Un llamado a Bachelet: “La libertad de los policías metropolitanos depende de usted”
Familiares de los detenidos afirmaron que la visita de la funcionaria internacional al país, es una luz al final del túnel. Abogados de los policías detenidos cada año solicitan la aplicación de las medidas alternativas y de la ley de Redención Judicial
La visita al país de la a Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, abre un camino de esperanza para los policías metropolitanos condenados por los sucesos del 11 de abril de 2002, quienes ya superaron los 16 años de cárcel tras una injusta condena que los privó de libertad aún siendo inocentes. Sus familiares también están esperanzados.
Desde la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, Erasmo Bolívar, Arube Pérez, Héctor Rovaín, Luis Molina y Marco Hurtado aguardan la visita de la alta funcionaria. Sus casos ya fueron documentados por los policías a los miembros de la delegación enviada por Bachelet al país en marzo para preparar su visita.
Ella está en conocimiento de la injusticia que se cometió, comentó María Pascastillo, esposa del comisario Marco Hurtado. “Mi esposo fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión a pesar de que no estuvo ese día en el sitio del suceso. Pero más allá de su inocencia, está el hecho de que ya va a cumplir la sentencia completa y nunca le fueron otorgadas las medidas alternativas al cumplimiento de la pena que le corresponden por ley y que están vencidas “.
Se refiere Pascastillo al destacamento de trabajo permite al recluso salir a trabajar y regresar al centro de reclusión cada noche. Puede recibir este beneficio cuando tenga la mitad de la pena cumplida.
En el régimen abierto se envía al recluso a un centro de tratamiento comunitario, donde trabaja y pernocta de lunes a jueves. Viernes, sábado y domingo duerme en su casa. Se otorga a partir de los dos tercios de la pena impuesta.
La libertad condicional establece medidas de presentación periódicas ante el tribunal y de ella se goza a partir de las tres cuartas partes de la pena. El confinamiento permite al recluso vivir a 120 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos. En la última reforma del COPP se eliminó el confinamiento, pero los PM fueron juzgados con el código anterior, por lo tanto preservan sus derechos.
El caso de Arube Pérez es similar al del comisario Hurtado. El fue condenado a 17 años y 10 meses de prisión. Su condena está prácticamente cumplida y todas las medidas vencidas. Por supuesto, nunca se le acordó la redención de la pena por estudio y trabajo.
Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar fueron condenados a 30 años de prisión por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración en perjuicio de Ruby Alfonso Urbano Duque y Erasmo Enrique Sánchez, dos militantes del oficialismo. Por las 17 muertes restantes ocurridas durante los sucesos de Puente Llaguno nunca se buscaron culpables. La mayoría eran opositores.
La ley de Redención de la Pena
Los policías metropolitanos están amparados por la Ley de Redención Judicial de la pena que conmuta un día en prisión por cada dos días estudiados o trabajados. El tiempo así redimido se les contará también para la suspensión condicional de la pena y para las fórmulas de cumplimiento de ésta.
Cada año los abogados de estos policías solicitan la aplicación de las medidas alternativas y de la ley de Redención Judicial, pero los jueces hacen silencio.
Bachelet también sabe que en su casa están los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, y el sargento con medidas humanitarias de casa por cárcel por las graves enfermedades que padecen. Lo mismo sucede con el sargento Julio Rodríguez.
El comisario Iván Simonovis estuvo en su casa, con medida de casa por cárcel, hasta que el presidente encargado, Juan Guaidó, lo indultó.
De todos estos atropellos tiene conocimiento Michelle Bachelet. Su equipo tomó nota de cada irregularidad no solo durante el caso, sino a lo largo del cumplimiento de la condena. Por eso Pascastillo afirma hoy que La libertad de los policías metropolitanos depende de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
