Tres años, Gonzalo Oliveros Navarro
Un día como hoy, en el 2017, la Asamblea Nacional procedió a designar a treinta y tres abogados venezolanos para que se integraren en condición de Magistrados Principales y Suplentes, al Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Formo parte de ellos.
Todos los que aspiramos a ser elegidos sabíamos los riesgos que corríamos. Ya los había anunciado el señor Cabello en su programa de televisión: persecución a los designados.
A pesar de los riesgos, lo aceptamos. La consecuencia fue el cumplimiento de lo ofrecido: Juicio militar, prohibición de enajenar y gravar bienes e inmovilización de cuentas, con un agregado adicional expreso, señalado por el señor Maduro en una alocución del día siguiente a la designación: No contarán con derecho a la defensa alguna. Un nuevo kit revolucionario.
Han pasado tres años. En ellos, los designados conocimos de prisiones y exilio, sin que ello generare declinar a los principios.
Ante los resultados producidos por su accionar, el señor Maduro ha aplicado el referido kit a toda designación que se produzca desde la Asamblea Nacional, así la misma tenga por objeto un organismo que cualquiera pudiera pensar que no influye en la actuación venezolana. Quien ella acepte sabe que o sale exilado, o reside en sus mazmorras, no hay de otra.
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Seguramente por esa situación, la Asamblea Nacional –a pesar de las presiones que dirigentes políticos, medios del exterior y participantes en redes sociales hacen con el objetivo de que se produzcan designaciones que para alguno tendría gran sentido– ha sido cuidadosa pues pondera no solo la seguridad personal del designado sino el efecto práctico de la misma, en la circunstancia venezolana actual.
Hoy, a tres años de aquél acto de designación y juramentación en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, evaluando con tranquilidad y en la distancia lo ocurrido, en lo personal reafirmo mi convicción de que hice lo correcto. Como otros, cumplí con mi deber. Jure cumplir la Constitución y las leyes de Venezuela y eso he hecho.
El mayor honor que una persona puede tener es el de servirle a su país y a sus conciudadanos. A pesar de no estar en Caracas, donde conforme a su ley el tribunal tiene su asiento permanente, al igual que otros, –repito– eso he hecho.
Quienes fuimos designados el 21 de julio del 2017 somos los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. A su sede llegaremos para hacer efectivo el texto de la Constitución y de la ley.
Venezuela será libre. A ella retornaremos. Contribuiremos –ya en nuestro lar– a su reconstrucción para no repetir la tragedia de estos veinte muy largos años.
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