Valencia, el exterminio de una ciudad noble, por Pascual Curcio Morrone
Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción.
Simón Bolívar.
El mayor libertador de pueblos oprimidos del hemisferio estaba muy claro en que la educación es el más fundamental de los derechos humanos, inalienable, su dominio o posesión no se debe enajenar o transferir porque es sustancia misma del crecimiento humano y no es posible separarla de la persona, ya que están unidas por naturaleza y, en tal sentido, la educación ambiental es prioritaria, tal cual como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 107, cito: «La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal…»
La vida en libertad es quizás el mayor logro político del ser humano a lo largo de la historia; el destacado filósofo helénico Aristóteles desde el siglo IV antes de Cristo se refería a ella como una virtud fundamental para la propia convivencia y la llamó «liberalidad» –eleuthería en el contexto teórico de los filósofos de esa época–, pero su ejercicio supone el uso prudente de las riquezas, es decir, un justo medio entre la avaricia y la prodigalidad, indispensable equilibrio de impacto político porque se sustenta bajo el supuesto de que la ciudadanía posee la virtud de la ética –honestidad– en sus actividades cotidianas como requisito mínimo necesario para la propia existencia unitaria de la «polis»–ciudad.
En tal sentido, la proyección del no respeto a la legislación vigente por parte de las autoridades electas para el ejercicio del gobierno local, la ambición económica desmedida en la ejecución de negocios unido al culto de un hedonismo exagerado que se apodera de todo un colectivo –necesidad de un consumo de bienes y servicios impuestos mediáticamente como obligación para mantener un «estatus» en la convivencia social–, conducen a un estado de desunión ciudadana, locura colectiva, que pierde la perspectiva de una conveniente convivencia apegada a responsabilidades compartidas y, por la falta de una expedita justicia social que corrija desviaciones de los principios éticos que permitieron la propia creación de la vida urbana, se llega al extremo de pasar por alto y hasta de ignorar o desconocer normativas legales hechas para su propio bienestar como lo son las de carácter ambiental, su garantía de una vida saludable.
La República Bolivariana de Venezuela posee una legislación en materia ambiental de las más completas del hemisferio, abarca todo los espacios teóricos que envuelven el propio término ambiente, incluyendo reglamentos de uso, prohibiciones de actividades susceptibles de degradar al medio físico–natural y sanciones a infractores, siendo una de las últimas legislaciones emitidas por el Poder Legislativo Nacional la Ley de Calidad de las Aguas y del Aire de fecha 28/diciembre del año 2015 y publicada en Gaceta Oficial número 6207 extraordinaria; sin embargo, todo el colectivo valenciano no se da ni por enterado de su existencia, siendo la normativa legal vigente más violentada en todo el contexto urbano de la ciudad; un área metropolitana donde se abren sin ningún tipo de reparos pozos para sustraer aguas de los acuíferos, se drenan aguas residuales sin tratamiento en toda la extensión de la cuenca endorreica del lago de Valencia –un cuerpo de agua ecológicamente muerto–, se queman los residuos sólidos a cielo abierto –manifestaciones del colectivo popular que hace vida en el sector Tocuyito presionaron para reclamar tal práctica indebida, siendo mudada por las autoridades locales la disposición de los residuos sólidos domésticos generados por la ciudad hacia áreas cercanas al lago ecológicamente muerto, pero continuando con la práctica de una quema prohibida taxativamente por la ley–, citaremos por último un hecho antiambiental muy de moda y que se ha impuesto desde el punto de vista mediático en la cotidianidad urbana como factor de revalorización de bienes inmuebles: la proliferación de plantas para producir electricidad, importadas desde EEUU y a un costo hasta 10 o 15 veces mayor si su instalación fuese en territorio norteamericano; por otra parte, son de una vida útil muy variable, entre 2.500 horas hasta un máximo de 9.000 horas de funcionamiento, por lo que en un corto plazo se convertirán en chatarras contaminantes, un adicional problema contemplado en la Ley de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos publicada en Gaceta Oficial número 5554 del 13/ noviembre del año 2001 y no considerado por las autoridades ambientales en la ciudad de Valencia.
En efecto, a pesar de que la novedosa Ley de Calidad de las Aguas y del Aire del año 2015 establece claramente en su artículo 61 la prohibición de generar nuevas fuentes de contaminación atmosférica, precisamente a partir del referido año se vienen sucediendo en la ciudad de Valencia una serie de apagones e inestabilidad en el suministro del servicio eléctrico que ha conducido a un estado de alarma generalizado donde ha predominado la idea o posibilidad en el colectivo de una dotación privada, anárquica, sin ningún control por parte de los entes del gobierno como la misma ley lo exige para poder continuar con la normalidad de un servicio básico que por ley debe ser suministrado por el Estado; llegándose actualmente a una proliferación de plantas generadoras de energía eléctrica en residencias y mediáticamente inducido tal consumo por una publicidad que muestra una facilidad para adquirir e instalar estas maquinarias –todas importadas–, ocultándose el potencial de muerte que en ellas existe y el cual explicaremos a continuación.
El informe Costs of air pollution from european industrial facilities 2008–2012 realizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y publicado en diciembre del año 2014, precisó que el sector más contaminante es el eléctrico en cuanto a emisiones de gases de efecto de invernadero a la atmósfera – con daños severos a mortales en la salud de los ciudadanos y su medio ambiente, la producción de un Mwh genera una emisión de hasta 688 kg. de monóxido de carbono (CO), con la condición de existencia de un estado óptimo de funcionamiento y/o mantenimiento de la planta generadora -.
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Una planta para la generación de electricidad de 10kvA puede producir la misma cantidad de monóxido de carbono de decenas de autos y puede matar a toda una familia en minutos si su concentración supera los 50 ppm (partes por millón) – límite internacionalmente aceptado (REL) 35 ppm – y, aunque su concentración en la atmosfera se estima en 0,001%, el problema de su toxicidad se enfoca principalmente hacia las zonas urbanizadas y con impactos severos a la salud en espacios cerrados, por lo que todas las legislaciones internacionales recomiendan la instalación de estas plantas, de estar autorizadas por la autoridad competente, a una distancia lejana de, al menos, 10 metros de cualquier habitación dormitorio – concentraciones ambientales superiores a 1/20 produce muerte fulminante, realidad que puede ocurrir con facilidad en espacios cerrados, característica físico – espacial intrínseca de todos los condominios residenciales urbanos -. La intoxicación por monóxido de carbono – atención, no es el único contaminante que producen estas plantas generadoras de electricidad, también producen oxido de nitrógeno, hollín, compuestos de azufre y plomo, metales pesados por el desgaste de sus aleaciones debido a la intensidad de la combustión como mercurio, cadmio y arsénico entre otros – es peligrosa para las personas y mascotas porque se fija en la hemoglobina de la sangre impidiendo el transporte de oxigeno a todo el organismo, no tiene olor y a la hora de sentir un ligero dolor de cabeza ya es demasiado tarde, la vida se nos fue – como punto positivo acotamos que este gas se diluye muy fácilmente en el aire, espacios libres, y el tradicional viento fuerte que caracteriza las tardes – noches en la ciudad de Valencia, el estigmatizado “silbón”, es un gran aliado para disolver su concentración -. La intoxicación por monóxido de carbono es la principal causa de muerte por inhalación de gases en USA y, en general, es la causa más común de lesiones y muertes por envenenamiento en todo el planeta – Buchelli, H. y otros, “Niveles elevados de carboxihemoglobina: fuentes de exposición a monóxido de carbono”; España año, 2014 -.
En Europa por ejemplo, se prohíbe la instalación de plantas generadoras de electricidad en los pasillos y/o áreas comunes de los condominios por ser un riesgo no solamente de tipo tóxico gaseoso sino también por su alto riesgo de fuego – España, articulo 39 de la Ley de Condominios – y se le imponen condiciones a los generadores de más de 10 caballos de fuerza – alrededor de 7,4 kilowatts – y límite de ruido hasta 50 decibeles en zonas residenciales – otro problema ambiental más que acarrean las plantas eléctricas -. En Venezuela, el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal (Condominios) en su numeral C es taxativo: prohíbe todo tipo de mejoras en los condominios residenciales que fueren perjudiciales a la seguridad, solidez o condiciones ambientales del inmueble, y la Ley Orgánica del Ambiente fija límites de ruidos en zonas residenciales según horarios: 55 decibeles después de las 7 am y hasta las 10 pm – máximo ruido permitido un televisor a volumen medio – y entre 10 pm y 7 am del amanecer la intensidad sonora no debe superar los 45 decibeles – el ruido de una heladera -. En Puerto Rico está prohibido el encendido de plantas para la generación de energía eléctrica entre las 10:01 pm hasta las 6:59 am del día siguiente y existe una legislación ambiental que las regula severamente y fiscaliza con rigidez debido a la mala experiencia sufrida luego de los desastres ocasionados en el año 2017 por el huracán María, en su desesperación ante la falta del fluido eléctrico la población se concentró en adquirir y operar plantas individuales para su generación, lo que ocasionó un problema grave de salud pública adicional a la ya tragedia acaecida.
Las empresas importadoras, ensambladoras e instaladoras de plantas generadoras de electricidad –potencialmente asesinas–, operan en Valencia a sus anchas con total libertad tanto del punto de vista funcional operativo –importación, ensamblaje y distribución– como mediático –promoción –, sin ningún control ni supervisión ambiental por parte de las autoridades responsables por ley escrita, y ofrecen seguridad cuando la realidad es complicada porque el manejo de tales plantas requiere de una experimentada formación profesional; si un generador eléctrico se sobrecarga producirá energía intermitente, inestabilidad eléctrica y los artefactos eléctricos de nuestros hogares pueden verse afectados de igual manera como vienen siendo afectados por los inexplicables apagones que, tácitamente en nuestro subconsciente, han y siguen promocionado la proliferación de tales plantas, violentándose los artículo 12 y 13 de la Ley de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, ley que también establece en su artículo 61 de manera taxativa la obligatoriedad de un registro de actividades susceptibles de degradar al ambiente y la salud de todos, registro que debe llevar el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, al igual que el monitoreo y verificación de la calidad del aire en toda la ciudad.
Concluyo el escrito haciéndole un llamado a las autoridades nacionales del más alto nivel de gobierno que firmaron el Acuerdo de París COP21 a finales del año 2015 donde la nación bolivariana se comprometió en reducir las emisiones de carbono y esto no se cumple, al menos en la jurisdicción del estado Carabobo evidenciado por el indiscriminado uso de plantas generadoras de electricidad, para que adelanten una investigación de carácter ético–ambiental en toda la región carabobeña y en particular en el área metropolitana de Valencia, a fin de determinar si los reiterados y largos apagones, y cortes en general de otros servicios públicos, obedecen a problemas puntuales de mantenimiento o están conectados a una red de importadores–distribuidores de maquinarias con efectos potencialmente nocivos a la salud pública y al medioambiente, con tentáculos en el poder político regional que propician la desestabilización emocional de la ciudadanía y nos lleva a tomar caminos desesperados en la búsqueda del necesario servicio de energía eléctrica, entre otros servicios…es éticamente obligante.
Pascual Curcio Morrone es geógrafo (UCV-1983). Especialista en Análisis de Datos. Especialista en Fotogrametría, IPO, adscrito a la Universidad de Stuttgart, Alemania.
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