Un proceso que no es democrático, por Marta de la Vega
Twitter: @martadelavegav
Cuando este texto sea publicado, estaremos revisando los resultados del 21 de noviembre de 2021, un hecho constitucional que no podíamos evitar. Por su carácter, este proceso electoral no convoca a demasiados votantes. En una cultura política centralista como la predominante en Venezuela, con un régimen presidencialista, a pesar de que en la letra se trata de un estado federal, no tiene el mismo peso la escogencia de mandatarios locales, municipales y estadales, es decir, concejales, alcaldes y gobernadores, que de presidente de la república.
A pesar del logro importante para la descentralización y democratización de la democracia cuando, a partir del 3 de diciembre de 1989, por primera vez los funcionarios regionales fueron electos por sufragio universal para el período 1990-1993 en lugar de ser designados desde el poder central, aún muchos ciudadanos se desentienden de participar.
No hay tradición de rendición de cuentas ni de contraloría social para asegurar que haya una buena administración de los espacios públicos que nos pertenecen y que a todos nos afectan.
El panorama de la crisis es tan complejo y están tan enredadas las opciones para escoger la mejor alternativa en función del país deseable que no tenemos que, entre demócratas serios y convencidos, que no son ni oportunistas ni inmediatistas, ni demagogos ni miopes y que no se dejan sobornar por 30 monedas ni van a sufrir una metamorfosis kafkiana que los convierta en “alacranes”, las posiciones son encontradas y los argumentos son igualmente razonables y válidos frente al dilema de votar o no votar.
Es cierto que, en las actuales circunstancias, nuestro voto no elige. Son muchas las triquiñuelas para torcer la voluntad del electorado, para saltarse por encima la Constitución vigente, para imponer un reglamento sobre una ley orgánica y contravenir los mandatos constitucionales en el criminal afán de aferrarse al poder de la camarilla militar civil que controla las instituciones públicas venezolanas, con la complicidad interesada de los regímenes extranjeros que conforman la geopolítica criminal y antidemocrática, estrechamente vinculada al entramado del crimen organizado transnacional.
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A pesar de los reclamos legítimos, legalmente sustentados de dos anteriores rectores del consejo nacional electoral y de un jurista tan avezado como Gerardo Blyde, los propios rectores actuales de ese poder público justifican decisiones ilegítimas e ilegales porque la ley es interpretada al capricho del régimen y sus necesidades.
De este, son portavoces sin disimulo los rectores designados, por cierto, de manera igualmente anticonstitucional, que no esconden su subordinación al régimen ni cumplen su función como garantes de la autonomía e independencia de un poder público al servicio de toda la ciudadanía y no de una parcialidad política.
Las votaciones regionales son, para unos, un medio de protesta y un impulso a los movimientos ciudadanos para “recuperar trincheras de lucha”, “espacios estratégicos”, como señalaba José Virtuoso, S.J., Rector de la UCAB en entrevista del 20 de julio pasado. Para otros, estas elecciones son ilegítimas y, por tanto, una farsa electoral que no van a convalidar, como sostiene el dirigente Andrés Velásquez, de Causa R. Para colmo, la incoherencia, miopía e inmediatismo de algunos dirigentes de las fuerzas democráticas han generado pérdida de credibilidad, de respeto y desconfianza en los electores acerca de los propósitos políticos que los motivan.
La pregunta clave es ahora, como apunta el 19 de noviembre de 2021 el pensador Ramón Piñango, al referirse a la pandemia de covid 19, “si somos capaces de actuar todos unidos por el bien del país”. Sin duda, peor aún que la pandemia, es el gobierno de facto en su fase madurista.
Está claro que, como lúcidamente refería el 14 de julio pasado Luis Ugalde, S.J., “ni la votación ni la abstención son suficientes para salir del lamentable «socialismo del siglo XXI», un régimen de muerte, de miseria y de falta de esperanza. Pero es una oportunidad para poner en la calle el grave malestar, para que el día después, 22 de noviembre, «estemos más movilizados, organizados e indignados para salir del actual desastre. Que el mundo y nosotros mismos nos veamos deseosos y capaces de liberarnos». Y tracemos un camino unitario para reinventar la democracia, que sea consecuente con sus principios, exigente y sin demagogias.
Marta De La Vega es Investigadora en las áreas de filosofía política, estética, historia. Profesora en UCAB y USB.
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