Exigen sancionar el nepotismo para frenar la corruptela en el país
La abogada Mildred Rojas (Transparencia Venezuela) destacó que la justicia transicional en Venezuela pasa por promover el gobierno abierto. Alí Daniels pide acabar con la designación de los jueces militares por el Ministerio de la Defensa
Los escenarios de la justicia transicional en Venezuela requieren del saneamiento del Estado, coinciden varios analistas. La abogada Mildred Rojas Guevara, coordinadora de estrategia jurídica de Transparencia Venezuela, dijo que «la situación actual del país es producto de la corrupción y esto obedece a un patrón claramente identificado en varios estudios y permitido desde el TSJ. Venezuela ocupa el último lugar de Latinoamérica en el Índice de Corrupción y, desde hace tres años, los ministerios no rinden cuentas sobre su gestión, lo que dificulta el control social».
Rojas Guevara sostuvo que Transparencia plantea que, en la justicia post- conflicto, el nepotismo sea tipificado como un delito para frenar los ilícitos con los fondos públicos. Otro aspecto esencial es promover el gobierno abierto, un sistema para la declaración de ingresos y reformar la Ley de Contrataciones Públicas que actualmente permite exclusiones por las que se desfalca el dinero del Estado.
«La gente no denuncia porque se siente vulnerado y eso dificulta la reparación de las víctimas», agregó Mildred Rojas Guevara durante el foro «Reflexiones y retos sobre la justicia venezolana post- conflicto», organizado por la Fundación Pro Bono Venezuela y realizado este viernes 30 de noviembre.
Por su parte, Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, propone que la justicia militar sea manejada por civiles y que se recupere la tutela del TSJ sobre los jueces castrenses.
«Actualmente no hay concursos de jueces militares que son designados por el Ministro de la Defensa, quien también nombra al presidente de la Corte Marcial. Esto es una violación flagrante a la Constitución y además trabajan muy poco. En 2013, 7 tribunales militares emitieron 48 sentencias y, en 2014, hubo 63 casos. No trabaja. No hace falta la justicia militar, no vale la pena. Hasta ahora solo se emplea para perseguir y violar los procedimientos penales, muchas veces publican las sentencias cuando ya se ha vencido el lapso para la apelación», indicó el abogado.
Daniels agregó que los cambios que se han hecho dentro de la FAN buscan reforzar la lealtad dentro de la institución.
Durante el foro, Arturo Matute, investigador de la Universidad del Valle de Guatemala, afirmó que en su país «cuando la gente entendió que le estaban robando su dinero salió a la calle, hubo un enojo por la corrupción». Indicó que en Guatemala los acuerdos de paz atendieron el conflicto social con un enfoque incluyente y, a medida que se fue democratizando el país, se evitó crear una justicia especial.
Matute explicó que los acuerdos pueden darse de la guerra a la paz, del el autoritarismo a la democracia y de la corrupción a la transparencia. En Guatemala la justicia post- conflicto comenzó luego de un proceso armado que generó cerca de 600 masacres y 600.000 muertes.
«En el combate de la corrupción, en el que todavía estamos inmersos, hubo reformas legislativas, un programa de protección de testigos, el uso legal del monitoreo telefónico, la reducción de penas para informantes; el fortalecimiento institucional y de las capacidades técnicas del Ministerio Público», indicó. En 2006, se creó en Guatemala la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) mediante mediante el acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno.
El periodista Isnardo Bravo propuso que en la justicia transicional se derogue la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y sea reformada la Ley de Concesiones.
