Tribunales al mando de la censura
Autor: Mariengracia Chirinos
Lo quieren lograr bajo el aval judicial. En este instante, también, han pasado 34 días desde el poder judicial condenó al Correo del Caroní, del estado Bolívar, y a su director David Natera, pero aún el juez no ha dado a conocer la sentencia definitiva. Para este momento, han transcurrido 356 días desde que el poder estatal quiso silenciar a TalCual, El Nacional y el portal de noticias La Patilla, en una misma causa. Estos casos no han sido fortuitos y han sido trazados con la misma línea. Se ha querido imponer la censura, con el aval judicial, luego de informar a los ciudadanos sobre hechos de corrupción.
La estrategia ha sido similar: personas que ejercen el poder del Estado y sus allegados han utilizado el sistema de justicia con la intención de imponer el mutismo en hechos que son de evidente interés público.
La táctica ha sido equivalente: con «acusaciones privadas» se ha alegado el daño al honor y a la reputación -de personas que deberían estar abiertas al escrutinio público- para justificar demandas penales por difamación agravada, un delito que aunque está establecido en la legislación, atenta contra la libertad de expresión y debería ser eliminado de las leyes nacionales, según las exigencias que le han hecho a Venezuela organismos internacionales como la Organización de Nacionales Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, han tenido curso judicial. Han recorrido el mismo camino en tribunales.
En ambos casos, en menos de 30 días admitieron las demandas penales y también atendieron exigencias especiales: una orden de censura, para el caso del Correo del Caroní; la prohibición de salida del país y la presentación regular en tribunales, en la demanda contra TalCual, El Nacional y La Patilla. Comenzaron entonces las notificaciones y las audiencias en las sedes judiciales.
Estas acusaciones han sido acompañadas por demandas civiles que buscan imponer multas millonarias. Estas demandas complementarias también contaron con la aquiescencia judicial. Las investigaciones siguen en curso y -de aprobarse estas acusaciones- podrían derivar el cierre de estos cuatro medios.
Estos dos casos no son aislados. Con ellos suman 25 los procedimientos judiciales que se ejercieron entre 2013 y 2015, que criminalizan la labor informativa de periodistas y medios de comunicación.
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela ha registrado un incremento en las acciones legales en este periodo, bajo la gestión presidencial de Nicolás Maduro. La mayoría de estas acciones se ha dirigido contra medios impresos y se han acompañado con medidas de censura que prohíben la cobertura de temas de criminalidad, violencia y corrupción.
Estos casos, también se enmarcan en el registro histórico de IPYS Venezuela que contabiliza 64 demandas entre los años 2002 y 2015. Justamente, 29 de estas acciones judiciales se han soportado en los delitos de difamación e injuria, establecidos en el Código Penal Venezolano y Código Orgánico Procesal Penal.
Al menos cuatro de estos procesos han derivado en órdenes de privativa de libertad, entre los que se cuenta la condena a cuatro años de prisión contra David Natera, que se dio en la madrugada del 11 de marzo de 2015, luego que se aprobara la acusación que ejerció Yamal Mustafá, dueño del diario local Primicia, de tendencia prooficialistas, y quien fue contratista de las empresas básicas de Guayana y de la gobernación del estado Bolívar, según el Registro Nacional de Contratistas, y quien alegó daños a su honor y reputación, por haber sido involucrado en la investigación oficial sobre la corrupción en Ferrominera del Orinoco, hechos que fueron reconocidos en 2013 por el Presidente de la República.
Contra el director del Correo del Caroní, además, se ordenó prohibición de salida del país, justamente, una medida similar a la que solicitó Diosdado Cabello, diputado por el partido oficial, en la demanda penal por difamación agravada que ejerció contra 22 directivos y miembros de los consejos editoriales de TalCual, El Nacional y La Patilla. En estos 13 años, las demandas por delitos de difamación e injuria han afectado a 36 personas y 22 de ellas (más de 50%) fueron acusadas por Cabello en la demanda que introdujo el 23 de abril de 2015, ante la reproducción de la información publicada en el diario español ABC, el 27 de enero de 2015, en la que se le vinculaba una investigación por narcotráfico.
Los tribunales han seguido en marcha para convalidar estas acusaciones pese a las obligaciones del Estado venezolano en materia de libertad de expresión. En julio de 2015, en Comité de Derechos Humanos, le exigió al Estado venezolano «despenalizar la difamación así como aquellas figuras que prevén sanciones penales para quienes ofendieren o irrespetaren al Presidente u otros funcionarios de alto rango u otras figuras similares y debería, en todo caso, restringir la aplicación de la ley penal a los casos más graves, teniendo en cuenta que la pena de prisión nunca es un castigo adecuado en esos casos».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, también le recomendó a Venezuela «promover la derogación de las leyes que consagran el desacato, cualquiera sea la forma en la que se presenten, dado que estas normas son contrarias a los estándares interamericanos y restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático».
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