Uruguay: libertad responsable ante la pandemia, por Daniel Buquet
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En los últimos días en Uruguay se viene dando una situación que podría parecer una paradoja. Aumentan vertiginosamente los casos de covid-19 así como las personas vacunadas.
El gobierno, los periodistas y la comunidad científica insisten reiteradamente en pedirle a la gente que tome las máximas precauciones para evitar contagios y que se inscriba para vacunarse. Pero, el gobierno no impone restricciones mayores a la movilidad de las personas, sino que apela a la «libertad responsable», con la expectativa de que la gente no salga de su casa cuando no sea necesario y que, de ser necesario, tome las máximas precauciones.
El crecimiento exponencial de los casos ha conducido a que se reproche a la gente una absoluta falta de responsabilidad y de solidaridad social. Pero, del otro lado, grandes cantidades de personas se han registrado para vacunarse, al punto que hicieron colapsar los sistemas de agenda y llevaron a que se duplicara la capacidad de vacunación en poco tiempo. En este caso daría la impresión de que la gente muestra una actitud solidaria y responsable. ¿Cuál es la respuesta correcta?
Bienes públicos y acción colectiva
Una primera forma de razonar es que no se trata de las mismas personas: las responsables se cuidan y se vacunan mientras que las irresponsables se contagian y propagan el virus en la comunidad. Sin embargo, eso no es cierto; en términos generales las personas que se contagian y las que se vacunan son las mismas. Lo que el gobierno y los periodistas no parecen comprender es que personas perfectamente racionales puedan, al mismo tiempo, inscribirse para vacunarse mientras hacen una vida más o menos normal, dentro de las restricciones establecidas.
El problema de interpretación consiste en no saber evaluar el carácter de bien público que tiene la inmunidad colectiva. La ciencia económica estableció hace varias décadas la existencia de los bienes públicos y su diferencia con los bienes privados.
Para decirlo de forma simplificada: hay dos grandes diferencias. En primer lugar, los bienes públicos —como la limpieza de una ciudad—, una vez provistos, son consumidos por todos los individuos que integran una comunidad, no se puede excluir a nadie de su consumo. En segundo lugar, su provisión requiere la cooperación de los individuos que integran la comunidad; una ciudad no puede mantenerse limpia si la gente la ensucia, requiere que se produzca una acción colectiva.
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Los estudios de economía política mostraron hace muchas décadas que, en diversas situaciones, los intereses individuales no convergen con los intereses colectivos. Como dice el personaje de Nash en la recordada escena del bar de Una mente brillante: «Adam Smith estaba equivocado». Es el caso de los bienes públicos: aunque todos estaríamos mejor con una ciudad limpia no tenemos incentivos individuales para no ensuciar.
El razonamiento es bien simple: si yo intento colaborar con la limpieza poniendo la basura siempre en el lugar establecido y a la hora adecuada, no voy a lograr que la ciudad esté limpia si los demás no hacen lo mismo.
Por otra parte, si todos los demás lo hacen, la ciudad estará limpia aunque yo no lo haga. La conclusión es evidente: si colaborar con la limpieza tiene un costo y si la limpieza no depende de lo que yo haga, no me conviene colaborar. La situación incentiva el comportamiento que Mancur Olson —reconocido economista y politólogo estadounidense—llamó free rider (colado): puedo obtener el beneficio sin pagar el costo y evito pagar el costo sin obtener el beneficio.
En esos casos, ¿cómo se promueve la cooperación? En el trabajo de Olson se desarrolla un mecanismo: la creación de incentivos selectivos, ya sean positivos o negativos, esto es premiar las conductas cooperativas o castigar las desviaciones.
La responsabilidad de los gobiernos en la pandemia
Con estos elementos es suficiente para comprender la racionalidad de la simultánea evolución de los contagios y la vacunación.
Si el gobierno no reprime la movilidad ni premia el aislamiento, los individuos tienen incentivos para hacer su vida normal, trabajar y hacer vida social, en todo caso, tomando las precauciones que estimen pertinentes, pero contribuyendo en definitiva a la propagación de la covid.
Pero, los mismos individuos tienen incentivos para vacunarse, porque la vacuna protege al individuo además de la comunidad. La vacuna es un bien privado, produce inmunidad en el individuo que se la aplica. Y también converge con el bien público, la inmunidad colectiva, en la medida en que un número suficiente de individuos lo haga.
Ningún gobierno debería esperar que individuos racionales autolimiten su movilidad si eso les genera un perjuicio y ningún beneficio individual. La obligación de los gobernantes es conocer esta estructura de incentivos y tomar las medidas conducentes a la provisión de los bienes públicos, creando los incentivos selectivos necesarios. En este caso, estableciendo restricciones a la movilidad cuyas infracciones puedan ser castigadas. No se puede mantener abiertos los bares, restaurantes, centros comerciales y otros lugares de ocio y, al mismo tiempo, quejarse de que la gente concurra. Los gobiernos no deben esperar responsabilidad individual sino hacerse responsables.
Daniel Buquet es el Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República (Uruguay).
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