TSJ avala resolución que permite el uso de la fuerza en manifestaciones pacíficas
La Organización No Gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia indicó que la resolución emitida por el TSJ también viola la norma constitucional que rige la intervención del Ejército en manifestaciones públicas
La Organización No Gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia informó este lunes 24 de mayo que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avaló la vigencia de la resolución 8610 del Ministerio de la Defensa que permite a los efectivos militares usar armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de las manifestaciones pacíficas.
A través de la sentencia 0074 del pasado 29 de abril de 2021, el organismo judicial decidió resolver el caso declarando su “desistimiento tácito” por incumplimiento de determinadas formalidades procesales.
En este sentido, la ONG recordó que dicha resolución fue dictada en 2015 a la luz de las protestas masivas de 2014, que movilizaron a todo el país contra el Gobierno de Maduro.
“Dicha normativa vulnera el artículo 68 constitucional, que establece que la Ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad del Estado”, explicó Acceso a la Justicias en su cuenta de la red social Twitter.
*Lea también: Maduro ofrece cambiar su «dedocracia» por primarias del PSUV para las “megaelecciones”
Asimismo, indicaron que la resolución también viola la norma constitucional que rige la intervención del Ejército en manifestaciones públicas, “como si se tratara de un tema de defensa contra un enemigo y no un eventual tema de orden público y seguridad ciudadana”.
De la misma manera, aseguraron que la mencionada normativa “transgrede las normas internacionales en materia de derechos humanos”, las cuales se encuentra vigentes en Venezuela.
“Esta sentencia mantiene la validez de las Normas sobre la Actuación de la FANB en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, aunque violen la Constitución y tratados de derechos humanos”, expresaron.
Finalmente, destacaron que esta decisión “no solo es un artilugio procesal para no responder y darle la razón al Gobierno”, sino que además deja la puerta abierta para que el Ejército y no la policía sea la instancia que resguarde el orden público del país.
