Unidad no, coordinación, por Juan Manuel Trak
Twitter: @juanchotrak
Recientemente la Doctora por la Universidad de Oxford, Maryhen Jiménez, publicó un artículo en titulado Constesting Autocracy: Repression and Opposition Coordination in Venezuela [i]. Dicho documento ha servido para el debate académico y en la opinión pública digital sobre la efectividad política de los diversos grupos opositores venezolanos en el contexto de la represión que ha vivido el país desde mediados de principios del siglo XXI. La hipótesis general del artículo es que cuando la oposición se coordina tiene más posibilidades de incrementar su competitividad y asegurar victorias en un régimen autoritario competitivo.
Así, los tipos y niveles de represión por parte del gobierno autoritario tienen como finalidad destruir toda posibilidad de coordinación, mientras menor represión menor posibilidades de coordinación (todos creen que pueden ganar en buena lid), mientras que la represión extrema y diferenciada busca crear discrepancias irreconciliables entre grupos opositores según lo niveles de represión que el gobierno aplique a cada uno.
En el contexto político venezolano, el artículo de la Dra. Jiménez nos da importantes pistas para entender la complejidad no solo del sistema autoritario venezolano sino de los aciertos y errores de la oposición.
A menos de seis meses de las elecciones regionales y teniendo como antecedentes dos elecciones no competitivas (presidencial de 2018 y Asamblea Nacional de 2020), el gobierno ha decidido echar un paso atrás en lo que a condiciones electorales se refiere y, de forma unilateral, ha abierto el juego en el Consejo Nacional Electoral: nombró varios rectores vinculados a la sociedad civil y diversos partidos de oposición, quienes han avanzado en auditorías integrales en temas sensibles como el Registro Electoral y el sistema automatizado de votación. También se inició la invitación de la observación internacional calificada y se reactivó la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Si bien hay sectores excluidos, como los partidos Redes, Vente o Marea Socialista, cuyos registros fueron arbitrariamente negados en la administración de Tibisay Lucena, los avances son significativos, sobre todo si se compara con lo que se hizo el año pasado en el marco de la elección parlamentaria 2020 y las norma ad hoc surgidas de la negociación con las organizaciones de la Mesa de Diálogo Nacional (MDN).
Evidentemente esta aparente apertura tiene una intencionalidad y no responde a un cambio sustancial en la naturaleza política del gobierno de Maduro.
De hecho, en otras arenas del proceso político venezolano persiste el autoritarismo puro y duro, el caso de los activistas de derechos humanos de FundaRedes apresados en Falcón es una muestra de ello, también el aplastamiento a toda disidencia dentro del PSUV en la primera fase de su proceso de selección de candidatos para las elecciones regionales.
Sin embargo, la aparente apertura en la arena electoral subnacional es el resultado de un contexto político favorable para el gobierno. A pesar de la precaria situación económica y humanitaria que vive el país, el gobierno ha logrado adaptarse a la destrucción que hizo de Pdvsa, a las sanciones que se implementaron posteriormente a la industria petrolera venezolana, así como a otros sectores económicos del país durante la presidencia de Donald Trump. Dicha adaptación vino acompañada de un costo humanitario altísimo para la sociedad venezolana.
Las sanciones, más allá de producir un cambio político, llevaron al gobierno a profundizar en sus relaciones con regímenes autoritarios. Así mismo, como señalan en un reciente artículo la Dra. Benedicte Bull y el Dr. Antulio Rosales[ii], ambos de la Universidad de Oslo, las sanciones han llevado al gobierno a flexibilizar su política económica, no mediante una liberalización de la economía sino a través de la informalización, criminalización y militarización de las fuentes de obtención de recursos, así como la aparición de nuevas fuentes de ingresos alejadas de la formalidad e institucionalidad legal existente.
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De esta manera, una vez que el gobierno ha logrado adaptarse al efecto de las sanciones, reducir la capacidad política de la oposición mediante la represión segmentada y dividir a la coalición opositora que logró la victoria electoral en 2015, puede darse el lujo de abrir el juego político con el fin de buscar relajar las sanciones; cuyo propósito inicial no era otro sino el cambio de gobierno.
La fragmentación de la oposición, el carácter aparentemente irreconciliable de las fracturas, la descoordinación en la oferta electoral, el llamado a la abstención, la desconfianza que aún se mantiene hacia el sistema electoral, y la percepción de ineficacia política de ciudadanos, políticos y analistas es garantía de victoria de un gobierno que goza, además, de una cancha inclinada a su favor gracias al cerco comunicacional que ha impuesto y al manejo de recursos públicos para fines partidistas.
En este sentido, es cierto que al gobierno autoritario le incomodan las sanciones, pero ahora utiliza su posición de fortaleza relativa frente a una oposición diezmada, dividida y cuya mirada estratégica está anquilosada en las elección de 2018, (tanto de los que participaron como los que no) para ofrecer reformas electorales que lleven a la oposición a participar en unas elecciones en las que su poder no está en juego y así lograr relajar sanciones que son vistas de negativas por una parte importante de la población que vive en Venezuela.
La reacción de la oposición frente a este cambio ha sido el esperado, acusaciones de lado y lado, sobre quién es el culpable de que el gobierno se fortalezca y llamados a la unidad ciega. Pero la pregunta es: ¿unidad alrededor de qué o quién?
El llamado a la unidad desde una posición voluntarista, de lealtades absolutas y con una lógica mesiánica (Acuerdo de Salvación Nacional) tiene pocas posibilidades de tener éxito en tanto en cuanto no haya un diagnóstico político realista y mecanismos consensuados e incluyentes de toma de decisiones colectivas.
Para lograr coordinación, cada facción de la oposición tendría que abandonar sus posiciones de manada en la que priva la lealtad antes que la racionalidad, el voluntarismo antes que la planificación, el show mediático antes que la construcción de redes de organización y el espíritu revanchista por encima de los objetivos que son comunes.
La coordinación, tal como se lee en el artículo de la Dra. Jiménez, es «el proceso en el cual los partidos de oposición deciden trabajar juntos hacia el objetivo común de desalojar al gobierno». De esta definición se desprende que para lograr una coordinación más o menos funcional es necesario responder varias preguntas: ¿cuál es el mecanismo mediante el cual se pretende desalojar al gobierno?, ¿cuáles son las reglas de interacción y decisión para trabajar juntos?, ¿en cuáles dimensiones se está dispuesto a cooperar?, ¿cuáles son los compromisos que cada uno tendría que cumplir?, ¿cuáles son los costos que están dispuestos a pagar (en términos de sus intereses, ambiciones, preferencias y recursos) para contribuir al objetivo común?, ¿cuál es el horizonte temporal para el trabajo coordinado?
Ninguna de estas preguntas es fácil de responder y cada actor tendrá que identificar lo que está dispuesto a sacrificar. La unidad como un llamado para cerrar filas alrededor de grupos acríticos es contrario a la lógica de coordinación, pues se pide obediencia sin crítica.
En definitiva, no se necesita unidad voluntarista sino coordinación en función de los recursos y oportunidades existentes (racionalidad). Para ello imprescindible un espacio de coordinación entre las oposiciones, incluidas las provenientes del chavismo y la ciudadanía misma, y cuyo punto de partida sea la búsqueda del bienestar, la reinstitucionalización del país y el rescate de los elementos republicanos de nuestra constitución.
[i] Jiménez, M. (2021). Contesting Autocracy: Repression and Opposition Coordination in Venezuela. Political Studies.
[ii] Ver: Bull, B., & Rosales, A. (2020). Into the shadows: Sanctions, rentierism, and economic informalization in Venezuela. European Review of Latin American and Caribbean Studies, 0(109), 107. https://doi.org/10.32992/erlacs.10556
Juan Manuel Trak es Sociólogo (UCAB). Máster en Ciencia Política y Doctor en Procesos Políticos Contemporáneos (USAL).
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