Trabajadores públicos marcharon con la oposición pese a amenazas de despido
La dirigente sindical Marlene Sifontes denunció que el día previo a la movilización del #23Ene, directores de Inparques informaron la obligatoria la asistencia a la marcha del gobierno
Autor: Carlos Seijas Meneses
Perdieron el miedo. Aunque presionados desde sus diferentes puestos de trabajo para que acudieran a la marcha convocado por el gobierno en apoyo a Nicolás Maduro, no fueron pocos los empelados públicos que decidieron hacer caso omiso a las amenazas y no solo desobedecieron las órdenes de sus superiores, sino que asistieron a la concentración opositora para exigir un cambio de gobierno.
Dirigentes sindicales denunciaron que funcionarios de organismos del Estado volvieron a amenazar a trabajadores de la administración pública para que asistieran a la marcha del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el 23 de enero.
Marlene Sifontes, secretaria de organización del Sindicato Unitario Nacional de Empleados del Instituto Nacional de Parques (Sunep-Inparques), denunció que el día previo a las movilizaciones, directores se reunieron con el personal en la sede principal de Inparques para decirles que era obligatoria la asistencia a la marcha “en apoyo a Nicolás Maduro”.
A su juicio, lo que hicieron fue un “abuso de poder” y una violación a lo establecido en el artículo 70 de la Constitución, el cual señala que “todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos”.
Informó que los directores del ente público les dijeron a los trabajadores que cuando ingresaron a la institución “lo hicieron con un paquete que incluye asistir a las marchas”. La dirigente aseguró que pese a eso, el miércoles 23 de enero los empleados públicos “ejercieron sus derechos constitucionales” y demostraron “que tienen dignidad”
“Esto prevaleció sobre las amenazas que les hicieron. Ejercer un derecho tuvo más peso que el hecho de que sorpresivamente en muchas instituciones públicas adelantaran la quincena del 30 de enero al día 22”, dijo. Indicó que para el que gana salario mínimo, fueron solo 8.000 bolívares soberanos que no alcanzan ni para un cartón de huevos, que ya cuesta 10.000 bolívares. “Muchos trabajadores ya no tienen prestaciones y van al organismo solo porque tienen el hábito de trabajar, no porque el salario les dé calidad de vida”, añadió.
Mauro Zambrano, dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas y también militante del partido Primero Justicia, afirmó: “Al coaccionar a los empleados públicos para que vayan a la marcha evidencian su fracaso, los obligan porque ya no tienen gente”.
Denunció que en la Cancillería, el tren ministerial y en el Metro de Caracas amenazan principalmente a los trabajadores contratados. “Los amenazaron con que les iban a quitar los contratos si no marchaban. Es una realidad que se ha denunciado y siguen haciéndolo”.
Zambrano señaló que algunos trabajadores sí se vieron obligados a ir a la marcha de Maduro, pero por otro lado, muchos de los que son fijos asistieron a la multitudinaria concentración de la oposición. “Vi a muchísimos empleados de distintos sectores. Llamo a los trabajadores a que no pierdan la esperanza, hay que seguir para lograr rescatar no solo la libertad, sino también condiciones dignas de trabajo y un empleo de calidad que actualmente no lo tenemos”, añadió.
Los dirigentes sindicales también dijeron “presente” el 23 de enero y marcharon por “la libertad de Venezuela”. Zambrano dijo que fue una decisión que tomó el movimiento sindical dado la crisis que viven.
“Nicolás Maduro no reconoce a la clase trabajadora, y eso se nota al desconocer las contrataciones colectivas. El 23 de enero asumimos la responsabilidad de ir por el gran descontento que hay. En ese día todo el pueblo venezolano nos unimos para seguir luchando por nuestros derechos constitucionales y salariales que actualmente nos vulneran”.
Degraín Marichales, delegado del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, afirmó que la concentración convocada en Guayana fue un éxito. “Los trabajadores de empresas básicas estuvimos presentes en el cabildo abierto que se hizo en la plaza Chipia, y en otras zonas, como en El Callao y en Tumeremo, marcharon”.
Desde hace más de cuatro meses, empleados públicos han exigido el respeto a las contrataciones colectivas y los beneficios laborales que, denuncian, fueron eliminados con el incremento salarial de 5.900% que decretó Nicolás Maduro el 17 de agosto; y que se cumpla con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, según el cual “todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.
