Un cambio de nombre que no fue: dos meses lleva esperando la comunidad Lgbti por el CNE
La Asamblea Nacional 2020 se lavó las manos con el cambio de nombre para personas de la comunidad Lgbti, tras lograr un enlace con el Consejo Nacional Electoral (CNE) a finales de noviembre de 2022. El pasado 15 de febrero se cumplieron dos meses desde que el rector Pedro Calzadilla comentó a activistas que tenía listo un modelo de nota marginal para las partidas de nacimiento. Solo faltaban las reuniones con el Saime y otros organismos
Foto de portada: EFE | Rayner Peña R.
Rummie Quintero, una reconocida activista trans y fundadora de la asociación Divas de Venezuela, falleció el 31 de enero sin lograr realizar una de sus metas: que su nombre escogido se reflejara en su cédula de identidad y otros documentos.
La activista era una de las 15 personas que servirían como modelo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizara sus nombres dentro de sus partidas de nacimiento, por medio de una nota marginal que debería ser acatada por otros organismos como el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y los Ministerios de Educación y Educación Universitaria.
Koddy Campos, activista Lgbti y promotor nacional del partido Unidos por la Dignidad, recuerda que el año pasado protagonizó una protesta por nueve días frente a la Defensoría del Pueblo junto a otros dos activistas por dos cuestiones fundamentales:
- La aplicación del artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil (LORC) para el cambio de nombre de personas trans, intersex y no binarias.
- Derogación del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar para la despenalización de relaciones homosexuales dentro de la Fuerza Armada Nacional.
El 29 de noviembre lograron ser atendidos por diputados de la Asamblea Nacional 2020. Se designó una comisión parlamentaria conformada por Pedro Infante, Iris Varela y Asia Villegas.
Estos diputados se comprometieron a garantizar el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil y enlazaron a los activistas con el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), rector Pedro Calzadilla.
| Artículo 146.
Toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador o la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad. Si se tratare de niño o niña, el cambio se efectuará mediante solicitud del padre, madre o representante; si es adolescente mayor de catorce años podrá solicitar personalmente el cambio de nombre propio; una vez alcanzada la mayoría de edad podrá volver a solicitar el cambio de nombre por una sola vez. En los casos de colocación familiar de niños, niñas y adolescentes, no se permitirá el cambio de nombre propio sin autorización judicial previa. El registrador y la registradora civil procederá a la tramitación del cambio de nombre propio, mediante el procedimiento de rectificación en sede administrativa. |
«Incluso la diputada Iris Varela dijo que el espíritu del legislador cuando redactó ese artículo era para que la personas trans pudieran acceder al cambio de nombre. La ley tiene 13 años y ese artículo no se cumple», dice Koddy Campos.
Se hicieron dos reuniones en diciembre. En la última, de fecha 15 de diciembre, se les dijo a los activistas Lgbti que ya se tenía el modelo de nota marginal que se pondría en las partidas de nacimiento para el cambio de nombre. Desde entonces esperan respuestas.
«Se nos dijo que todavía se tenían que hacer reuniones con el Saime, por tema de cédulas y pasaportes, con los Ministerios de Educación y Educación Superior por los cambios de título, con gente del Seniat, por el RIF, con el Saren y otras instituciones que deben hacer adecuaciones, pero ya han pasado dos meses. A pesar de que hemos tratado de comunicarnos con ellos directamente, no nos han dado respuesta”, señala el promotor de Unidos por la Dignidad.
En ese proceso incluso hubo rumores de una lista paralela, con nombres de simpatizantes del PSUV que reemplazarían a las 15 personas propuestas por Unidos por la Dignidad y el resto de las organizaciones que impulsaron el cambio de nombre.
Nosotros escuchamos rumores sobre una lista paralela, confirma Koddy Campos. «En la última reunión con autoridades del CNE le dijimos al rector Pedro Calzadilla que esto no era un privilegio para unos pocos, que es un derecho para todes. Él nos dijo que no había otra lista y que se había avanzado en la nota marginal para las partidas de nacimiento y hacer el cambio de nombre”.
El nombre: prejuicio
«El cambio de nombre es el primer paso para mejorar mi calidad de vida y la de toda la comunidad trans. En la cédula no dice si la persona tiene pene o vagina, por lo tanto, mi nombre autopercibido en mis documentos significa que ya no tendría inconvenientes con la Policía, pudiese encontrar empleo, estudiar y hacer una vida en igualdad de condiciones».
Así resume Paúl Martucci, un activista trans de 36 años, el derecho que por años se le ha negado: poder cambiar su nombre para que concuerde con el género que se identifica.
«Es lamentable que después de 13 años el Estado no asuma una actitud de rectificación y reparación histórica a todo el daño que le han hecho a la comunidad trans venezolana, que debe migrar porque en Venezuela nunca serán reconocidos como ciudadanos», asegura.
Martucci es fundador de la asociación Trascendiendo Fronteras y fue uno de los activistas que se encadenó en noviembre pasado frente a la Defensoría del Pueblo. Junto a Koddy Campos y Javier Ávila exigieron la movilización de las autoridades para lograr su cambio de nombre, tal como lo establece la ley.
«Ser una persona reconocida legalmente, psicológicamente tiene impactos positivos para quienes se nos ha dicho toda la vida que no existimos», dice Martucci.
Paul Martucci, al centro de la foto, acompañado de Javier Ávila, a la izquierda, y Koddy Campos, a la derecha, durante una protesta frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas
La discriminación se refleja en las excusas del funcionario de turno. En agosto del año pasado, Paúl fue hasta el Registro Civil de la parroquia San José (municipio Libertador del Distrito Capital) con todos sus documentos para hacer el trámite.
“El registrador me recibió, le expliqué mi caso y me mandó al Tribunal Supremo de Justicia aun cuando la ley no dice que ese sea el procedimiento. Hay una falta de voluntad y muchísimos prejuicios de los funcionarios que insisten en desconocer la diferencia entre sexo y género”, reconoce Martucci.
El activista lamenta además que personas como Rummie Quintero, con un activismo por más de 20 años dentro del país, no haya podido tener su nombre. “Esa pérdida nos ha pegado muchísimo, sobre todo a mí porque fue mi mentora y mi amiga”.
También denuncia la falta de acción por parte del CNE y de los diputados de la AN 2020. “A pesar que entregamos una lista de 10 personas en diciembre del año pasado no han sido contactadas. Pedro Infante, Iris Varela y Asia Villegas ignoran nuestras llamadas y se mantienen en silencio, a pesar que el acuerdo para quitarnos las cadenas fue el cambio de nombre”.
Discriminación disfrazada de burocracia
La abogada y activista Richelle Briceño asegura que “la burocracia” no ha dado las respuestas necesarias sobre el tema. Recuerda que a la comunidad Lgbti, en especial a las personas trans, el CNE les ha exigido durante muchos años un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respecto al cambio de nombre.
“Como Movimiento estamos solicitando una respuesta al CNE porque ya la Asamblea Nacional dijo lo que tenía que decir, lo mismo que hemos repetido durante años y es que nosotros no necesitamos un pronunciamiento del TSJ para que se permita el cambio de nombre como lo establecen los artículos 146 y 147 de la Ley Orgánica de Registro Civil”, señala Briceño.
Según la data que han podido levantar los activistas, al menos 400 personas trans quieren acceder al cambio de nombre. “Recordemos que este derecho no es solo para las personas trans, el derecho al cambio de nombre es para aquella persona que esté dentro de las causales que establece la ley: que impide el libre desenvolvimiento de su personalidad, que su nombre actual lo someta al escarnio público, que sea infamante o no corresponda con su género”.
La abogada y activista Richelle Briceño
Para Koddy Campos es sumamente grave que “después que se hayan comprometido con la población Lgbti y, en este caso, con la población trans, intersexual y no binaria para el cambio de nombre, pues ellos no cumplan con su palabra. Va a tener un peso político bastante grande que ellos no cumplan con esto”.
A finales de febrero, los activistas Lgbti tienen pensado protestar frente a la sede del CNE para exigir que se acelere el proceso.
Comunidad Lgbti a la espera
El cambio de nombre no es la única exigencia de la comunidad Lgbti venezolana. El activista Koddy Campos recuerda que el 31 de enero se cumplieron 10 años de que se introdujo una iniciativa popular para el matrimonio igualitario.
En octubre de 2021, en plena campaña regional, Nicolás Maduro encomendó esta tarea al parlamento electo en 2020. A finales de febrero de 2022, la Comisión de Desarrollo Social recibió la propuesta de la diputada Vanessa Robertazzo (Cambiemos), pero el tema no ha proseguido su curso y tampoco está dentro de la agenda legislativa de este año.
“Pese a que las normas establecen que una ley debe discutirse el año siguiente después que se introdujo, esto no ha pasado. No dicen absolutamente nada, la población LGBTIQ+ está siendo discriminada por omisión por la Asamblea Nacional, así como el CNE que también tiene varias deudas con nosotros”, señala.
El Ejecutivo, insiste Campos, “tampoco cuenta con políticas específicas para atender a la población LGBTIQ+, estamos esperando desde hace seis años por pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia. El hecho de que no quieran hablar del tema también es discriminatorio”.00
