Tragalotodo, por Teodoro Petkoff
La reforma constitucional perseguía crear un nuevo marco jurídico-institucional en el país, dentro del cual hacer avanzar con menos obstáculos un conjunto de procesos cuyo objetivo era el de acentuar el control de la sociedad –ya no solo de los poderes públicos– por parte del autócrata militarista y autoritario que nos gobierna. El objetivo era –y sigue siendo– el de crear una sociedad totalitaria. Esos procesos los enunciábamos así: estatización progresiva del deporte; regimentación cultural; la educación al servicio de la ideologización chavista de los estudiantes; la anulación de las ONG defensoras de Derechos Humanos; la búsqueda de la hegemonía mediática; la transformación de la FAN en una institución de partido, pretoriana, fuertemente ideologizada a lo chavista y, por último, pero no por ello menos importante, la expansión del estatismo en el ámbito económico.
La derrota de la reforma no ha impedido al Gobierno tratar de promover varios de estos objetivos. En lo atinente a la economía, las nacionalizaciones de Cantv y Electricidad de Caracas, y las anunciadas de Sidor y las cementeras, forman parte del proyecto de expandir la esfera de influencia del Estado en la economía, lo cual dentro del contexto de un régimen autoritario y autocrático opera como una palanca adicional de control social y político.
Nuestro país posee una larga y dilatada experiencia en materia de capitalismo de Estado, es decir, de un Estado empresario, dueño de media Venezuela, desde el petróleo hasta hoteles y emisoras de radio. En un sentido, pues, pareciera que el Gobierno está procediendo según pautas tradicionales, al dar al Estado el rol primordial en la economía, en la cual, además de poseer el control de grandes empresas, interviene invasivamente en el ejercicio de todos los sectores de la economía privada, pero el propósito político es cualitativamente muy diferente: está asociado a una visión totalitaria.
Es obvio que las nacionalizaciones de ahora adquieren otro cariz cuando se las coloca dentro del marco de poderes públicos concentrados en manos del Presidente, sin separación de ellos, sin existencia de controles institucionales sobre el desempeño de las empresas. Es decir, las nacionalizaciones de hoy corresponden a un diseño supuestamente socialista, aunque en la forma repitan pautas tradicionales que nos son familiares.
Es aquí donde, más allá de este aspecto fundamental de lo que está ocurriendo, salta también la liebre de otra negativa tradición del capitalismo de Estado venezolano: su ineficiencia y corrupción.
Existen fundadas razones para temer que las empresas estatizadas, o reestatizadas, dentro de poco tiempo pasen a ser tan pobre y corruptamente administradas como lo fueron antes o como lo son las que nunca dejaron de ser estatales, tal el aluminio, sobreviviendo sólo gracias a la plata que les envía el fisco nacional. Pero, como dijera Rodolfo Sanz, ministro de las industrias básicas, Pdvsa se salva por la plata del petróleo, porque por más que la roben siempre queda algo.
