Transparencia en Cuba y América Latina, por Raudiel F. Peña Barrios
Hace algunos días, la organización Transparencia Internacional (TI) publicó su más reciente escalafón del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que se corresponde con las mediciones realizadas durante el 2023. Los análisis de TI se centran en el fenómeno de la corrupción y en cómo este afecta al normal funcionamiento de las instituciones estatales. En el más reciente informe se presta especial atención al sistema judicial.
El IPC clasifica a 180 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, a partir de criterios obtenidos mediante diversas fuentes, incluidos expertos y empresarios. Se basa en 13 datos independientes y utiliza una escala de cero a 100, donde el primero de estos valores equivale a un país muy corrupto y el segundo a uno muy limpio.
Acorde con la información presentada por TI, más de dos tercios de los 180 países analizados obtuvieron una puntuación inferior a 50, lo que indica que tienen graves problemas de corrupción.
El promedio mundial se estancó en 43 puntos, mientras que la gran mayoría de los países no lograron avances o disminuyeron su estatus en la última década. De hecho, más de veinte países cayeron a sus puntuaciones más bajas desde que se emite el ranking.
Incluso el país mejor ubicado de América Latina, Uruguay, descendió respecto al 2022. Pero algo que también me parece destacable es que Cuba, el Estado con el régimen político más autocrático y cerrado de Latinoamérica, aparece en un nivel superior a algunas de las democracias de la región. Cuba se ubicó en el lugar 76 con 42 puntos, a pesar de descender en el escalafón general respecto al 2022.
No obstante, Colombia se sitúa en el lugar 87 con 40 puntos, Argentina en el 98 con 37, Brasil en el 104 con 36, República Dominicana en el 108 con 35 y Ecuador en el 115 con 34. Con base en este orden de cosas, es oportuno preguntarse qué criterios tuvo en cuenta la organización TI para valorar mejor a Cuba que a varias de las democracias latinoamericanas.
No obvio que es posible que estos últimos países presenten serios problemas de corrupción que afectan al sector público en general y al poder judicial en particular. Pero el IPC no capta algunos aspectos de la realidad para que la autocracia más longeva de América Latina y el Caribe, y la tercera más añeja de su tipo en el mundo –me refiero a estados con regímenes autocráticos de partido único, por lo cual Cuba solo es superada en perdurabilidad por China y Corea del Norte– tenga menos problemas de corrupción que estados democráticos. El análisis de la correspondencia entre algunos de los criterios expuestos por TI en su página web oficial y la realidad cubana es útil para demostrar mi punto.
Por ejemplo, TI menciona que existe una tendencia mundial al debilitamiento de los sistemas judiciales, lo cual reduce la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y, a su vez, permite que prospere la corrupción. Según la mencionada organización, tanto los líderes autoritarios como los democráticos socavan la justicia. Esto repercute en la impunidad de quienes cometen actos de corrupción y los estimula al eliminar las consecuencias para los delincuentes. Actos corruptos como el soborno y el abuso de poder se han infiltrado en instituciones judiciales de todo el mundo. Ello provoca que las personas vulnerables tengan un acceso restringido a la justicia, mientras que las élites económicas y políticas se apoderan de sistemas de justicia completos, a expensas del bien común.
A partir de esta afirmación, es posible sostener que en el contexto cubano existen deficiencias estructurales que condicionan la transparencia y rendición de cuentas de los órganos judiciales. En primer lugar, varios organismos internacionales adscriptos al sistema universal de protección de los derechos humanos han señalado al Estado cubano por la escasa independencia del poder judicial.
La elección de los jueces profesionales y legos del Tribunal Supremo Popular es una facultad de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), según lo pautado en el artículo 109 (inciso h) de la Constitución de 2019. Este órgano es ampliamente controlado por el Partido Comunista de Cuba (PCC), el único legal acorde con lo establecido en el artículo 5 constitucional. La inmensa mayoría de los 470 diputados de la ANPP son militantes de esa fuerza política, entre los que destacan los integrantes de la élite partidista. De ahí que la elección de los miembros de la máxima instancia del poder judicial está cooptada por quienes dirigen el PCC, un fenómeno que ocurre también a nivel local, lo cual permite que queden impunes los actos de corrupción de varios de sus funcionarios de más alto nivel.
Por otra parte, TI reconoce que la justicia y el estado de derecho efectivo son esenciales para prevenir y detener la corrupción tanto nivel nacional como internacional. Ambos son piedras angulares de la democracia y encarnan nociones de justicia y responsabilidad. La impunidad generada por la corrupción implica una situación de injusticia y de fracaso del estado de derecho. De igual forma, la mencionada organización reconoce que el autoritarismo en algunos países contribuye a esta tendencia, incluso en los países democráticos.
En estos contextos se han debilitado los mecanismos para controlar a los gobiernos. La socavación de los sistemas de justicia y las restricciones a las libertades cívicas se han implementado por estados con gobiernos de todo el espectro político. Por ello, de acuerdo con lo planteado por TI, los países con un estado de derecho sólido e instituciones democráticas que funcionan bien suelen tener mejor puntuación en el IPC. Los estados democráticos tienden a superar con creces a los regímenes autoritarios cuando se controla la corrupción.
Si TI reconoce que la democracia y el estado de derecho son claves en el combate contra la corrupción y que su incidencia en el IPC es tan importante, entonces ¿cómo es posible que Cuba tenga mejores guarismos que algunas democracias de América Latina, por muy débiles que sean? El cruce de los datos del IPC con los de otros índices confirma que algo está mal en el peso que tienen la democracia y el estado de derecho en la calificación del estado cubano. Así, los indicadores del proyecto Varieties of Democracy de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, demuestran que Cuba es una autocracia cerrada desde el 1972. Este resultado es confirmado también por los indicadores sobre libertad de Freedom House.
Por último, TI sostiene que en muchos países los perpetradores de grandes actos de corrupción a menudo se benefician de la impunidad por las deficiencias de los sistemas de administración de justicia. Las instituciones judiciales son susceptibles de ser capturadas por grupos políticos, económicos o de intereses especiales. En los casos más extremos, las redes de patrocinio y clientelismo utilizan su influencia para crear impunidad en beneficio de sus integrantes mediante la manipulación de los procesos legales.
En el contexto cubano, esto es muy común. A la comentada escasa independencia judicial se suma la estrecha colaboración de los tribunales con la fiscalía y los órganos del Ministerio del Interior (MININT), lo cual se demostró por un video publicado por un medio de la prensa independiente cubana. En el material se nota cómo esas instituciones coordinan la administración de justicia en Cuba, lo cual impide que se persiga adecuadamente los hechos de corrupción de la élite política.
Con base en estos elementos, me parece que es bastante claro que el IPC no capta la realidad de la corrupción en Cuba, un fenómeno complejizado en los últimos años por la expansión de la propiedad privada en un contexto de estricto control ejercido por una pequeña élite política. Esta tiene un poder discrecional absoluto sobre los negocios privados que se aprueban o no, tanto si se trata de capital nacional como extranjero. Tal orden de cosas debe valorarse como consustancial a la naturaleza del estado cubano, el cual no asume la transparencia y la rendición de cuentas como principios informadores de su organización y funcionamiento, al tiempo que rechaza la democracia como régimen político.
Raudiel F. Peña Barrios es coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana y Magíser en Derecho Constitucional por la misma universidad.
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