Mientras se evalúa retomar el diálogo en Venezuela, UE prorroga sanciones a funcionarios
Una de las condiciones que establece el chavismo para sentarse en la mesa de negociación con la oposición es que la comunidad internacional retire sus sanciones
La Unión Europea (UE) prorrogó por un año más una serie de sanciones individuales aplicadas contra 17 personas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro, bajo el argumento de que estos funcionarios menoscaban la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.
El Reglamento de Ejecución prorroga hasta noviembre de 2023 las medidas contra todas las personas en la lista en el reglamento relativo a “medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela”, publicado el 13 de noviembre de 2017.
La lista la integran personajes de peso en el gobierno chavista, como Remigio Ceballos Ichaso, ministro Interior y Justicia de Venezuela; Tibisay Lucena, ministra de Educación Universitaria y ex presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira; Maikel Moreno, magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ); Alexis Escalona, Jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Ondoft); Gladys Requena, Inspectora General de Tribunales.
En un segundo plano, surgen nombres como Omar Fernández, exgobernador del estado Zulia; Lourdes Suárez, magistrada de la Sala Constitucional del TSJ; René Degravez, magistrado suplente de la Sala Constitucional del TSJ; Arcadio Rosales, exmagistrado y exvicepresidente de la Sala Constitucional del TSJ, y Carmen Zuleta, exmagistrada de la Sala Constitucional del TSJ.
La lista es completada por Indira Alzonzo, ex magistrada de la Sala Constitucional del TSJ; Leonardo Morales, exvicepresidente del CNE; Tania D’Amelio, magistrada de la Sala Constitucional del TSJ; Jesús Vásquez, presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar, Manuel Pérez, exviceministro de Relaciones Interiores y Justicia y Juan Mendoza, exvicepresidente segundo del TSJ.
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Las UE se apoya en que estos funcionarios han «apoyado y facilitado las acciones y políticas del Gobierno que han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela» para emitir sus sanciones y prorrogarlas ya durante cinco años.
Esta renovación ocurrió mientras que en Venezuela se prepara el terreno para retomar el diálogo entre el chavismo y la oposición. Este mismo viernes sostuvieron una reunión el presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, Jorge Rodríguez, y el representante de la oposición para los acercamientos con el oficialismo, Gerardo Blyde.
El encuentro se llevó a cabo en el V Foro de París por la Paz, celebrado en Francia, y fue mediado por los jefes de Estado Gustavo Petro (Colombia), Emmanuel Macron (Francia) y Alberto Fernández (Argentina), con la presencia de la ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt.
Uno de los puntos angulares del chavismo en estas negociaciones es la exigencia de que la comunidad internacional retire sus sanciones. En palabras de Rodríguez, «no puede haber diálogo con un revólver en la cabeza y Venezuela tiene 762 revólveres en la cabeza que son las sanciones ilegales».
De momento, el Gobierno de Maduro no se ha pronunciado respecto a la extensión de las sanciones, sin embargo, el año pasado, cuando la UE anunció la prórroga en ese entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela condenó la medida, que calificó como «un acto de hostilidad».
Hace apenas un mes, el comisario de Gestión de Crisis de la Unión Europea, Janez Lenarcic, aseguraba que el organismo estaba dispuesto a revisar las sanciones aplicadas a Venezuela siempre y cuando existieran «avances democráticos», un discurso similar al que mantiene Estados Unidos al afirmar que las medidas persistirán hasta que existan condiciones para un proceso de elecciones presidenciales libres.
*Con información de VOA
