TSJ reconoce vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, afirma ONG
Acceso a la Justicia espera que la Sala Constitucional del TSJ también se adhiera a estos criterios esgrimidos por otras salas, y además responda «favorablemente» a la demanda de nulidad interpuesta por activistas y ONG en septiembre de 2012 contra la decisión de Nicolás Maduro de denunciar la Convención Americana
La organización Acceso a la Justicia aseveró este martes 5 que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha reconocido la vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos por medio de una sentencia, luego de que fuese denunciada por Nicolás Maduro en septiembre de 2013.
El pronunciamiento, señaló la ONG en una nota de prensa, lo hizo la Sala de Casación Social en su sentencia n.º 580 del pasado 19 de diciembre de 2023, donde se resolvió un avocamiento y dejó sin efecto una medida de prohibición de salida del país que pesaba sobre una pareja y su hija.
La Sala de Casación Social reconoció que la Convención, también conocida como Pacto de San José, es parte del ordenamiento jurídico venezolano, pues:
«el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala que: los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público».
Además, se advirtió que «consta que la República Bolivariana de Venezuela firmó y ratificó el Pacto de San José de Costa Rica».
Acceso a la Justicia recordó que esta no es la primera vez que el TSJ lo cita en alguna de sus sentencias. Puso como ejemplo las decisiones n.º 70 y 71 de la Sala de Casación Penal (2020) sobre la declaratoria de que «el juez militar no es el juez natural para el procesamiento penal de civiles».
La oenegé señaló que esta decisión del TSJ «no es poca cosa», pues la decisión de Maduro de denunciar el Pacto de San José en 2012 y retirar a Venezuela de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un año más tarde «inició un proceso de desprotección de los ciudadanos que ha continuado en los últimos años y que ha tenido como último episodio la expulsión del país de los funcionarios de la oficina técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos».
A pesar de que la Corte IDH ha conocido nuevamente casos relacionados a Venezuela y remitidos por la CIDH, luego de que el gobierno interino de Juan Guaidó revirtiese la decisión de Maduro en 2019, no ha tenido mayores avances, destacó Acceso a la Justicia.
Esto se debe a la negativa del gobierno venezolano de participar en estas instancias, lo que «afecta a los ciudadanos que buscan la reparación de sus derechos cuando la justicia interna no atiende sus casos».
Acceso a la Justicia espera que la Sala Constitucional también se adhiera a estos criterios esgrimidos por otras salas, y además responda «favorablemente» a la demanda de nulidad interpuesta por activistas y ONG en septiembre de 2012 contra la decisión de Nicolás Maduro.
