¡Unión!… ¿De quiénes?, por Alejandro Oropeza G.
Twitter: @oropezag
“…es imprescindible la unidad de todos los factores democráticos
de la sociedad, sin menoscabo de ninguna condición,
[así] como es indispensable en el proceso para salir de la dictadura
y rescatar nuestra libertad, convocar la sociedad civil para aprovechar
toda su potencialidad en esta difícil etapa, dando así cumplimiento
al principio de “la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil”,
establecido en el artículo 326 de nuestra Constitución…”.
Venamerica, comunicado del 26 de enero de 2021.
La mayoría de venezolanos, dentro y fuera del país, reclama de los actores políticos y de sus organizaciones partidistas estrategias encaminadas a construir unidad como mecanismo de acción frente al régimen dictador. ¿Quién, con un pensamiento democrático y libertario, no podría estar de acuerdo con esta exigencia? Pero, es conveniente reflexionar sobre el punto, en función de determinar limitantes, alcances y ámbitos de operatividad de esta conveniente y necesaria estrategia unitaria.
Primeramente, cabría advertir que la exigencia de unidad y coordinación estratégica (de suyo, el ámbito efectivo de impacto de dicha unidad), se traduce en dos dimensiones concretas; por una parte, acción política con arreglo a fines y logro de objetivos claramente perseguidos por todos los que conformamos esa unidad y, por otra, un discurso, una narrativa que acompañe dichas acciones y permita la comunicación y la convocatoria a trabajar en pos de un futuro común como nación y como sociedad. Entonces, si bien la unidad que se reclama tiene fines políticos, no es menos cierto que los actores fundamentales que la componen son diversos.
No solo es necesaria e indispensable la unidad de los actores políticos: líderes, voceros y organizaciones partidistas que asumen responsabilidades de intermediación con la sociedad y de denuncia y atención de la compleja y abultada agenda social sino que es imprescindible que se construya unidad —con fines políticos se insiste— en el seno de la sociedad civil organizada y en el ámbito de la ciudadanía.
Tres grandes dimensiones confluyen en la acción unitaria: la política, la social y la ciudadana, lo que traduce la complejidad del tema y de los fines; complejidad que brinda oportunidades para avanzar.
Es necesario, sin embargo, tener presente en atención a la complejidad identificada, que unidad no significa unanimidad absoluta. La unanimidad absoluta es característica de la imposición de regímenes autoritarios y totalitarios a las esferas política y social, diluyendo a la acción dada en el espacio público con el Estado y el partido dominante. Es el disenso donde se fraguan las mejores oportunidades de acción. Así, es menester reconocer que las tensiones, los desacuerdos y las confrontaciones tienen que estar presentes en las discusiones que se dan entre los miembros e integrantes de una unidad; es más, tales tensiones aportan, pluralizan y enaltecen dichas discusiones y allanan el camino para el diseño de estrategias efectivas de acción.
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Ahora bien, pareciera que se exige a los integrantes de la dimensión política de la unidad un acuerdo blindado e inalterable, más allá de sus diferencias y desacuerdos lógicos. Mismos que son la base de la posibilidad de construir pactos producto de las diferencias y la pluralidad para alcanzar el objetivo.
La propia sociedad civil organizada debe motorizar y construir sus acuerdos, lo cual supone la identificación, emergencia y reconocimiento de liderazgos en su seno.
También la ciudadanía está llamada a edificar su propia unidad de propósito en atención a los valores de la cultura política democrática que es inmanente a ella, reconociendo, asimismo, los liderazgos comunitarios y ciudadanos que evolucionan de su propio núcleo.
Se trata de ampliar la base de la unidad como mecanismo de acompañamiento de los procesos encaminados a lograr la realización de elecciones generales libres, competitivas, legítimas y validadas por el acompañamiento internacional e iniciar así un proceso de transición hacia la democracia, el rescate de la institucionalidad y el Estado de derecho y el diseño sucesivo de políticas públicas efectivas para atender la agenda social y la crisis humanitaria que padece el país. Ello no es tarea exclusiva de los actores políticos.
El rol de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía no es pararse en la acera del frente a observar y criticar pasivamente las acciones de los actores políticos, como si fuera responsabilidad exclusiva de estos unirse y lograr los impactos necesarios.
Es ineludible la asunción de responsabilidades de cada actor, de cada organización, de cada ciudadano en las acciones, reconociendo y validando los liderazgos emergentes en cada una de dichas dimensiones, acompañando y desechando y denunciando estrategias para el logro de fines, cuando sea el caso. Se trata de que todos seamos corresponsables de las acciones encaminadas a alcanzar el objetivo e iniciar la transición hacia el reinicio de los procesos democráticos en nuestra muy vapuleada Tierra de Gracia.
A todos nos asiste una tarea, a cada uno corresponde una responsabilidad y la posibilidad de hacer contribuciones y, que estas sean reconocidas y escuchadas. Es esta la solicitud que emerge de organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos organizados y preocupados, dentro y fuera de Venezuela. Allí está el reciente comunicado del 26 de enero de Venamerica, dirigido al presidente encargado Juan Guaidó, entre otros, producido por organizaciones de nuestra sociedad civil que claman por estrategias unitarias efectivas y honestas.
En ese comunicado se exige la incorporación de actores de esa sociedad y de la ciudadanía al “Consejo Político”, cuyo reglamento debe ser promulgado el 5 de febrero.
Se está consciente de que la unidad, si bien tiene fines y objetivos políticos, no debe estar exclusivamente integrada por actores políticos sino que debe ser abierta, plural y diversa en su representatividad, lo que le otorga legitimidad y posibilidades. Todos, entonces, somos parte de la oposición democrática, de una resistencia institucional para lograr la transición, en donde las cuestiones sobre los fines de la unidad deben estar claramente definidos: el qué, quiénes y para qué. Han de estar asimilados por todos y que sean producto de un acuerdo social que, como tal, pueda evolucionar y variar en el tiempo.
Quizás, solo a través de esta unidad integral la oposición democrática al régimen no sea una solución en sí misma que viabilice su permanencia en la usurpación sino se convierta en un problema que lo encamine a una salida positiva para todos.
Alejandro Oropeza G. es Doctor en Ciencia Política. Escritor. Director Académico del Politics Center Academy-USA. CEO de VenAmerica, FL.
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