Una nueva constitución del siglo XXI y una segunda república para Perú, por Jesús Tovar
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Una constitución política no es un fin en sí misma, es un instrumento para una meta superior: la cohesión pacífica de una sociedad. Este ordenamiento puede ser de carácter autoritario, concentrando todos los poderes en una persona o grupo o de carácter democrático cuando la voluntad de todos rige mediante la delegación de poderes a ciertos representantes electos. Ambos tipos de ordenamientos son eficaces en tanto vinculen el comportamiento de la mayoría al acatamiento de las normas (legalidad) y se ejerza la violencia contra aquellos pocos que subvierten dicho orden por motivaciones egoístas y vulnerando derechos de terceros establecidos por ley (Estado de derecho).
La actual constitución política peruana ya no cumple dicha finalidad. Este instrumento legal no logra la cohesión social necesaria para preservar la paz y el cumplimiento de las leyes. Si bien esta constitución fue creada en un contexto autoritario y validado de forma no consensual, logró en su momento la legitimidad necesaria para crear un orden social que fue prolongando luego de la caída del régimen político que lo instauró: el fujimorismo. Dicha vigencia explica el apoyo electoral que mantiene dicho movimiento en las últimas dos décadas.
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La base conceptual del actual ordenamiento constitucional es que la armonía social reside en las reglas del libre mercado, por ende, el Estado tiene un rol amenguado de control y legitimización. Incluso, las fallas de dicho mercado que desestabilizan periódicamente la paz social, son restablecidas por el Estado con recursos públicos y a través de la fuerza pública. La base empírica de la viabilidad de este ordenamiento constitucional ha sido el crecimiento económico, el cual tuvo como causa principal un factor exógeno, como fue el ciclo de expansión económica internacional que empezó a declinar en el 2018 y ha llegado a su fin en 2020 con la debacle sanitaria mundial que trajo consigo la pandemia del Covid-19.
En ese sentido, la anomia, el alto grado de conflictividad y la inestabilidad política que atraviesa actualmente el Perú necesita de una nueva constitución.
Una constitución que cumpla los siguientes requisitos. Que se elabore bajo condiciones de legitimidad (asamblea constituyente electa) y de aprobación a través de una voluntad supermayoritaria (dos tercios). Que incluya derechos individuales y colectivos que permitan una vida digna y pacífica en las nuevas condiciones del siglo XXI. Que establezca las instituciones para un funcionamiento equilibrado, contrapesado y coordinado de los poderes del Estado que permita la gobernabilidad necesaria y la suficiente estabilidad política.
Otras condiciones que se necesitan alcanzar para superar la actual inestabilidad política son: que se abran las puertas de la participación política para que se permitan nuevos liderazgos políticos, que surjan de una real representatividad social, lo cual implicará una reforma política que renueve los partidos políticos y cambie el sistema electoral. Asimismo, que los bienes públicos y el bienestar general sean el eje de las decisiones de los gobiernos en todos sus niveles y el principal tema de discusión en los espacios de deliberación vinculantes (congresos y cabildos). Finalmente, que el nuevo contrato alcanzado nos permita recuperar la tranquilidad y la cohesión social, hoy perdida.
Una constitución democrática no solo contiene formas electorales sino que incluye a mayorías y minorías. Todos somos una minoría en algún sentido, empezando desde nuestra propia individualidad, pero somos simultáneamente mayorías en algún otro sentido: idioma, creencia, sexo, ocupación laboral, ideología, etnicidad. La dinámica de una sociedad compleja requiere de un arreglo institucional expresado en reglas de juego que permitan la unidad de esta diversidad y la viabilidad de las decisiones que expresen intereses mayoritarios respetando derechos minoritarios.
La nueva constitución debe reflejar, además, una coherencia interna que haga posible el cumplimiento de cada uno de sus artículos sin menoscabo o veto de otro.
La actual constitución tiene bloqueos internos y contradicciones que anidan conflictos y desacuerdos insuperables, que resquebrajan la convivencia social y, por ende, la unidad nacional.
El liberalismo y el socialismo prometieron utopías de finales felices si se cumplían los dogmas prescritos: la sacralidad del mercado o el imperio del Estado, respectivamente. La utopía socialista fracasó el siglo pasado con la caída del Muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética. Lo que tenemos hoy en día en el Perú es una distopía neoliberal de violencia, enfermedad e indiferencia mutua, con islotes de soberbia y riqueza ilimitada.
Un régimen que está naufragando debido a la pandemia, la cual fue a su vez provocada por el productivismo incontrolado, que ya tenía en vilo el equilibrio ecológico del planeta. En ese contexto, el neoliberalismo evalúa sacrificar la formalidad democrática en aras de su propia supervivencia. Los retrocesos democráticos en el mundo (Hungría, Polonia, la Federación Rusa) demuestran el peligro real de esta osadía.
Una constitución republicana debe poner al mercado y al Estado en su justa medida, es decir, como herramientas al servicio de la sociedad.
No son polos opuestos entre sí, son complementos en aras de una convivencia pacífica y solidaria. Se trata de promover un mercado que estimule la productividad, el crecimiento y el bienestar material, pero regulado en sus inevitables deficiencias por un Estado democrático, cuyo rol se orienta en evitar toda forma de dominación entre individuos, y garantizar la libertad de cada uno de ellos.
Doscientos años de historia deben inspirar la hechura de un nuevo pacto social; la actual constitución ha dejado de estar vigente y no garantiza los derechos ciudadanos, ni siquiera el respeto y cumplimento de sus propias leyes.
Jesús Tovar es Doctor en Ciencia Política. Profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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