Una agenda ambiental para el Perú, por Ana Watson y Deborah Delgado
Twitter: @Latinoamerica21
La segunda vuelta de la campaña electoral peruana estuvo marcada por el miedo, la polarización y la abundancia de propuestas económicas vinculadas a la extracción de recursos naturales. A pesar de la pronunciada conflictividad socio-ambiental y la creciente importancia global de las crisis ambientales, las propuestas de ambas tiendas políticas vinculadas al medioambiente fueron tratadas de forma muy superficial.
La pandemia y la agenda ambiental
El Perú tiene la segunda extensión amazónica más grande—superado solo por Brasil— y más de uno de cada cinco peruanos se autoidentifica como indígena. Durante el 2020, el país registró su récord histórico de pérdida de bosque amazónico, cinco defensores ambientales fueron asesinados y se registraron 140 casos de conflicto ambiental y un incremento de personas heridas y fallecidas en relación a 2019.
En Perú la pandemia no solo significó el dolor de miles por la pérdida de seres queridos sino también la profundización de grandes inequidades en las zonas rurales.
Allí, la pobreza y la crisis ambiental empeora a medida que se expanden sin freno numerosas industrias ilegales, como la producción de cocaína, la tala y la extracción de oro aluvial.
Durante estos tiempos de crisis, el Congreso peruano rechazó la aprobación del acuerdo de Escazú y se trazó un camino para incentivar o destrabar la economía con la flexibilización de algunas regulaciones ambientales. Por otro lado, el Ministerio del Ambiente fue impulsando iniciativas y disposiciones técnicas. Por ejemplo, en 2020 se aprobó el reglamento de la Ley Marco sobre el Cambio Climático, y en abril de este año el gobierno aprobó un decreto con el objetivo de mitigar y prevenir riesgos a los defensores ambientales.
Estos esfuerzos, sin embargo, son difíciles de llevar a la práctica por lo que la integridad de las áreas naturales protegidas y otras zonas corren peligro de quedar expuestas a la deforestación, la cual se ha incrementado notoriamente en estos años.
Un discurso centrado en el hombre y el crecimiento económico
En el debate presidencial del 23 de mayo y los planes de gobierno de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) ninguno de los candidatos presentó un cuadro técnico ambiental sólido. Por un lado, el plan del candidato de izquierda, sin elaborar las estrategias de implementación, resaltó la importancia de disminuir los conflictos socioambientales y revalorar el conocimiento tradicional. Mientras que la candidata de la derecha resaltó la importancia de transformar la naturaleza en riqueza monetaria, pero con estándares ambientales.
*Lea también: Perú: «Es el empleo, estúpido», por José de la Torre Ugarte y Álvaro Zapatel
Después de más de dos décadas de intensificación de las actividades extractivas, las zonas rurales afectadas no presentan mejorías ni un aumento de los servicios sino una creciente desconfianza hacia el Estado centralista.
Las propuestas de Keiko Fujimori de incrementar la distribución de ganancias económicas y bonos de ayuda social hacia las poblaciones de zonas extractivas no fueron suficientes. Y fue Pedro Castillo, quien proviene del ámbito rural y propone un cambio de modelo de desarrollo, quien recibió en esas zonas el respaldo de una mayoría contundente. Esto indica que la compensación económica no parece ser una alternativa atractiva para estos ciudadanos marginados que dependen cultural, social y económicamente de un ambiente saludable para su supervivencia.
El reto de una agenda ambiental
Frente a la crisis del covid-19, los ciudadanos que viven en zonas con una presencia intermitente o poco articulada del Estado central se refugiaron en sus conocimientos tradicionales y se mantuvieron activos defendiendo su vida, su territorio y sus derechos.
Tras varios días de la elección y sin un ganador oficial debido a los procesos de impugnación, la campaña de miedo que evidencia las diferencias entre las urbes costeñas y el resto del país continúa.
Por un lado, desde la derecha la campaña de miedo se basa en señalar los vínculos de la izquierda con el terrorismo y de que esta convertirá al país en una nueva Venezuela. Mientras que, por el otro lado, la izquierda advierte de un regreso al neoliberalismo autoritario de los 90 que vulneraba los derechos humanos. Y si bien ambas partes retoman la idea de progreso en su discurso, lo hacen a través de campañas que en última instancia se basan en el miedo.
Enfoques no articulados y centrados en un solo discurso no ofrecen una real solución para las pocas elaboradas propuestas ambientales de ambos candidatos. La corrupción frena los esfuerzos de protección del medio ambiente y se nutre de la mercantilización de la naturaleza a la vez que pone en riesgo a los defensores de la tierra. Pero la lucha anticorrupción por sí sola no es suficiente.
Las políticas ambientales requieren de un fuerte componente científico y tecnológico. Sin embargo, su producción no necesariamente es inclusiva y tiene una limitada articulación con la elaboración de políticas.
Garantizar la participación de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones es clave, pero no será suficiente si la participación no es interactiva, sostenida y vinculante en la toma de decisiones.
¿Por qué la democracia y el ambiente van de la mano?
Con una economía dependiente de las actividades extractivas y una larga historia de exclusión de las poblaciones indígenas —evidenciada en esta campaña—, las agendas ambientales y decoloniales se entrelazan y se hacen más urgentes en Perú.
El territorio peruano sostiene una gran diversidad cultural y biológica, pero al mismo tiempo es un espacio racializado. La agenda de recuperación ambiental y económica del nuevo gobierno debería incluir una comprensión profunda y dinámica de la relación entre las personas y los diversos paisajes peruanos. En las últimas décadas se ha avanzado en políticas ambientales y en derechos indígenas, pero ha sido insuficiente.
Esta campaña electoral, cargada de argumentos diferenciadores y jerarquizantes con tendencias racistas, quizás está señalando los elementos fundamentales para crear una agenda ambiental integral que aborde los problemas estructurales de una sociedad multicultural y multiétnica.
Ana Watson es candidata al doctorado en Geografía en la Universidad de Calgary (Canadá) e integra el grupo de investigación de Política y Gobernanza Medioambiental. Tiene una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especializada en biodiversidad.
Deborah Delgado es socióloga, investigadora y profesora adjunta de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y en Desarrollo Internacional por la Universidad Católica de Lovaina. Especializada en políticas ambientales y climáticas con enfoque en la Amazonía.
www.latinoamerica21.com, un medio plural comprometido con la divulgación de información crítica y veraz sobre América Latina.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
