Tribunales penales despacharán sin interrupciones después de siete meses cerrados
Los tribunales permanecieron inactivos durante siete meses, a pesar de que desde mayo el Ejecutivo Nacional había autorizado la reincorporación a sus labores de sectores comerciales como peluquerías
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala de Casación Penal, anunció que todos los tribunales penales en funciones de juicio de los Circuitos Judiciales del país serán habilitados de manera ininterrumpida durante las semanas de radicalización y flexibilización decretadas por el Ejecutivo Nacional, en el contexto de la pandemia por Covid-19.
El TSJ informó en una nota de prensa que los tribunales se mantendrán en despacho «con el objeto de garantizar la atención de los privados de libertad, en resguardo de los principios de celeridad procesal y tutela judicial efectiva establecidos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», a pesar de que desde el inicio del decreto de la cuarentena en marzo de 2020, el Poder Judicial estuvo fuera de funciones durante siete meses y emitió seis resoluciones con respecto al cierre de los tribunales.
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El 12 de agosto, aunque ya el Ejecutivo Nacional había permitido desde mayo que se reincorporaran a sus labores sectores comerciales como peluquerías y centros comerciales, el ente judicial mantenía la suspensión de los tribunales en todo el territorio nacional con los mismos efectos de cierre que permanecieron sin revisión hasta el 12 de septiembre.
Con esta nueva decisión del TSJ se autoriza a que cada una de las audiencias de juicio se desarrollen en los diferentes Circuitos Judiciales Penales del territorio nacional y que se cumplan todos los protocolos especiales de bioseguridad e higiene aprobados por la Sala Plena del TSJ, con las medidas de cumplimiento estricto y obligatorio como el uso obligatorio de tapabocas, guantes y «la permanente desinfección de las salas de audiencias, calabozos y demás áreas utilizadas por los servidores y servidoras judiciales y por todos aquellos que hacen parte del proceso judicial penal».
Aunque debido a la opacidad oficial, se desconocen las cifras de las causas que estuvieron paralizadas durante más de la mitad del año debido a las resoluciones del TSJ, las organizaciones de defensa penal y de DDHH estiman que fue entre 95% o 99% de los procedimientos, porque ciertamente se celebraron algunas audiencias específicas de manera express, en especial las relacionadas con casos de interés político como los imputados por el caso de la Operación Gedeón.
