Tutela judicial efectiva para presos políticos exigen familiares a la Defensa Pública

TalCual | febrero 25, 2025

Familiares de presos políticos protestaron frente a la sede de la Defensa Pública este martes 25 de febrero. Denunciaron ante el ente las condiciones inhumanas que sufren sus parientes en los centros de reclusión, entre ellas, la falta de atención médica

Madres y familiares de presos políticos protestaron este 25 de febrero frente a la sede de la Defensa Pública. Exigieron al ente garantizar una tutela judicial «efectiva» a sus parientes, muchos de ellos aprehendidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

La actividad forma parte de la «ruta por la justicia y la libertad», una jornada de protestas, que se realizarán en diferentes organismos del Estado, liderada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos que inició el 24 de febrero y se extiende hasta el 28 de febrero.

Una comisión de familiares encabezada por Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, entregó en la Defensa Pública un documento en el que denunciaron las condiciones «inhumanas» en las que se encuentran los presos políticos.

Parte de la exigencia a los defensores públicos es que «no se hagan cómplices de la violación de los derechos humanos». Los emplazaron a garantizar el respeto a la Constitución y a las leyes. «No pueden excusarse de órdenes superiores para violar la ley», agregaron.

«Exigimos que se cumpla la ley. Exigimos que se cumpla la Constitución, que se garantice el Estado de derecho a nuestros familiares», dijeron madres y parientes de los presos políticos.

Entre los planteamientos realizados, los familiares de los detenidos le exigen a la Defensa Pública garantizar: El respeto al derecho de los detenidos a designar un abogado de confianza; una defensa y asistencia jurídica real, sin presiones ni manipulaciones; y las gestiones necesarias para que los excarcelados obtengan libertad plena y puedan cumplir su régimen de presentación en tribunales regionales, cercanos a su lugar de residencia, mientras se la otorgan.

*Lea también: Sentencian a 15 años de cárcel a Nelson Piñero, preso por «tuitear» hace más de un año

«Me siento medio vivo»

Mirian Yépez, madre de Juan Diego Lucena Yépez, expuso su preocupación por la situación de su hijo, quien permanece recluido en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional (GN), en el estado Lara.

«Mi hijo me dijo que se siente medio vivo», recordó. Comentó que Lucena Yépez sufre de ansiedad y que un fiscal fue al centro de detención y grabó en un video su situación a inicios de año. De acuerdo con el testimonio de la madre, el fiscal llevó el audiovisual a la Fiscalía y hasta el momento el joven de 28 años no ha sido visitado por un médico.

Mirian Yépez asistió a la Defensa Pública con una foto de su hijo Juan Lucena. Denuncia que los tribunales contra el terrorismo han impedido que su hijo reciba visita médica pese a quebrantos de salud. Foto: TalCual

«No es el Conas son las instituciones: los tribunales contra el terrorismo son los que no permiten la visita médica», expuso.

Mirian Yépez detalló que a su hijo se le acusa de terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad, pese a que hay testigos que aseguran que el joven no se opuso a su detención «porque a él le dijeron que solo era parte de una investigación y fue».

«La detención fue en su tienda de servicio técnico de teléfonos. Los funcionarios le preguntaron por una moto que estaba afuera del lugar y mi hijo dijo que no era suya. Le pidieron su cédula, dijeron ‘este es el pajarito’ y luego se lo llevaron», relató. Al tiempo que aclaró que su hijo no estuvo en protestas, «marchó como lo hice yo, pero no estuvo en hechos violentos».

Funcionarios sin identificación

Karina Martínez, hermana de Daniel Martínez, señala que su hermano tampoco ha podido recibir una adecuada atención médica. Dice que lleva semanas con fiebre y dolor pulmonar. El hombre de 30 años permanece detenido desde el 13 de enero, acusado de terrorismo, incitación al odio y conspiración.

Karina Martínez dijo a TalCual que su hermano fue detenido pasadas las 7:00 pm por funcionarios que estaban vestidos de civiles. «Luego que se lo llevaron le dijeron que eran de la PNB, pero al final eran del Conas».

«Lo bajaron de su moto. Eran cuatro funcionarios. Lo montaron en el carro particular donde él estaba. En el camino se identificaron como la PNB. Le dijeron que le hacían una investigación por extorsión. Los que lo detuvieron fueron del Conas. Le quitaron su teléfono. No le permitieron una llamada inmediata, sino en la madrugada y lo obligaron a decir que estaba en la PNB», comentó.

Martínez aseguró que su familiar no estuvo en protestas antigubernamentales y que tampoco participó en hechos violentos. Según la versión que le dieron las autoridades a los parientes, el ciudadano habría compartido un video en redes sociales.

El pasado 24 de febrero, familiares de presos políticos exigieron libertad plena e inmediata de todos los detenidos, así como garantías al debido proceso, la recepción de medidas de hábeas corpus y la radicación de las presentaciones de los excarcelados en sus estados de origen.

«Las excarcelaciones son medidas que no contribuyen a resolver el drama de las miles de familias que después del 28 de julio se vieron afectadas por esta represión poselectoral. Estamos exigiendo que estas presentaciones que tienen los presos políticos poselectorales excarcelados sean transferidas a los tribunales en donde estos residen y fueron injustamente detenidos», señaló Diego Casanova, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.