Procurador especial defiende nombramientos de junta ad hoc del BCV en caso del oro
La responsabilidad recae sobre la jueza Sara Cockreill ya que, si decide que la junta ad hoc del BCV de Guaidó no es lícita y hace caso al TSJ, el oro será dado a Nicolás Maduro
El procurador especial nombrado por el interinato, el abogado Enrique Sánchez Falcón, defendió hoy los nombramientos de la Asamblea Nacional electa en 2015 sobre la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), que reclama la tenencia del oro depositado en el Banco de Inglaterra.
Durante la audiencia de juicio, que busca determinar la naturaleza de dicha junta y quién puede acceder al oro, Sánchez Falcón indicó que tanto los integrantes de esta junta, así como los diputados electos en 2015, no se reúnen de forma presencial «porque es absolutamente conocido que existe en Venezuela un régimen dictatorial y represivo que atentaría contra la vida» de los integrantes de estos órganos.
También dijo, durante el interrogatorio del abogado Richard Lissack, contratado por la administración de Nicolás Maduro, que la Asamblea Nacional constituida tras las elecciones legislativas de 2020 «es ficticia» y formada por «usurpadores», porque esos comicios fueron «fraudulentos».
Por tanto, el nombramiento de la junta ad hoc aprobada por el chavismo tampoco es válida para reclamar las más de 30 toneladas de oro depositadas en Inglaterra.
En la audiencia también declararon el presidente de la junta «ad hoc» del BCV, Manuel Rodríguez, y su antecesor en el puesto, Ricardo Villasmil. Ambos recordaron que su misión es «recuperar y proteger para el pueblo venezolano los activos en el extranjero».
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También informaron a la Corte que no disponen de sede y se reúne solo por videoconferencia. A preguntas de Lissack, que trataba de demostrar que esta junta opositora no tiene autoridad real, ambos aseguraron que, aunque no siempre son el número de miembros requeridos por ley, sí que hay quórum en «las decisiones importantes».
Más temprano, el actual secretario de la cámara plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Enrique Parody Gallardo, negó haber sido amenazado por la administración de Nicolás Maduro para declarar a su favor en este litigio.
Parody declaró como testigo de la junta del BCV afín a Maduro, primero por una declaración escrita, y luego respondió las declaraciones del abogado Andrew Fulton, contratado por el gobierno interino de Juan Guaidó.
Allí, el hoy exjuez -que habló bajo juramento- aseguró que «no ha cobrado dinero», ni «recibido amenazas» ni promesa de compensación por testificar en este proceso, así como también dijo que sus declaraciones no fueron direccionadas.
Criticó que haya sido llamado a declarar cuando la llamada a hacerlo era Mónica Rodríguez, quien era la secretaria del TSJ cuando se suscitó el nombramiento de la junta ad hoc por Guaidó.
En la víspera, declaró el exmagistrado de la Sala Constitucional del TSJ y expresidente del CNE, Francisco Carrasquero, quien dijo que «no le consta» que el Ejecutivo interfiera en las labores del Poder Judicial y que no ha sido víctima de alguna presión.
Expresó que tampoco le «consta» que haya magistrados en el TSJ con alguna afiliación política, ya que eso «está prohibido por la Constitución de Venezuela».
¿Qué pasa con el oro venezolano en Londres?
El Tribunal Superior de Londres comenzó el miércoles 13 de julio a analizar si el nombramiento de una junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) hecha por Juan Guaidó, reconocido por el Reino Unido y una parte de la comunidad internacional como presidente encargado venezolano, son legales; lo que incidirá en la decisión por la tenencia del oro almacenado en las bóvedas del Banco de Inglaterra.
La jueza Sara Cockerill, de la división comercial del Tribunal Superior de Londres, escuchó los argumentos de los abogados Richard Lissack, quien representa a la junta del BCV designada por Nicolás Maduro, y de Andrew Fulton, que es el letrado que defiende la causa de Guaidó.
Previamente, se comenzó a estudiar si la justicia británica acepta decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sobre este caso. Allí estableció que el Gobierno del Reino Unido reconoce a Guaidó y confirmó que sus decisiones y nombramientos deben considerarse actos «ejecutivos» y «soberanos».
Los abogados del bando de Maduro argumentaron que, aunque el Gobierno del Reino Unido reconozca al opositor como líder de Venezuela, la justicia británica debe respetar la independencia del poder Judicial venezolano y no cuestionar sus decisiones.
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Es decir, que si la jueza Cockerill dice que la justicia británica acepta el fallo del TSJ venezolano sobre la anulación de los nombramientos de Guaidó, el oro quedará en manos de la administración de Nicolás Maduro.
Formalmente el juicio comenzó el miércoles 13 de julio y tiene previsto durar cuatro días. El interinato de Guaidó aseguró que son respetuosos del Estado de Derecho en el Reino Unido y señala que el Tribunal Comercial considera un aspecto sobre el oro venezolano en las bóvedas del Banco de Inglaterra.
El Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, se querelló en mayo de 2020 ante un tribunal de comercio de Londres para recuperar más de 30 toneladas de oro depositadas en la institución británica bajo el argumento de que son recursos necesarios para luchar contra el coronavirus.
Pero el Banco de Inglaterra ha afirmado que no puede realizar ninguna operación que solicite esta junta directiva o la que nombró Juan Guaidó, al que más de 50 países -incluido el Reino Unido- consideran «presidente interino de Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones fiables».
Con información de Cooperativa / Swiss Info / Efecto Cocuyo / EFE /
