Un juez ordena captura de Evo Morales por caso de trata de menores
Un juez boliviano declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales este viernes 17 de enero al no acudir por segunda vez a la citación en el marco de una investigación por trata de personas. La justicia boliviana dispuso una nueva orden de aprehensión, junto con la prohibición de salir del país
Un juez boliviano declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales este viernes 17 de enero en el marco de una causa por trata de personas agravada y dispuso una nueva orden de aprehensión, junto con la prohibición de salir del país. La decisión judicial se suma a las acusaciones que Morales enfrenta en su país desde que dejó el poder.
La resolución fue emitida tras varias horas de debate, durante las cuales la defensa de Morales presentó certificados médicos por dolencias como bronconeumonía y problemas cardíacos, pero el juez determinó que estos no fueron evaluados por especialistas. Además, la defensa intentó apartar al magistrado del caso mediante una recusación, que fue rechazada.
Cientos de indígenas y cocaleros formaban esta semana varios “anillos de seguridad” para impedir la aprehensión del expresidente, ordenada por la fiscalía debido a una investigación por la presunta trata de una menor durante su mandato.
Desde septiembre, cuando se dispuso su detención, Morales está resguardado en Lauca Eñe, región cocalera del Chapare, su fortín político en el centro del país, dijo a la AFP Vicente Choque, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Choque, quien se presenta como uno de los responsables de la seguridad del exgobernante, afirmó que hasta 2.000 personas lo custodian.
“La seguridad del hermano Evo, en este momento” está a cargo de más “de 2.000 personas, todos los días y las 24 horas”, señaló el dirigente. Según Choque, los seguidores se han organizado “en tres anillos, cuatro anillos de seguridad” para “hacerle frente” a un operativo de captura.
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Aunque el paradero de Morales no es desconocido, el gobierno se ha abstenido de enviar a la policía para hacer efectiva la orden de la fiscalía, sin que haya explicado los motivos.
Lo “vamos a defender con nuestras vidas”, sostuvo Choque y amenazó con desatar “el apocalipsis” si la fuerza pública “se atreve” a detener a su líder, reseña La Nación.
Morales, de 65 años, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, enfrenta una orden de aprehensión y arraigo emitida por un juez de Tarija en el marco de una investigación por trata de personas agravada. Estaba citado para comparecer este viernes 17 de enero en una audiencia donde el Ministerio Público solicitó su detención preventiva por seis meses. Sin embargo, su defensa presentó certificados médicos alegando problemas de salud, como bronconeumonía y afecciones cardíacas, que le impidieron asistir. El juez, tras evaluar la documentación, declaró en rebeldía al exmandatario y ordenó su aprehensión.
El martes el expresidente no se presentó en el juzgado por problemas de salud según alegó su defensa, de acuerdo con la versión de la fiscalía.
Morales enfrenta serias acusaciones en el marco de un caso de trata de personas agravada. Según la fiscalía, el caso se originó en 2015, cuando Morales habría mantenido una relación con una adolescente de 15 años, de la cual nació una hija al año siguiente. Se alega que los padres de la menor consintieron la relación a cambio de beneficios personales, lo que configura el delito de trata según la legislación boliviana.
Morales ha negado categóricamente las acusaciones, calificándolas como un complot político impulsado por el actual presidente, Luis Arce, quien fue su aliado cercano y ministro de Economía durante su gobierno. Según el líder cocalero, estas acusaciones buscan eliminarlo de la contienda política de cara a las elecciones presidenciales de agosto próximo, en las que ambos disputan la candidatura de la izquierda.
El caso ha generado un amplio debate en Bolivia, ya que Morales, inhabilitado por la justicia para postularse nuevamente, continúa siendo una figura central en el escenario político. Sus seguidores denuncian una persecución política, mientras que sus detractores exigen justicia y la independencia del sistema judicial en el manejo del caso.
