Vándalos contra las madres, por Gregorio Salazar
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Si ese grupo de madres de los presos políticos que con irrenunciable perseverancia está reclamando justicia y libertad para sus hijos no merece el respeto y la protección a su integridad física, ¿entonces quiénes podrán merecerlo?
Por su condición de mujeres, de madres, por la venerable edad de las mayores de ellas, por lo justo de sus reclamos y porque fundamentalmente están ejerciendo los derechos que les otorga la Constitución deberían recibir atención, respeto y resguardo por parte de quienes se han arrogado el poder en Venezuela.
Trágicamente no es así. Todo lo contrario. Precisamente por la condición de ilegalidad e ilegitimidad de origen tras el fraude electoral del 28-J, el grupo político en el poder ha acentuado la construcción política del miedo, la extensión de un clima de inseguridad personal y jurídica que inhiba y paralice todo reclamo ciudadano por la vigencia del Estado de Derecho. Al día de hoy, el Foro Penal registra 807 presos políticos.
No hay una sola violación a la ley en las cívicas y pacíficas acciones de las madres que se agrupan en el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Las asisten las garantías constitucionales de libertad de manifestación, de libertad de expresión, de libertad de asociación y, sobre todo, el derecho a exigirle justicia al cómplice sistema judicial que ha encarcelado sin razón alguna a sus hijos.
Estas mujeres, que hoy son emblema de la dignidad y la valentía de las venezolanas, deberían ser intocables para esos personeros que han hecho del Estado, el gobierno y su partido devenido secta política una y la misma cosa, un indivisible y opresivo revoltillo del cual se sirven con libre arbitrio un reducido círculo de civiles, militares y, cómo no, paramilitares a los que algún mendrugo les toca.
Como bien lo ha recogido la prensa nacional e internacional, unas 50 integrantes del Comité de Madres en Defensa de la Verdad iniciaron una vigilia el miércoles 6 de agosto en la noche frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (es un decir). Con sus velas, sus rosarios, sus carpas para protegerse de la intemperie, pero sobre todo con la sólida convicción de la inocencia de sus seres queridos se plantaron ante un organismo que debería atender sus argumentos.
A las diez de la noche, medio centenar de facinerosos, entre los cuales lamentablemente también había mujeres, llegaron a la manera de un escuadrón motorizado, encapuchados y armados y arremetieron a golpes y patadas contra las manifestantes. Las cubrieron de los insultos más vejatorios, las despojaron de sus documentos de identidad, sus teléfonos móviles, documentos sobre la situación judicial de sus hijos y llegaron al extremo de arrastrar sobre el pavimento a quienes les opusieron más resistencia.
Fue un grupo al conocido estilo de actuación de los tristemente célebres «círculos bolivarianos», esos a los que pese a la violencia que los caracterizó desde un principio Chávez se indignaba cuando la prensa los calificaba de «hordas». Qué mejor decreto de consentimiento e impunidad.
No se escapará ni al más desavisado observador que esta acción violenta estuvo en la misma línea delictiva que la perpetrada contra la sede del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), donde en horas de la madrugada del domingo 6 de julio fue sometido con armas de fuego el vigilante, arrancada y robada una gigantografía con los rostros de veinte periodistas detenidos por el ejercicio de su profesión o de sus derechos políticos.
Dice la prensa que el llamado Defensor del Pueblo se ha interesado en el caso de agresión de las madres de los presos políticos. Hay que hacer votos para que no resulte el mismo saludo a la bandera que hizo el Cicpc con el caso del CNP. Otro aguaje cómplice y distractivo. Mire, apostaría a que cualquier «jefe de calle» pudiera saber de dónde salió el infame escuadrón.
¿Cómo es posible que ante las narices de un régimen que ha multiplicado los cuerpos represivos en innumerables siglas, haya quienes actúen por la libre sin que nadie ponga coto a sus desmanes? ¿Quién los organiza? ¿Quién los financia? ¿Quién los dota de armamentos y de las motocicletas en las que se desplazan? Y peor aún, ¿cómo pueden garantizar quienes los toleran que sus vandálicas incursiones no le costará la vida a un inocente? ¿Acaso no ha ocurrido en el pasado?
Nada incomoda más a quienes (des) gobiernan Venezuela que la presencia en la calle de la protesta de la sociedad civil, cualquiera sea su origen y razón. Invisibilizarlas o reducirlas al mínimo es el objetivo de estos grupos paramilitares a los que la ciudadanía repudia y condena. Si alguna consecuencia tiene sus inciviles acciones es aumentar con progresión geométrica los costos políticos de la usurpación.
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Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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