Transparencia y crisis en Venezuela, por Marta de la Vega

@martadelavegav

El 16 de noviembre de 2018 la organización Transparencia Venezuela presentó públicamente los resultados de una investigación iniciada en 2016 con aliados de Brasil, Argentina y México sobre la estructura empresarial del Estado, a fin de contribuir a la lucha contra la opacidad, la corrupción, la ineficiencia, las malas prácticas gerenciales y laborales, y para favorecer una gestión pública transparente en función de una mayor calidad de vida para la gente.

En la primera fase del estudio, en 2017, se identificaron 526 empresas estatales. En la segunda etapa, en 2018, fueron inventariadas 576 empresas del Estado (EPE), de las cuales al menos 441 fueron creadas o tomadas durante las gestiones de los presidentes Chávez y Maduro, mediante expropiaciones, confiscaciones, reestatizaciones o nacionalizaciones.

La aguda crisis que sufre el país no se debe solo a la incompetencia del sector productivo bajo la dirección del Estado sino sobre todo a prácticas perversas y corruptas por desvíos de dinero, créditos adicionales o apropiación indebida de los presupuestos asignados

Se hallaron rasgos comunes en las 160 empresas analizadas: falta de mantenimiento de las instalaciones, desintegración de los equipos gerenciales, predominio de la ideología y la lealtad a la parcialidad política dominante por encima del profesionalismo y la racionalidad económica, al igual que opacidad, aumento del gasto corriente, desinversión y ausencia de un sistema de control independiente. De ellas, 74,4% tienen denuncias públicas por corrupción y pésimo desempeño.

El foco del examen apuntó a 4 sectores claves: agroalimentario (42 empresas), hidrocarburos (35), servicios públicos (40) y minería y metalurgia (43), que impactan las condiciones cotidianas de la población. El coordinador fue Manuel (Illo) Sánchez, con los aportes de Rodrigo Agudo, Manuel Guevara, Norberto Bausson y Mónica Martiz respectivamente. Del conglomerado de empresas estatales se profundizó la observación en 21 casos, entre los cuales la empresa socialista Pedro Camejo, Agropatria, Agrofanb, Cantv, Corpoelec, Hidroven, Pdvsa, Pequiven, Sidor, Minerven y Ferrominera.

La aguda crisis que sufre el país no se debe solo a la incompetencia del sector productivo bajo la dirección del Estado sino sobre todo a prácticas perversas y corruptas por desvíos de dinero, créditos adicionales o apropiación indebida de los presupuestos asignados. Los mayores beneficiarios son los dirigentes del sistema, directores de las empresas y sus allegados, altos funcionarios del gobierno, así como asesores personales, ministros, gobernadores y alcaldes, que han acumulado enormes fortunas saqueadas del tesoro público convertido en botín.

El modelo de cleptocracia imperante, del griego cleptos, robo y cratos, poder, atraviesa la estructura de todas estas organizaciones, cuyo capital ha sido sometido al robo institucionalizado y a derivados de la corrupción como clientelismo político, nepotismo o peculado. Si en 2003 las empresas estatales se quedaban con el 1,1% del presupuesto ordinario de la nación, para 2015, fue el 8,6%. Sin embargo, pese a la enormidad del monto recibido que, con el cambio oficial preferencial ascendió a 500.000 millones de US $, solo 467 de las 576 empresas cuyo propietario absoluto es el Estado o tiene la mayoría accionaria, están operativas, con resultados negativos de desempeño en la mayoría de ellas, según demostraron los análisis.

Desde 2008 comenzó el declive de las empresas. Ha sido una década perdida. Las primeras evidencias de la crisis agroalimentaria aparecieron ese año, por el manejo desacertado de la economía, la inseguridad jurídica, el uso discrecional de los recursos y el control creciente del Estado sobre la agricultura y la agroindustria. La disminución de la producción de acero líquido coincidió con la expropiación de Sidor. También en 2008 se incrementó el déficit del servicio eléctrico y aumentaron las interrupciones de energía, así como las restricciones en el suministro de agua, incluso en la capital. La conclusión es desoladora: la ineficiencia, improvisación y desidia, el manejo delincuencial de los recursos y la militarización del poder económico han destruido la competitividad y llevado al colapso al sector productivo y de servicios públicos.