TSJ en tres y dos, por Teodoro Petkoff
El caso Siccat no ha terminado. Pese a que ya no hay ninguna duda sobre la culpabilidad del teniente, porque el tribunal militar lo condenó a 16 años de presidio, falta un round decisivo. Ahora se va a desarrollar, a propósito de ese episodio, una lucha cuyo resultado podría partir las aguas en el camino de la ampliación de las bases del Estado de Derecho en Venezuela. Ahora vamos a ver si en este país, en verdad, todos somos iguales ante la ley o hay algunos que son más iguales que otros. La justicia militar se negó a reconocer la competencia de la justicia ordinaria para el enjuiciamiento de un acusado de violación de derechos humanos. Lo hizo con premeditación y alevosía. Lo hizo a sabiendas de que la Fiscalía había solicitado un amparo ante el TSJ y que, además, había pedido al Consejo de Guerra Permanente que declinara voluntariamente la competencia. Lo hizo desconociendo una solicitud concreta de un tribunal ordinario para que le fuera transferido el caso. La Corte Marcial, instancia superior de la judicatura castrense, en pleno juicio, se negó a paralizarlo, y declaró inadmisible el amparo planteado por la Fiscalía, que le había sido remitido por el TSJ. En fin, la justicia militar, es decir, la FAN, ha violado a plena conciencia la normativa constitucional, defendiendo un «fuero militar», que quisiera colocar a los uniformados por encima del resto de sus conciudadanos.
Lo que algunos sectores de la FAN intentan es garantizar que los casos que involucran a gente de uniforme sean tratados, como hasta ahora, dentro del ámbito de esa muy peculiar forma de justicia que es la militar («es a la justicia verdadera lo que la música militar es a la música verdadera»), donde las normas del debido proceso son de difícil aplicación, facilitándose con ello la mayor o menor impunidad de ciertos delitos cuya comisión deriva de una concepción primitiva, pero infortunadamente todavía viva, de la disciplina militar.
La condena a Siccat, sin embargo, no ha cerrado el caso. La Fiscalía ha anunciado que recurrirá al TSJ, el cual ahora sí tendrá que pronunciarse sobre la materia. Pero, más aún, el ministro de la Defensa, Rangel, ha anunciado también un recurso ante el máximo tribunal en el mismo sentido del que adelanta la Fiscalía. Habíamos criticado su silencio. Ahora felicitamos calurosamente su decisión, cuya importancia no puede ser minimizada. No se trata del periodista defensor de los derechos humanos sino del ministro de la Defensa CIVIL que ha enfrentado una decisión que envuelve a la FAN. No es poca cosa en este país de tradición militar y bajo el imperio de una Constitución con un fuerte sesgo militarista. Se trata, pues, de un paso fundamental en la vía de definir un modelo de relaciones cada vez más moderno entre el mundo civil y el militar. Ahora le toca jugar al TSJ. El balón está en su cancha. Sobre todo porque el caso Siccat ha roto el dique del miedo y otros hechos semejantes han sido denunciados y deben ser también conocidos por la justicia
