Un prófugo de la justicia estuvo detrás de las millonarias ventas de ascensores argentinos a Venezuela
José Vicente “Chente” Amparan, acusado en Estados Unidos por el presunto desvío de fondos de PDVSA, es el dueño de una empresa offshore vinculada a Ascensores Servas, que también recibió un contrato de la estatal venezolana. La justicia argentina investiga la maniobra
Un prófugo de la justicia estuvo detrás de las millonarias ventas de ascensores argentinos a Venezuela
José Vicente “Chente” Amparan, acusado en Estados Unidos por el presunto desvío de fondos de PDVSA, es el dueño de una empresa offshore vinculada a Ascensores Servas, que también recibió un contrato de la estatal venezolana. La justicia argentina investiga la maniobra
Un prófugo de la justicia estuvo detrás de las millonarias ventas de ascensores argentinos a Venezuela
José Vicente “Chente” Amparan, acusado por la justicia estadounidense por el presunto desvío de fondos de PDVSA, es el dueño de una empresa offshore vinculada a Ascensores Servas, que también recibió un contrato de la estatal venezolana. La justicia argentina investiga la maniobra
Por Iván Ruiz, María Fernanda Sojo y Armando Altuve
M arcos Ochoa trabajaba como enfermero en el hospital Victorino Santaella, en Los Teques, Venezuela, cuando sufrió un paro cardíaco. Necesitaba ayuda urgente, pero la atención médica se demoró aún estando dentro del hospital porque no había ascensores en funcionamiento para trasladarlo hasta el piso donde atendían las emergencias. Su corazón no resistió. Marcos murió esperando que llegara el único ascensor que funcionaba de los 18 disponibles en ese centro. Esta situación se repetía en casi todos los hospitales públicos de Venezuela, aseguraban sus compañeros cuando protestaron por su muerte, en octubre de 2015.
El Victorino Santaella, que forma parte de la Red Hospitalaria Pública Nacional de Venezuela, era una de las instituciones que tendría que haber sido modernizada con la llegada de los ascensores y montacargas de la empresa argentina Ascensores Servas SA, según fuentes sindicales. El fideicomiso bilateral acordado por los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner tuvo a esta compañía como una de las primeras beneficiarias con un contrato por US$ 25 millones con el Ministerio de Salud firmado en 2005, una década antes del incidente de Marcos. La empresa tenía que proveer, instalar y mantener más de 150 ascensores en 35 hospitales públicos, pero no todos los centros se beneficiaron con sus aparatos.
Ascensores Servas fue también una de las primeras compañías argentinas que quedó bajo la lupa por supuestas irregularidades en el fideicomiso entre Venezuela y Argentina. El ex embajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, dijo en abril de 2010 que existía una “embajada paralela” manejada por el entonces ministro argentino Julio De Vido que funcionaba al ritmo de los millonarios negocios bilaterales con sospechas de corrupción. El diplomático declaró ante la justicia que funcionarios le habían pedido a José Aizpún, accionista mayoritario de Ascensores Servas, sobornos de entre el 15% y 20% de sus contratos disfrazados de “comisiones”. Pero el empresario argentino negó la acusación y el expediente judicial, 13 años después, no ha prosperado.
Por Iván Ruiz, María Fernanda Sojo y Armando Altuve
M
arcos Ochoa trabajaba como enfermero en el hospital Victorino Santaella, en Los Teques, Venezuela, cuando sufrió un paro cardíaco. Necesitaba ayuda urgente, pero la atención médica se demoró aún estando dentro del hospital porque no había ascensores en funcionamiento para trasladarlo hasta el piso donde atendían las emergencias. Su corazón no resistió. Marcos murió esperando que llegara el único ascensor que funcionaba de los 18 disponibles en ese centro. Esta situación se repetía en casi todos los hospitales públicos de Venezuela, aseguraban sus compañeros cuando protestaron por su muerte, en octubre de 2015.
El Victorino Santaella, que forma parte de la Red Hospitalaria Pública Nacional de Venezuela, era una de las instituciones que tendría que haber sido modernizada con la llegada de los ascensores y montacargas de la empresa argentina Ascensores Servas SA, según fuentes sindicales. El fideicomiso bilateral acordado por los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner tuvo a esta compañía como una de las primeras beneficiarias con un contrato por US$ 25 millones con el Ministerio de Salud firmado en 2005, una década antes del incidente de Marcos. La empresa tenía que proveer, instalar y mantener más de 150 ascensores en 35 hospitales públicos, pero no todos los centros se beneficiaron con sus aparatos.
Ascensores Servas fue también una de las primeras compañías argentinas que quedó bajo la lupa por supuestas irregularidades en el fideicomiso entre Venezuela y Argentina. El exembajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, dijo en abril de 2010 que existía una “embajada paralela” manejada por el entonces ministro argentino Julio De Vido que funcionaba al ritmo de los millonarios negocios bilaterales con sospechas de corrupción. El diplomático declaró ante la justicia que funcionarios le habían pedido a José Aizpún, accionista mayoritario de Ascensores Servas, sobornos de entre el 15% y 20% de sus contratos disfrazados de “comisiones”. Pero el empresario argentino negó la acusación y el expediente judicial, 13 años después, no ha prosperado.
Ascensores Servas fue una de las primeras compañías argentinas que quedó bajo la lupa por supuestas irregularidades en el fideicomiso entre Venezuela y Argentina.
El fideicomiso estatal con Argentina movió US$ 2.500 millones durante más de una década y fue cerrado en 2016 por múltiples sospechas de corrupción por sobreprecios y contratos incumplidos. Fue un paraíso para los oportunistas. Fue un negocio redituable tanto para los nuevos “bolichicos argentinos”, empresarios que se hicieron ricos exportando a Venezuela, como para los funcionarios que financiaron a través de mecanismos estatales decenas de contratos que incluían los más diversos productos argentinos a cambio del combustible de PDVSA.
Una alianza periodística liderada por Transparencia Venezuela y el CLIP con el apoyo de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) tuvo acceso a una filtración de decenas de reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina que revelan los millonarios movimientos realizados por estos empresarios después de vender a Venezuela, en varios casos, con sobreprecios de hasta el 300%. Los documentos revelan cuánto dinero ganaron, cómo ocultaron esos fondos y qué maniobras hicieron para blanquearlo, entre otros detalles hasta ahora desconocidos.
El caso de Ascensores Servas es apenas un ejemplo aunque de los más destacados, pues la denuncia permanece en los tribunales desde 2010, sin acusación alguna hasta el momento. Los reportes de la UIF revelan que la compañía argentina realizó transferencias a sociedades de papel registradas en paraísos fiscales que estuvieron bajo la lupa de las autoridades por el posible encubrimiento de sobornos y fuga de capitales. Del otro lado, esos giros fueron recibidos por un abogado venezolano, que años más tarde fue acusado en Estados Unidos por blanquear dinero opaco de la corrupción en Venezuela y permanece prófugo, según pudo reconstruir esta investigación periodística.
Las amistades de “Chente” Amparán
Lejos de verse afectada, los negocios de Ascensores Servas con Venezuela prosperaron tras el escándalo de la “embajada paralela”. Apenas un mes después de la acusación del exembajador Sadous, en mayo de 2010, la compañía argentina consiguió un nuevo contrato por US$ 9,5 millones, esta vez con PDVSA, para instalar y mantener 26 ascensores en sus edificios públicos, según los documentos oficiales. Entonces la empresa estatal era presidida por el conocido zar petrolero, Rafael Ramírez, señalado dentro y fuera de Venezuela por presuntos hechos de corrupción.
Las ganancias de la compañía argentina se dispararon: sólo entre septiembre de 2010 y marzo de 2012, registró ingresos por US$ 27 millones por ventas al exterior, la mayor parte bajo el concepto formal de “cobro anticipado de exportaciones”. Este era un beneficio de las firmas que operaban bajo el fideicomiso bilateral, que cobraban más de la mitad de los contratos antes de haber enviado la mercadería. Los activos de la compañía crecieron un 129% entre 2011 y 2012, según los balances analizados por expertos de la UIF de Argentina.
Las abultadas ganancias de Ascensores Servas y los consecuentes movimientos de fondos en el sistema bancario les dieron verosimilitud a los dichos de Sadous. Meses después de su declaración ante la justicia, la empresa argentina inició maniobras con sociedades offshore, a las que nombró como sus representantes comerciales en distintos países. Les pagó un porcentaje de sus supuestas ganancias por un valor de US$ 5,5 millones entre 2010 y 2012 que encendieron las alarmas entre las autoridades argentinas, según documentos confidenciales, registros públicos y filtraciones internacionales que revisó este equipo periodístico.
Ascensores Servas firmó un contrato en noviembre de 2010 con Latam Business Consultants INC, registrada en las islas Saint Kitts & Nevis. La empresa argentina la nombró como su “agente de negocios” en Venezuela para representar y asistir en la comercialización de sus productos. Se estableció que Latam Business recibiría una comisión del 10% sobre el monto total de ventas, en el rango que había señalado Sadous. La compañía argentina envió transferencias entre septiembre y diciembre de 2011 por un millón de dólares a una cuenta bancaria de esta sociedad en la isla de Curazao.
US$ 1 millón pagó Ascensores Servas a una empresa offshore manejada por José Vicente Amparan Croquer como una supuesta comisión para vender sus productos en Venezuela
¿Quién estaba detrás de esa empresa offshore? Ascensores Servas había contratado, en realidad, a José Vicente “Chente” Amparán Croquer -representante de Latam Business Consultants- como su delegado comercial en Caracas, según consta en los Pandora Papers divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El abogado venezolano fue, años después, acusado en Estados Unidos por la trama de lavado conocida como “Money Flight” que desvío y blanqueó de US$ 1200 millones provenientes de PDVSA, justamente la misma empresa que había firmado el contrato con Ascensores Servas. Ahora permanece prófugo.
La justicia estadounidense relacionó a Amparán Cróquer con Carmelo Urdaneta, un exfuncionario que Rafael Ramírez designó en cuatro cargos en el Ministerio de Energía y Petróleo. Urdaneta también es uno de los implicados en la trama Money Flight, que habría pagado a Amparán Cróquer el apoyo brindado para blanquear los fondos de la petrolera venezolana con un lujoso apartamento ubicado en Florida (Estados Unidos) valorado en 5,3 millones de dólares, según indica el portal Corruptómetro de Transparencia Venezuela.
Hubo más movimientos en el Caribe. Ascensores Servas firmó, un año después (diciembre de 2011), un contrato con la sociedad panameña Hi-Tech Equipments, que la designó como su “agente de negocios” en dicho país y estableció como remuneración un 5% sobre el monto total de ventas. El representante de la offshore era José Ignacio Aizpún, hijo de José Aizpún, principal accionista de la empresa de ascensores, según información de la UIF. Meses después llegaron las transferencias: la empresa argentina envió cerca de US$ 3 millones a Hi-Tech y a Consultora Cima 64 (Panamá) bajo el concepto de servicios empresariales, profesionales y técnicos.
Una persona no identificada alertó a la UIF porque “los términos de los contratos resultan demasiado generales, por lo que no surge de manera clara y concreta qué servicios prestaron estas sociedades para resultar beneficiarias de tales transferencias”. Los expertos del organismo fueron más contundentes: “La estructuración de las operaciones de comercio exterior, cambiarias, y societarias, así como los porcentajes de remuneración (10% y 5%) de las actividades de las sociedades intermediarias de reciente constitución, radicadas en Panamá y Saint Kitts & Nevis, en conjunto con las transferencias enviadas a Curazao, no podemos descartar que correspondan al desvío de fondos para el pago de sobornos, sin perjuicio de su utilización con fines de planificación impositiva”.
La unidad antilavado argentina señaló, además, que el envío de giros a una sociedad extranjera manejada por la propia familia Aizpún podrían ser parte de maniobras de evasión impositiva o “fuga de capitales”. Y recordó que la empresa argentina había omitido ingresar al país parte de sus ganancias por el comercio con compañías estatales venezolanas. Este equipo periodístico se puso en contacto telefónicamente con la sede de Ascensores Servas en Buenos Aires, pero desde la empresa prefirieron no responder las preguntas enviadas. Amparan Croquer tampoco atendió a mensajes enviados por redes sociales.
La AFIP -la autoridad impositiva argentina- había tomado nota de la actividad en el exterior de Ascensores Servas y la denunció en noviembre de 2014 por “transgresión al Régimen Penal Cambiario” por 158 operaciones pendientes de regularización desde 2009, que implicaba casi US$ 40 millones. El Banco Central de Argentina le prohibió a la compañía efectuar operaciones de cambio sin su autorización previa, indicaron las autoridades del organismo tributario en documentos judiciales. Sin embargo, la compañía no tiene actualmente investigación alguna en curso por esos fondos que habían sido señalados por AFIP, indicaron fuentes judiciales.
Al ritmo de los negocios venezolanos, los accionistas de Ascensores Servas fueron multiplicando sus sociedades: los nombres de la familia Aizpún aparecen en distintas compañías abiertas en Argentina, Panamá y Estados Unidos, algunas de las cuales permanecen activas, según los registros públicos consultados para esta investigación. Los últimos Reporte de Operación Sospechosa llegaron entre diciembre de 2014 y marzo de 2015, cuando la empresa compró dos inmuebles en la provincia de Buenos Aires.
Más allá de los supuestos sobornos pagados para obtener el contrato de los ascensores, el cumplimiento del contrato también está en duda. La cantidad de aparatos acordados con el Ministerio de Salud no estaban en funcionamiento tanto en hospitales como en otros edificios públicos. Se había recibido en 2006, dos años después de haberse firmado el contrato, apenas un tercio de los ascensores pactados y muchos de ellos no habían sido instalados, según consta en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Salud de ese año, la última información pública disponible.
Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, contó a este equipo periodístico que algunos ascensores llegaron a los hospitales pero “con el tiempo empezaron a fallar” por la falta de mantenimiento. “Con los ascensores ocurrió lo mismo que con otros contratos del área de Salud que se firmaron con Argentina: se trajeron los equipos, pero muchos no se instalaron y, en el caso de los aparatos instalados, fallaban con el tiempo por no contar con mano de obra calificada para hacer los mantenimientos, ni menos con las piezas para hacer esas reparaciones”, explicó.
La UIF envió los dos informes, elaborados en 2016 y 2018, a los tribunales argentinos con todas las pruebas antes mencionadas. El juez Julián Ercolini ya había enviado distintos exhortos a Caracas para pedir información clave para el avance del expediente, pero nunca tuvo respuesta de las autoridades venezolanas, que prácticamente bloquearon la investigación argentina. La pesquisa sobre los empresarios detrás de Ascensores Servas prácticamente no ha avanzado en Buenos Aires, pero el expediente se mantiene abierto, informaron fuentes judiciales.
Después de la denuncia del exembajador Sadous, el gobierno de Néstor Kirchner le retiró funciones hasta su retiro. El ministro De Vido lo denunció por falso testimonio y la justicia sí avanzó con ese caso hasta llevarlo a juicio oral. Falleció el año pasado, lejos de la diplomacia. Como Marcos, el enfermero venezolano que murió esperando un ascensor, Sadous murió esperando algo de justicia.
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