Asamblea Nacional rechaza el allanamiento ilegal de la inmunidad de cuatro diputados
A Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli se les acusa de los mismos siete delitos que le han sido imputados a otros 19 parlamentarios, señalados como participantes directos o indirectos en la sublevación de un grupo de militares el 30 de abril de este año
La Asamblea Nacional publicó un comunicado en el que condena la decisión del «usurpador» Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados Jorbe Millán, Hernán Alemán Párez, Carlos Alberto Lozano y Luis Stefanelli a través de la constituyente y el Ministerio Público.
De acuerdo con el ente parlamentario, esta decisión forma parte de una estrategia del gobierno de Nicolás Maduro para evitar la reelección de Juan Guaidó como presidente del parlamento, como ya lo había denunciado la diputada Yanet Fermín días anteriores, cuando sufrió un intento de detención por parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), acusando al organismo de intentar ejecutar la «operación alcrán» contra los parlamentarios.
«La ilegal e inconstitucional decisión tiene el claro objetivo de desmantelar la Asamblea Nacional e impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente del Parlamento y mandatario encargado de Venezuela el próximo 5 de enero de 2020», indica la publicación.
En este sentido, recalca que se ha vulnerado a 35 diputados mediante maniobras inconstitucionales, entre los cuales, algunos han terminado tras las rejas o se han visto obligados a huir del país.
La Asamblea Nacional acota que ha instruido a la Comisión de Política Exterior emitir una alerta internacional para denunciar la situación. De igual forma, se le notificó a los cuerpos legislativos del mundo sobre esta «nueva arremetida contra la institución respaldada por 14 millones de venezolanos».
Por otra parte, exhortaron a los militares y funcionarios policiales a no hacerse parte de «las acciones de la dictadura», al no cumplir órdenes ilegales. «Eviten de cualquier forma que sean ustedes los que paguen las consecuencias de un dictador», enfatizan.
Finalmente, reiteran que la institución no desistirá ante estos «ataques», y que buscarán alcanzar la «restauración efectiva de la democracia y el restablecimiento del orden constitucional» en el país.
Allanamiento ilegal
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia decidió nuevamente avanzar en el proceso para «allanar» la inmunidad parlamentaria de otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional, usando a la constituyente y el Ministerio Público para tal fin.
En una nota de prensa, el TSJ informó que decidió comprometer la responsabilidad de los parlamentarios Jorge Millán (Primero Justicia – Distrito Capital), Hernán Alemán (Acción Democrática – Zulia), Luis Stefanelli (Voluntad Popular – Falcón) y Carlos Lozano (Camina – Carabobo) por supuestos hechos que no son explicados.
La decisión de la Sala Plena estuvo a cargo de la magistrada Mónica Misticchio Tortorella, integrante de la Sala de Casación Social, quien repite el guion de las otras sentencias que desde mayo han violentado la inmunidad de otros 19 parlamentarios.
El allanamiento de la inmunidad de estos diputados se consumó con la decisión de la ANC, que «aprobó» esta decisión la tarde del lunes 16 de diciembre, luego de recibir la comunicación por parte del TSJ. Diosdado Cabello, presidente de este órgano, dijo que «seguramente la oposición va a expresar sus quejas de la manera que ellos, saben, es decir, van a chillar».
A estos cuatro diputados se les acusa de los mismos siete delitos que le han sido imputados al resto de los parlamentarios, señalados como participantes directos o indirectos en la sublevación de un grupo de militares el 30 de abril de este año.
Por ello, remiten el caso a la ANC «para que dicho órgano determine lo conducente, según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución» y a la “Sala Constitucional del Alto Juzgado, para su conocimiento y demás fines”.
Lo que obvian nuevamente los magistrados del TSJ son las previsiones constitucionales sobre el enjuiciamiento a funcionarios de altos cargos. Tampoco toma en cuenta las disposiciones sobre la inmunidad parlamentaria.
El artículo 200 de la Constitución establece que los diputados deben ser sometidos a un antejuicio de mérito de ser investigados y enjuiciados por cometer un presunto delito. Además, para allanarse la inmunidad, será a través de un procedimiento que realiza el Parlamento venezolano, previa solicitud del TSJ.
Pero el procedimiento que ha utilizado el poder Judicial es ordenar el pase a juicio en tribunales penales ordinarios, pues se alega que al ser “delitos comunes” no corresponde el antejuicio de mérito, según la sentencia N° 1684 del 4 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional.
Mientras, el allanamiento le corresponde a la impuesta asamblea constituyente, un órgano que se autodenomina como «supraconstitucional» y ha reemplazado las funciones de la Asamblea Nacional en estos casos.
