Tráiler, por Paulina Gamus
Twitter: @Paugamus
Tráiler, con acento en la A es un vocablo en desuso. No sé cuántos venezolanos menores de 50 años conocen el significado que le dábamos los cinéfilos de antaño. Eran esas breves reseñas promocionales de películas que se pasaban antes de la que íbamos a ver. Ahora creo que se llaman cortos. Quienes las veían, salían del cine con comentarios sobre la película que habían visto, los tráilers quedaban en el olvido.
Hay dos mecanismos que favorecen al régimen de Nicolás Maduro para sostenerse con absoluta confianza en su impunidad, uno es el miedo que usan mediante detenciones arbitrarias, con torturas y atropellos de toda índole. La justicia al servicio del Ejecutivo. Otra, la velocidad con que los venezolanos olvidamos los hechos más dolorosos, las arbitrariedades más indignantes, las injusticias más obscenas. El efecto tráiler.
Veamos por ejemplo el caso de los presos políticos que universalmente se suelen llamar «presos de conciencia», es decir personas que en uso de su derecho a la libre expresión se oponen a un régimen dictatorial. Aquí no es necesario que alguien haya expresado una palabra opositora para en algún momento ser acusado de traición a la patria, terrorismo, magnicidio frustrado y otros crímenes que el régimen ha incorporado a la justicia penal.
Hace cuatro años –el 4 de agosto de 2018– durante un desfile militar en la Avenida Bolívar– estallaron unos supuestos drones con la presunta intención de asesinar a Nicolás Maduro y su entorno más cercano. Era un desfile conmemorativo de la Guardia Nacional Bolivariana, y el video que se viralizó de los efectivos militares rompiendo la formación con evidente pánico, fue objeto de burlas en Twitter y otros medios. Según algunas informaciones no hubo tales drones sino el estallido de una bombona de gas en un edificio cercano y se mostraban los vidrios rotos de sus ventanas.
Pero como hoy es difícil distinguir las noticias reales de las falsas, vamos a admitir que fueron drones y que la intención fue el magnicidio. Lo extraño es que inmediatamente Maduro acusó al entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de haber sido el autor intelectual del atentado. Y con una rapidez que ni Scotland Yard, ni el FBI ni el Mosad hubiesen logrado, fueron detenidos los presuntos implicados en el hecho, uno de ellOs el diputado del partido Primero Justicia Juan Requesens.
Este 4 de agosto de 2022, seis días antes de la fecha en que escribo esta nota y en horas de la madrugada que es cuando la gente normal duerme y otros aprovechan para delinquir, una jueza (casi siempre son las dulces mujeres las que dictan esa clase de sentencias) condenó a penas hasta de 30 años de presidido, a los presuntos implicados en el presunto magnicidio frustrado quienes así pasaron de ser presuntos a ser culpables sin el beneficio de la duda.
Condenados caso dron
un juicio que los abogados defensores calificaron lleno de inconsistencias, irregularidades, torturas a los detenidos, violaciones al debido proceso y violencia contra sus derechos humanos, fueron procesados 17 civiles y 4 militares. Todos declarados culpables, algunos con pena máxima de 30 años de prisión. 30 años, tres 3 veces 10, seis veces 5, es decir la cuarta parte o, en algunos casos la mitad de la vida de un ser humano, encerrado en una cárcel como suelen ser las cárceles del país.
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La sentencia a la pena máxima la recibieron – no podría dejar de nombrarlos– Juan Carlos Monasterios, Argenis Valera, José Miguel Estrada, Oswaldo Castillo, Alberto Bracho, Brayan Oropeza, Henribert Rivas, Yolmer Escalona, Emirlendri Benítez, Yanin Pernía, Alejandro Pérez Gamez y Pedro Zambrano. A 24 años de encierro carcelario Angela Expósito, a 20 años José Eloy Rivas, a 16 Héctor Hernández Da Costa, a 8 el ex diputado Juan Requesens y a 5, Wilder Vásquez.
Las mujeres condenadas a la pena máxima de 30 años de presidio: Yanin Fabiana Pernía y Emirlendris Benítez Coronel y a 24 años Ángela Expósito, denunciaron por intermedio de sus familiares y abogados, violencia sexual y torturas. Emirlendris Benítez abortó en la cárcel.
A pesar de todas las denuncias de violación de sus derechos humanos, nunca supimos y me disculpo si soy injusta, que alguna organización feminista de las que solo protestan cuando no les cumplen sus derechos políticos, hubiese protestado por tales abusos y por condenas tan desproporcionadas e inhumanas.
Pocos días después del estupor y de la indignación que causaron esas sentencias en la opinión pública, la poca que queda en un país en que casi toda la prensa está silenciada; otra forma de atropello oficialista, el instructivo Conapre , hizo que el efecto tráiler pasara página con las condenas por el presunto magnicidio frustrado.
El país se ha llenado de protestas de sindicalistas y gremios de Educación que denuncian la violación de las convenciones colectivas vigentes, disminuye los montos de las bonificaciones y no toma en cuenta la antigüedad del personal. Según los reclamos el gobierno fijó rebajas salariales, recortó las primas e hizo cálculos errados al momento de determinar los pagos periódicos para el personal de los distintos sectores educativos.
Con su especial método de darles nombres casi poéticos a sus verdaderos propósitos, el gobierno denominó ese instructivo como «Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas». Voceros universitarios dicen que el instructivo también desapareció de un plumazo algunos conceptos de pago como las primas de titularidad, la de hijos con discapacidad y el bono vacacional.
Las reacciones contra el instructivo que afecta lo más necesario o vital para una gran parte de la población –los empleados públicos– no se disiparán tan rápidamente. Eso parece a pesar de que ya hay sindicalistas presos por las protestas. Ojalá logren que se revise aunque la intención pareciera provocar la renuncia de muchos de esos empleados y obreros y así reducir la nómina de la administración pública. Quizá en este caso no ocurra el fenómeno tráiler. Así esperamos.
No sé si calificar como tráiler, olvido o indiferencia frente a otras prioridades, la conducta general ante el encarcelamiento del periodista Roland Carreño desde octubre de 2020. De vez en cuando alguien escribe un tuit preguntando por su destino o qué hay de su vida. El motivo de su detención permanece en las tinieblas.
Un poco más conocida ha sido la prisión del capitán de navío Luis de la Sota quien cumplió en mayo 2022 cuatro años preso y sin juicio. En medio de su cruel situación ha tenido la suerte de tener una hermana, Molly De la Sota, quien no pasa un mes sin recordar e insistir en esa detención arbitraria con torturas, aislamiento, graves problemas de salud y violación de su derecho a la defensa. La misma situación, según Molly, padecen otros militares presos: Carlos Macsotay, Ruperto Molina, Juan Pablo Saavedra, Adrián de Gouveia, Antonio Julio Scola, Ricardo González, Gustavo Carrero, Abraham Suárez y Elías Noriega.
Y con la salvedad de que estoy olvidando a muchos otros privados de su libertad de manera injusta y víctimas de toda clase de maltratos, recuerdo a Javier Tarazona, profesor universitario, director de la organización de derechos humanos Fundaredes y expresidente del Colegio de Profesores de Venezuela seccional Táchira, detenido arbitrariamente el 2 de julio de 2021 después de solicitar que la Fiscalía General de la República investigara la relación del capitán de navío Ramon Rodríguez Chacín con jefes guerrilleros del ELN.
El Tribunal contra el Terrorismo le imputó los delitos de «instigación al odio, terrorismo y traición a la patria». Desde entonces permanece privado de su libertad a pesar de que se contagió con covid y padece enfermedades crónicas.
Sirva esta nota para expresar solidaridad a todos esos presos de (in) conciencia que son 110 civiles y 130 militares y recordarlos aunque sea mientras dure la lectura de la misma.
