Tras 11 años en el poder, ¿puede Maduro saldar deudas con las que asume nueva gestión?
Nicolás Maduro se encargará del país por otros seis años y para este nuevo período viene con muchas tareas pendientes. La inestabilidad política y social interna, así como el poco reconocimiento internacional a su nueva gestión será un hueso duro de roer
Nicolás Maduro impulsó durante su campaña electoral para las presidenciales del pasado 28 de julio su programa de gobierno denominado «Las Siete Transformaciones», basado en diversos objetivos del oficialismo y del llamado socialismo bolivariano.
Entre las propuestas prioriza la soberanía nacional en materia de recursos naturales, ciencia, tecnología e ingresos. Aunque esos valores han estado presentes en otros de los programas de gobierno del chavismo en los 25 años que ha estado en el poder, muchos de ellos no los ha concretado: la población sigue siendo pobre en ingresos, la calidad de los servicios públicos empeoró, la nación se encuentra altamente endeudada, la producción petrolera no ha despegado, los ingresos siguen siendo un tercio de lo que fueron hace 12 años, se ha debilitado su política exterior, la salud y la educación continúan estancados, se retrocedió en materia de derechos humanos, no se ha protegido al ambiente y se observan pocos avances tecnológicos.
«El plan de las 7T es un plan que estoy desarrollando de manera armónica, simultanea (…) Estas 7T tienen que ser atendidas por el Estado, por el gobierno para garantizar el avance del país. Son siete líneas estratégicas. Entre 2025 a 2031 vamos a hacer una revolución liberadora», dijo el pasado viernes 10 de enero desde el salón Elíptico de la Asamblea Nacional.
Desde 2013 cuando asumió por primera vez la presidencia tras el fallecimiento de Hugo Chávez, su «padre político» como lo llama Maduro, éste prometió la inclusión de todos los sectores de la sociedad, la reducción de las desigualdades y la garantía de la protección social del pueblo. Hoy, cinco de cada diez venezolanos son pobres, según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi). El estudio señaló que casi 52% de los venezolanos están en condiciones de pobreza, pese a la existencia de planes sociales de transferencias de dinero y distribución de comida.
«El presidente obrero» como se califica Maduro mantiene el salario mínimo de los trabajadores y las pensiones en 130 bolívares desde mayo de 2022, cuando representaban 40 dólares, según la tasa de cambio oficial de ese período. Hoy, al dólar del Banco Central de Venezuela (BCV), el salario queda en 2,5 dólares. Aunque se empeña en hacer ajustes a los montos de los bonos que entrega a los beneficiados del sistema patria, éstos son insuficientes para cubrir la canasta básica alimentaria de $530 y para costear medicamentos.
«Un rasgo favorable de la apertura económica, y la eliminación de los controles, ha sido la mejora y los esquemas de distribución de alimentos en el país. Esto ha hecho que la percepción de seguridad alimentaria haya mejorado. Sin embargo, aún quedan focos territoriales y de estratos, los cuales alcanzan aproximadamente hasta a 1/3 del país, donde la inseguridad alimentaria moderada y severa sigue estando presente», recalcó Encovi.
Justamente la eliminación de severos controles a la economía y el permitir la devaluación de facto en el país, luego de las recomendaciones de los asesores ecuatorianos al gobierno de Maduro, hizo que la recesión se revirtiera y se acabara con la hiperinflación. No obstante, queda pendiente disminuir la devaluación del bolívar que en más de una década ha sido de 99%. Las políticas o medidas económicas adoptadas por las autoridades monetarias y financieras basada en la venta de divisas en las mesas de cambio de la banca pública y privada no han podido detener el avance del tipo de cambio oficial y paralelo. Hasta la fecha solo se ha logrado «quemar» las reservas del BCV que no llegan a recuperarse y subir a más de 10 mil millones de dólares.
Esta venta diaria de divisas en el mercado perdió su efectividad y por ello el BCV comenzó a aplicar minidevaluaciones diarias. De esta manera intentó cerrar la enorme brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, que es la referencia usada por los agentes económicos en sus operaciones diarias. «El BCV abandonó la fijación del tipo de cambio y está aplicando un régimen de minidevaluación, crawling peg, que consiste en devaluar diariamente buscando cerrar la brecha con el dólar paralelo», explicó en su momento el economista José Guerra, un exgerente del Banco Central. «Así, la tasa de inflación se va a acelerar y los salarios reales seguirán disminuyendo», agregó.
Para este 2025, la crisis institucional y política que parece no será resuelta en el corto y mediano plazo continuará afectando a la economía, por lo que queda la tarea pendiente para Maduro de bajar la incertidumbre y la inestabilidad.
«Es conocido que los periodos de alta incertidumbre y de crisis política severa, nunca son positivos para la actividad económica. Entre otros problemas, hacen que las empresas se protejan a sí mismas reduciendo su nivel de actividad o que los inversores sean reticentes a apostar por el país. La inestabilidad política ralentiza el crecimiento general de una nación», apuntó el economista Carlos Torrealba.
Añadió que si no se logra una solución negociada a la crisis política del país, con inclusión de todos los actores políticos, no hay posibilidad alguna de recuperar la economía, porque para que haya desarrollo económico y social se requiere que la economía crezca de manera sostenida a altas tasas y durante 10, 15 o 20 años seguidos. «La economía crecerá con un techo muy bajo, entre 2,5% y 4,5%, con alta inflación, una industria petrolera estancada o en declive, con dificultad para la generación de divisas y un sistema cambiario en proceso de colapso».
Para este nuevo año entonces habrá que esperar las medidas que permitan desarrollar la actividad económica y si se continuará de la mano con el sector privado al cual se le tendió puentes desde el Ejecutivo. De igual forma, a pesar de los acercamientos entre gremios privados y sector público poco se ha avanzado para responder a las solicitudes de modificaciones de leyes que han hecho los empresarios, entre ellos, la disminución de la tasa del impuesto a las divisas (IGTF), la eliminación o flexibilización de otros impuestos parafiscales para bajar la presión tributaria y la devolución de las empresas confiscadas, entre otras.
De la última propuesta del sector privado, de un plan para recuperar el sector eléctrico venezolano y en el cual el empresariado financiaría varios proyectos al permitirse su participación en el sector bajo un sistema mixto, aún no se ha dado respuesta.
Otra tarea pendiente y no menos importante, es la gigante deuda pública externa que en 2017 se dejó de pagar debido a la caída de los ingresos y posteriormente por la imposición de medidas por parte de Estados Unidos. No obstante, antes de ese período el ritmo de crecimiento del endeudamiento fue tan brutal que alcanzó la cifra de 162.000 millones de dólares.
«Este monto seguirá creciendo de manera exponencial ya que Venezuela tiene más de siete años que se declaró en default (impago) y los intereses sigue aumentando la deuda. El PIB per cápita de los venezolanos es de unos 3.600 dólares anuales y por concepto de deuda es de 5.600 dólares. Es decir, una persona que nazca en el país ya está endeudada», afirmó el economista Gustavo García al presentar el estudio «Saldar la deuda es salvar a Venezuela».
A juicio de García, para que Venezuela pueda solventar el tema de la deuda es necesario un programa con el Fondo Monetario Internacional. «Hay que poner en orden las cuentas fiscales del sector público. Debe haber un organismo con la credibilidad del FMI que pueda actuar como una especie de auditor de las cifras de la economía venezolana».
Para ello, la administración de Maduro deberá mostrar las cifras económicas al organismo o a otro ente financiero multilateral; esas que junto a toda la data del país no se presentan desde hace varios años. ¿Estará dispuesto en su nueva gestión a ser más transparente con la información pública?
«No creo que para 2025 cuando se prevé una situación de alta polarización política y sin posibilidad alguna de diálogo, así como descontento social, se quiera contar cómo está la situación del país, lo delicada de su situación. Eso sería confirmar que no se han hecho bien las cosas», afirmó un analista político que prefirió mantener su anonimato.
Derechos humanos
En relación a los derechos humanos, la administración de Maduro aún no ha tomado en cuenta las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales sobre la protección y asistencia legal a la población. En cambio se retrocedió en esta materia al vulnerar principalmente los derechos políticos y al realizar más de 18 mil detenciones políticas desde 2014, entre ellos, adolescentes y menores de edad, lo que se considera una situación inédita en el país y en la región. Según datos de la ONG Foro Penal todavía permanecen en cárceles de la policía política más de 2 mil ciudadanos por razones políticas.
Amnistía Internacional reflejó en un informe que el gobierno reconoció en 2023 un total de 455 casos de desaparición forzada registrados desde 2015, que en su mayoría no se habían resuelto. Y que persistía la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que seguían cometiendo las fuerzas de seguridad. Aunque la Fiscalía dijo que había investigado sobre estas actuaciones policiales, aún hoy es una tarea pendiente en muchos de los casos.
Agregó que la falta de servicios de salud y tratamientos médicos en los centros de detención ponen en peligro la vida de quienes se hallan bajo custodia. «Las condiciones de las prisiones y los centros de detención siguieron empeorando, especialmente el hacinamiento y la provisión insuficiente de comida y agua. La población reclusa dependía de que sus familiares les proporcionaran los recursos básicos para sobrevivir. Continuó la detención prolongada en las comisarías de policía y otros centros de detención ilegal», señaló Amnistía.
Otros temas son considerados un derecho humano y en este sentido, Maduro tiene la tarea de hacer volver a las clases a cientos de niños y adolescentes que no asisten por diversos problemas sociales y económicos. Según la organización de la sociedad civil HumVenezuela, 18% de la población infantil no asistió a la escuela en 2023 y al menos 44,8% no lo hizo de forma regular a causa de la infradotación económica y de personal de los centros escolares públicos y de los bajos sueldos del personal docente.
El profesorado del sistema escolar público seguía y continúa exigiendo mejores condiciones laborales. A finales de 2024, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, pidió a los docentes jubilados reincorporarse a los salones de clases debido a la escasez de profesores, pero muchos no atendieron el llamado al afirmar que los bajos salarios no son incentivo para volver.
La salud y la infraestructura sanitaria es quizás el área de mayor premura para atender en esta nueva gestión de Maduro. Según la última Encuesta Nacional de Hospitales, los centros asistenciales públicos cerraron 2024 con 37% de desabastecimiento. Los insumos que presentan mayor ausencia son la lencería, los analgésicos mayores y el material descartable, incluso en las emergencias. Mientras que 33% de los hospitales tienen listas de espera para cirugías que superan las 12 semanas y que en la mayoría no se realizan cirugías para tratar cáncer de mama por falta de insumos o quirófanos, por ejemplo.
Sociedades científicas, grupos médicos y ONG especializadas en temas de salud han expresado su preocupación y solicitado que se refuerce la vigilancia epidemiológica y se publique información de las patologías. Venezuela no publica datos de epidemiología desde 2016. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha señalado en informes pasados el regreso en Venezuela de enfermedades ya erradicadas como la fiebre amarilla. Especialistas y representantes del gremio de la salud señalan que el hecho de que hayan reaparecido enfermedades que no se registraban desde el siglo pasado, es producto de la falta de políticas públicas adecuadas en el sistema sanitario.
Por otra parte, la mejora de los salarios de los trabajadores sanitarios y de los médicos del sistema público es una tarea incumplida desde hace muchos años.
En materia ambiental Venezuela no ha firmado ni ratificado el Acuerdo de Escazú, y la pretensión del gobierno de aumentar la producción de petróleo contradice sus compromisos internacionales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras desde la propia empresa estatal Pdvsa aún ocurren derrames constantes desde su infraestructura y; se ventea al ambiente millones de gas ubicándose entre los primeros países con altas emisiones de CO2. Con ello, todo parece indicar que no se cuenta con planes específicos para evitarlos.
«No solo es que no han ejecutado planes o programas para minimizar los efectos de la industria petrolera en el ambiente, porque sabemos que toda empresa de este tipo es contaminante; pero tampoco han resarcido a la población afectada por los derrames o aquellos que se han enfermado por los efectos de los mechurrios en Monagas, por ejemplo. Esta ha sido una de las más grandes fallas de su gestión, la desatención de la gente», dijo un representante de una ONG ambiental que prefirió mantener su nombre en reserva.
Geopolítica
En política exterior, la administración de Maduro apostaba por fortalecer alianzas estratégicas con países «amigos» de Venezuela al ingresar al grupo económico de países emergentes BRICS integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero en octubre de 2024, el país no fue incluido en la lista de nuevas naciones socias al bloque.
Hasta la fecha, los «países amigos» continúan siendo China, Rusia, Irán, Turquía y en la región, Nicaragua, Honduras y varias islas del Caribe. «Estas relaciones más que permanecer activas por razones ideológicas, se mantienen por el negocio petrolero (…) Maduro tendrá que lidiar con el mayor aislamiento internacional que se prevé», apuntó un internacionalista que no quiso ser identificado.
Queda la tarea de recuperar las relaciones diplomáticas con las cuales Venezuela rompió relaciones, mientras que toca dar vida a aquellos grupos de bloques comerciales que Hugo Chávez creó y que fenecieron durante las gestiones de Maduro.
El plan de gestión de Maduro de las 7T contempla fortalecer los lazos con los países latinoamericanos y del Caribe. Sin embargo, cada día se queda más solo en este acompañamiento diplomático y comercial debido al no reconocimiento a su tercer período de gestión, por parte de varios gobiernos de la región. Mientras que otros apoyan a Guyana en la diatriba por el Esequibo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
