Usaron testaferros en Argentina para desviar fondos de un frigorífico de Machiques (II)
Un empresario venezolano montó una empresa fachada en Buenos Aires que firmó un contrato a través del fideicomiso bilateral con Argentina para equipar un frigorífico en Zulia. Retiró dos millones de dólares en efectivo en Buenos Aires, armó un esquema de sociedades en paraísos fiscales y luego compró un pequeño centro comercial en Estados Unidos. Las autoridades argentinas archivaron la investigación por la falta de colaboración de Venezuela
Por Iván Ruiz y María Fernanda Sojo
Hugo Chávez atendió el teléfono mientras conducía “Aló Presidente”, el programa de TV para su tribuna. Del otro lado, un funcionario militar le contaba que, tal como le había ordenado, estaba expropiando el frigorífico Fricapeca en la localidad Machiques de Perijá, en el estado de Zulia.
La medida era clave -según el mandatario- para asegurar la seguridad alimentaria allá por febrero de 2007. Chávez miró fijo a la cámara y lanzó:
“Miren, el acuerdo con Argentina es muy importante, vamos a montar laboratorios genéticos en este frigorífico, esto se abandonó aquí mucho tiempo, los productores no tuvieron apoyo de ningún gobierno. Nosotros ahora queremos ayudarlos a todos”.
Tres años antes de este anuncio, Chávez había creado un fideicomiso bilateral con Argentina para vender combustibles de Pdvsa a precios convenientes, a cambio de alimentos y maquinarias enviados desde Buenos Aires. La remodelación del frigorífico costó US$ 7,8 millones que salieron de ese fondo binacional. La empresa estatal venezolana CVA Lander Carnes y Pescados SA contrató a la argentina Baldric SA, que había sido creada apenas meses antes, mediante testaferros. El dueño era el ciudadano venezolano José Domingo Correia Leca. Esta empresa pantalla consiguió el negocio sin avalar su idoneidad ni experiencia.
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Baldric fue contratada para suministrar y montar equipos frigoríficos, pero el proyecto demoró años en ponerse en funcionamiento y, un lustro después de ese contrato, en 2013, apenas funcionaba a menos del 20% de su capacidad. Una investigación periodística liderada por Transparencia Venezuela y el CLIP con el apoyo de Organized Crimen and Corruption Reporting Project (OCCRP) demostró que parte del dinero nunca se invirtió en el frigorífico y, en cambio, fue directamente a las cuentas personales de Correia Leca.
El empresario montó un entramado de sociedades offshore para mover los fondos y, años después, compró un pequeño centro comercial en Estados Unidos, según pudo reconstruir esta investigación, que analizó informes secretos de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, registros oficiales, documentos públicos y filtraciones en paraísos fiscales. A pesar de que los organismos de control y otras entidades advirtieron sobre las maniobras sospechosas, la justicia argentina archivó la investigación argumentando la falta de respuesta desde Venezuela.
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