UE alerta las «deficiencias estructurales» en juicio que condenó a Jeanine Áñez a 10 años
Un portavoz del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, señaló en un comunicado que en Bolivia el juicio contra la expresidenta «no respetó plenamente los derechos al debido proceso de la señora Áñez»
La Unión Europea (UE) aseguró este domingo 19 que el sistema judicial de Bolivia tiene «deficiencias estructurales», después de que la expresidenta transitoria Jeanine Áñez fuera condenada a 10 años de cárcel por el caso «golpe de Estado II».
«También hubo problemas con el uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva, el acceso a pruebas testificales y el formato virtual e híbrido de las audiencias», recordó la UE en un comunicado divulgado por un portavoz del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
La UE cita las observaciones preliminares de la misión de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia que señaló que el juicio «no respetó plenamente los derechos al debido proceso de la señora Áñez».
El mensaje subraya que la tipificación penal del «incumplimiento del deber», delito por el que se condenó a Áñez, es «excesivamente amplia y ambigua», citando el criterio de la Oficina de la Alta Comisionada, que también alertó que debe evitarse mantener juicios en rebeldía y que la participación de «numerosas partes acusadoras» había afectado el equilibrio procesal.
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«Estos hallazgos son sintomáticos de las deficiencias estructurales del sistema de Justicia boliviano, según lo informado por el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, en mayo de 2022, así como por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuyas recomendaciones el Gobierno se comprometió a implementar», declaró el portavoz de Borrell.
La expresidenta boliviana Jeanine Áñez fue condenada el 10 de junio a 10 años de prisión, tras ser declarada culpable por los delitos de «incumplimiento de deberes» y «resoluciones contrarias a la Constitución».
Las ilegalidades fueron cometidas al asumir la presidencia interina de Bolivia en 2019, luego de que el ejército obligara a renunciar a Evo Morales, en un hecho considerado por el oficialismo como un «golpe de Estado».
Con información de EFE y Europapress.
