Venezolano acusado de violar sanciones sobre Pdvsa se declara culpable en EEUU
George Semerene admitió su participación en un plan ilícito para adquirir millones de dólares en equipo de aviación para la administración Maduro. 10 hombres en total, entre ellos venezolanos, españoles y costarricenses, fueron acusados de evadir sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a Pdvsa
Un venezolano acusado de evadir sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a la petrolera estatal Pdvsa, mediante la exportación de piezas de aviones por millones de dólares, se declaró culpable este martes 20, informó la Fiscalía estadounidense.
George Semerene Quintero, de 60 años, se declaró culpable de conspirar para violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA, en inglés) por su papel en «un plan para evadir las sanciones estadounidenses impuestas» a Pdvsa.
«Hoy, George Semerene Quintero admitió que conspiró para eludir las sanciones económicas y los controles de exportación para ayudar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a obtener piezas críticas para aeronaves de Estados Unidos», dijo en un comunicado el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe.
Semerene admitió su participación en un plan ilícito para adquirir millones de dólares en equipo de aviación para la administración Maduro, dijo, por su parte, Matthew G. Olsen, fiscal general adjunto de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
10 hombres, entre ellos venezolanos, españoles y costarricenses, fueron acusados de evadir sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a Pdvsa mediante la exportación de piezas de aviones.
Entre enero de 2019 y diciembre de 2021, después de conocer las sanciones impuestas a la petrolera, los acusados idearon un plan para adquirir ilegalmente piezas de aviones, en violación de las sanciones y controles de exportación, según la acusación.
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Las piezas incluían motores Honeywell Turbofan, cojinetes y flexores, además de otro tipo de material de Estados Unidos, para dar servicio a la flota de aviones de Pdvsa en Venezuela, detalló el Departamento de Justicia en un comunicado.
Los acusados ocultaron a las empresas estadounidenses que los bienes tenían como destino Venezuela y Pdvsa, en cuyo traslado utilizaron transportistas y empresas navieras ubicadas en el distrito sur de Florida.
Semerene y el resto de los acusados llevaron a cabo este plan «mintiendo a los proveedores de piezas estadounidenses, haciendo declaraciones falsas en formularios de aduanas y documentos de envío». Además, inventariaron falsas facturas de proveedores y proporcionaron certificados de usuario final falsos.
Los acusados también utilizaron a terceros para su exportación.
Entre las empresas figuran la costarricense Novax Group SA (Novax) y la española Aerofalcon, que «actuaban como supuestos compradores y usuarios finales de las piezas de las aeronaves destinadas en última instancia a Pdvsa».
La vista para sentencia contra Semerene tendrá lugar el próximo 5 de noviembre y podría ser sentenciado a una pena máxima de hasta 20 años de prisión.
Los acusados vinculados a Pdvsa son el coronel del Ejército venezolano Gilberto Ramón Araujo Prieto, de 54 años, gerente de transporte aéreo de la estatal; Guillermo Ysrael Marval Rivero, de 62, y Fernando José Blequett Landaeta, de 52, ambos gerentes de transporte aéreo y analistas logísticos responsables de adquisiciones, además de Semerene, jefe de logística, adquisiciones y almacenamiento.
Otros acusados son Luis Alberto Duque Carvajal, de 63 años, de Costa Rica, propietario de Novax; Melvin Alemán Espinoza, 39, director de operaciones, Mikhail Largin, de 60, director de proyectos especiales, y Pedro Elías Sucre Salazar, fr 58, empleado ubicado en Venezuela.
De Aerofalcon fueron acusados su propietario, Juan Carlos González Pérez, de 60 años, y Juan David Guerra Viera, de 54, director de la empresa.
Duque, Alemán, Sucre, González y Guerra Viera están acusados además de presentar información de exportación falsa o engañosa y de contrabando de mercancías, lo que conlleva penas máximas de 5 y 10 años de prisión, respectivamente.
Con información de SwissInfo
