Traslados arbitrarios: otra forma de represión contra presos políticos y sus familias
Entre 50 y 60 traslados arbitrarios registran Justicia, Encuentro y Perdón y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos durante 2025. Las organizaciones advierten que esta medida responde a un “recrudecimiento de las restricciones y tratos crueles” hacia los presos políticos y sus familias
“Un nuevo patrón” de represión contra los presos políticos y sus familiares. Así identifican algunas organizaciones de derechos humanos los traslados arbitrarios que se han registrado en las últimas semanas, y que han incluido a detenidos emblemáticos como los hermanos Rolando, Otoniel y Juan Guevara.
Desde agosto hasta la fecha, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha tenido conocimiento de aproximadamente 50 traslados arbitrarios de presos políticos. Algunos fueron enviados a El Rodeo I, una cárcel de máxima seguridad, al Fuerte Guaicaipuro y al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), según informaciones extraoficiales, aunque en ninguno de esos penales se han reconocido los traslados.
La mayoría de las personas trasladadas se encontraba en el Sebin Helicoide, además de presos políticos en cárceles de Miranda, Carabobo y Lara.
“En la actualidad hay un recrudecimiento de las restricciones y tratos crueles a los presos políticos y sus familias, por el nivel de tensión política en el país. Ciertamente en esta oportunidad, (los traslados) no es netamente por nuestro legítimo reclamo de que sean tratados con respeto y con dignidad”, comentan desde el Comité.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón, que ha documentado alrededor de 60 traslados arbitrarios durante 2025, coincide en que “cada vez más se va agudizando la represión contra los presos políticos. La situación empeora progresivamente (…) Cada vez es más gravosa la situación contra esas personas y sus familiares. En lugar de ver que se garantice de forma mínima el derecho a la comunicación o la visita, es todo lo contrario”.
Desde la oenegé señalan que junto a los traslados arbitrarios de presos se configura también una desaparición forzada, debido al desconocimiento sobre el paradero de la persona y la negativa de las autoridades correspondientes a informar sobre ello.
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Rolando, Otoniel y Juan Guevara enfrentan penas entre los 27 y 30 años de prisión por el asesinato del fiscal Danilo Anderson. Desde hace 38 días la abogada Jackeline Sandoval, directora de Fundepro y esposa de Rolando, ha solicitado información sobre el paradero de los hermanos.
Extraoficialmente, se informó que fueron llevados a El Rodeo I, una cárcel de máxima seguridad en el estado Miranda y que ha sido señalado como centro de torturas. “Desde que supimos hemos ido semanalmente al Rodeo a preguntar porque hemos tenido diversas informaciones que están ahí (…) Ya hemos tenido respuestas de los organismos internacionales y el Estado venezolano, silencio absoluto”, comenta Sandoval.
Las autoridades de El Rodeo I no la han recibido. La abogada ha entregado escritos ante el tribunal de la causa y el Ministerio de Servicio Penitenciario, “únicos entes que pueden autorizar su traslado”, sin respuesta alguna.
También se hizo la denuncia ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde existe causa pendiente.
Justamente, la Corte IDH otorgó a los Guevara medidas provisionales el pasado 3 de septiembre y solicitó al Estado venezolano que informe inmediatamente sobre su paradero, además de garantizar el contacto con su familia y abogados de confianza, se les proporcione acceso a una alimentación adecuada, servicios de salud físicos y mentales, así como la entrega de los medicamentos que requieren debido a enfermedades crónicas.
Traslados arbitrarios, hermanados con desapariciones
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón puntualiza que las desapariciones forzadas han aumentado de forma escandalosa desde el aumento de la represión política en 2024 por el contexto electoral y la crisis venezolana.
Solo después de las elecciones presidenciales, cuyos resultados son disputados por un sector opositor, se registraron poco más de 2.200 detenidos, según dijo la Fiscalía General. La mayoría de estas personas pasaron por una desaparición forzada de corta duración antes de su presentación en un tribunal, además de un “periodo de adaptación”, como las autoridades han denominado al aislamiento de los presos políticos.
Dicho aislamiento, que también se configura luego de traslados arbitrarios, puede alcanzar los 45 días o meses. Esa es la situación de Freddy Superlano y Roland Carreño, dos dirigentes nacionales de Voluntad Popular que fueron trasladados a finales de agosto. Ambos se encontraban recluidos en El Helicoide, donde todavía permanecen incomunicados los presos políticos Alfredo Díaz, Catalina Ramos, Jesús Armas, Luis Palocz, Enrique Márquez, Noel Álvarez, Eduardo Torres, Perkins Rocha y Luis Somaza.
Desde la organización detallan que son traslados arbitrarios por las siguientes razones:
- No existe una orden firmada por el tribunal de la causa correspondiente.
- Sin conocimiento del tribunal correspondiente, por orden ejecutiva se realizan los traslados.
- Familiares o abogados del detenido son informados sobre la situación de manera extraoficial y a destiempo. En algunos casos, se les niega información sobre el nuevo centro de reclusión.
“Nuevamente esas familias, que ya vivieron esta situación cuando fueron detenidos, se enfrentan a esa agonía de no saber dónde están sus parientes. Empieza esta búsqueda incesante, van a diferentes centros de reclusión y se les niega que estén allí y esto agrava las condiciones de estas personas”, denuncian.
Asimismo, la oenegé afirma que muchos de estos presos políticos son personas con enfermedades crónicas, por lo que un traslado arbitrario no sólo pone en riesgo el acceso a tratamientos médicos, sino incluso a alimentos, ropa y artículos básicos de higiene, pues las familias son las encargadas de suplir estos aspectos. “Obviamente hay un riesgo real de deterioro físico y mental de estas personas”, señala.
De igual manera, denuncia que las familias de estos detenidos por razones políticas “también están siendo víctimas de tratos crueles, porque evidentemente esto los coloca en una situación de sufrimiento emocional. En cuanto a los presos políticos, tememos por su integridad física, por su salud, y por la situación de extrema vulnerabilidad en la que quedan”.
Si bien los traslados arbitrarios no son nuevos, anteriormente respondían a temas de castigo por reclamos a las condiciones de reclusión o debido proceso, indican desde Justicia, Encuentro y Perdón. “Pero las familias tenían información sobre estos traslados (…) Son decisiones de las que no encontramos más sentido sino que una revictimización contra esas personas”.
A continuación, una lista de personas trasladadas este año de sus centros de reclusión.
- Karen Hernández, condenada a 30 años de prisión por la operación Gedeón.
- Sargento segundo Samaira Romero, condenada a 24 años y seis meses de prisión por la operación Gedeón.
- Carla Da Silva, condenada a 21 años de prisión por la operación Gedeón.
- Freddy Superlano, bajo juicio por el Tribunal 2do de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en delitos vinculados al Terrorismo. En aislamiento desde su detención el 30 de julio de 2024.
- Roland Carreño, bajo juicio por el Tribunal 2do de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en delitos vinculados al Terrorismo. En aislamiento desde su detención el 2 de agosto de 2024.
- Rolando Guevara, condenado a 27 años por el asesinato del fiscal Danilo Anderson.
- Otoniel Guevara, condenado a 27 años por el asesinato del fiscal Danilo Anderson.
- Juan Guevara, condenado a 30 años por el asesinato del fiscal Danilo Anderson.
- Darío Estrada, condenado a 30 años de cárcel. Estaba detenido en la sede de la PNB La Yaguara y fue trasladado a la cárcel de Uribana (estado Lara).
- Luis López, bajo juicio por presunta incitación al odio.
- Capitán Juan Gutiérrez, bajo juicio por la operación Gedeón
- Teniente Junior Silva, bajo juicio por la operación Gedeón
- Sargento Segundo Juanfredd Acosta, bajo juicio por la operación Gedeón
- Inspector Rodolfo Rodríguez, bajo juicio por la operación Gedeón
- Primer inspector Rosmel Méndez, bajo juicio por la operación Gedeón
- Inspector Jeferson Díaz, bajo juicio por la operación Gedeón
- Comisario Douglas Contreras, bajo juicio por la operación Gedeón
- Sargento segundo Gustavo Álvares, bajo juicio por la operación Gedeón
- Sargento segundo José Ruiz, bajo juicio por la operación Gedeón
- Sargento segundo Rafael Blanco, bajo juicio por la operación Gedeón
- Sargento segundo Jonathan Franco, bajo juicio por la operación Gedeón
- Sargento Rafael Rosendo, bajo juicio por la operación Gedeón
- Sargento mayor de tercera José Moreno, bajo juicio por la operación Gedeón
- Sargento José Mendoza, bajo juicio por la operación Gedeón
- Sargento Wilmer Salinas, bajo juicio por la operación Gedeón
- César Altamar, bajo juicio por la operación Gedeón
- Jeremy González, bajo juicio por la operación Gedeón
- Carlos Marcano, acusado de estar involucrado en los presuntos planes para impedir las elecciones regionales y legislativas. Detenido el 23 de mayo de 2025.
- Yuri Salas, acusado de estar involucrado en los presuntos planes para impedir las elecciones regionales y legislativas. Detenido el 23 de mayo de 2025.
- Coronel Jhonny Mejías Laya, vinculado al asalto del fuerte Paramacay en 2017. Trasladado al Fuerte Guaicaipuro el 18 de febrero.
- Primer teniente Jefferson García Dos Ramos, vinculado al asalto del fuerte Paramacay en 2017. Trasladado al Fuerte Guaicaipuro el 18 de febrero
- Primer teniente Oswaldo Gutiérrez, vinculado al asalto del fuerte Paramacay en 2017. Trasladado al Fuerte Guaicaipuro el 18 de febrero
- Teniente coronel Durvis Meleán, acusado de un plan de asalto al fuerte Paramaconi. Trasladado al Fuerte Guaicaipuro el 18 de febrero.
- Teniente Johan González, acusado de un plan de asalto al fuerte Paramaconi. Trasladado al Fuerte Guaicaipuro el 18 de febrero.
- Teniente de Navío Rigoberto Pinzón, condenado por la «operación Libertad» de 2019. Trasladado al Fuerte Guaicaipuro el 18 de febrero.
- Sargento mayor de Tercera (GN) Geomer Martínez, condenado por el caso Cotiza. Trasladado al Fuerte Guaicaipuro el 18 de febrero.
- Sargento mayor de Segunda José Oneiber Paredes, condenado por el caso Cotiza. Trasladado al Fuerte Guaicaipuro el 18 de febrero.
- El 10 de febrero se registró el traslado de 78 detenidos por las protestas poselectorales desde la cárcel de Tocuyito (estado Carabobo) hasta Tocorón (Aragua).
- 14 presos políticos fueron trasladados de la cárcel de Tocuyito al penal de Tocorón entre el 9 y 10 de enero.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
