de las violaciones de la contratación colectiva.
*Lea también: Al menos 150 sindicalistas han sido sometidos a juicios penales desde 1999
Los sindicalistas rechazaron que el régimen de Nicolás Maduro detenga a dirigentes por protestar para exigir derechos laborales, e hicieron un llamado a todas las dirigencias de Venezuela para exigir la liberación de su compañero.
El secretario de Fetrasalud aseguró que Rubén González pudo ser liberado por la mesa de diálogo entre el régimen y los partidos minoritarios de oposición, pero “cada preso tiene su dueño. Y el dueño de Rubén son los militares”.
Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco, fue presentando en tribunales militares de Monagas el año pasado y acusado por los supuestos delitos de ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional.
Este año fue condenado a cinco años y nueve meses de cárcel. El tribunal militar ordenó como sitio de reclusión la penitenciaria de La Pica, en el estado Monagas.
Un informe sobre la situación de los derechos laborales en Venezuela, hecho por la ONG Provea, señala que desde 1999, año cuando Chávez asumió el poder, aproximadamente 150 sindicalistas han sido sometidos a juicios penales.
Algunos de esos sindicalistas fueron juzgados en libertad, pero bajo régimen de presentación periódica, y que varios de ellos llevan más de siete años presentándose ante tribunales.
