Tribunal sin justicia, por Teodoro Petkoff
La justicia está cercada. Los ciudadanos venezolanos estamos a punto de quedar en la más absoluta indefensión, sometidos a los designios de un Poder Judicial completamente dominado por los intereses políticos del régimen. El ataque contra el actual TSJ ha sido adelantado despiadadamente y su demolición avanza con la inexorabilidad de una aplanadora.
Primero fue la aprobación de la nueva Ley del TSJ. Llevada adelante de un modo funambulesco, ha provocado estupefacción en los medios jurídico-académicos de otros países, donde se ha tenido noticia de este asalto en descampado, encabezado por ese dudoso personaje llamado Luis Velásquez Alvaray. La nueva ley permite ampliar, por mayoría absoluta (la mitad más uno) el número de magistrados, para llenar el TSJ de clones de Luis Velásquez –quien, por lo demás, aspira a coronar su turbia carrera entrando a la magistratura–; así como destituirlos a capricho. La destitución, que en la Constitución exige las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional para ser aprobada, ahora es tan fácil como pelar mandarinas. Cada vez que un magistrado no responda a pie juntillas a las exigencias del poder, será destituido… o suspendido indefinidamente, que es lo mismo.
La primera aplicación de esta novedosa guillotina judicial ha sido la acusación de «falta grave» realizada por el irónicamente llamado Poder Moral, contra los integrantes de la Sala Electoral que se atrevieron a hacer valer los fueros de la ley en el caso de las firmas enviadas a reparos. Habría que remontarse a nuestro siglo XIX, siglo de caudillos y, por lo tanto, también de tinterillos y jalabolas, porque estos van con aquellos, para encontrar personajes más lamentables que estos del Poder (In) Moral. Las manos les deben haber quedado desolladas del templón que echaron. Ni siquiera porque los hechos mostraron que la Sala Electoral había actuado conforme a Derecho –ya que las firmas sí eran legítimas, tal como lo evidenció el proceso de reparos–, se abstuvieron de cumplir la tarea que les fuera encomendada desde Miraflores. Por lo demás, la Sala Electoral, que había sido despojada de toda competencia en la nueva ley, ahora será rellenada con atentos y seguros servidores del poder político. Los magistrados acusados permanecen en el limbo al cual los condena la suspensión en sus cargos mientras se consiguen los dos tercios en la Asamblea Nacional, necesarios para sacarlos definitivamente del juego. En cambio, al magistrado Franklin Arrieche le aplicaron la otra modalidad: lo destituyó la propia Asamblea, la cual, cuando el caso no proviene del Poder (In) Moral, puede hacerlo directamente, apenas por mayoría absoluta. La Ley Velásquez da para todo.
Añádase a esto la circunstancia de que los jueces de lo Contencioso no serán designados por concurso, sino que lo hará directamente el TSJ, y que el 80% de los jueces de instancia son provisorios, de modo que pueden ser removidos a voluntad, como en efecto lo han sido varios que han dictado sentencias no complacientes con el Ejecutivo, y se tendrá el cuadro pavoroso de un país donde Ejecutivo y Judicial son poderes que se confunden en uno solo. Razón suficiente para revocar el mandato del responsable de esta insólita prevaricación.
