Venezuela 2021: una revisión en seguridad (I/II), por Javier Ignacio Mayorca
Durante 2021, en Venezuela se registraron diversos cambios en el entorno de seguridad ciudadana. Algunos de ellos fueron apenas perceptibles para la ciudadanía, aunque definitivamente impactaron de forma negativa sobre la calidad de vida. Otras alteraciones comienzan a hacerse evidentes, en la medida en que captan la atención de los medios periodísticos independientes.
Twitter: @javiermayorca
Esta será la primera de dos entregas. Se centrará en lo ocurrido durante los últimos doce meses. En la siguiente edición, la primera del año entrante, se intentará una prospectiva para 2022. En todo caso, no serán listas exhaustivas sino explicaciones de lo que se considera más relevante.
El hampa rompió la dinámica de la cuarentena
A partir de agosto de 2020, las estadísticas de criminalidad que se conocían extraoficialmente revelaban altas y bajas en cuanto al número de delitos reportados, que iban en función de la mayor o menor circulación de personas en las calles del país. En algunas temporadas, como las de navidad y fin de año, este patrón se rompió, en vista de que la ciudadanía permaneció más tiempo en los espacios públicos, incluso en lapsos de “cuarentena radical”.
Estos vaivenes se mantuvieron con pocos cambios hasta mediados de 2021. Desde junio, sin embargo, comenzó a observarse cómo se borraban las diferencias entre los totales de delitos conocidos durante las semanas de confinamiento y las de flexibilización.
Además, poco a poco fueron incrementándose los totales de delitos denunciados. La curva comenzó a ascender, y continúa así. Desde luego, esto no es solo el producto de un ejercicio estadístico. En las calles se siente el recrudecimiento de la delincuencia. Asaltan bares, cafés y transportes públicos, a plena luz del día, y sin que se pueda apreciar una respuesta efectiva de los cuerpos preventivos.
Esto guarda relación con un problema que aqueja a toda la administración pública, y del que no escapan los cuerpos uniformados.
Merma el pie de fuerza policial
La presencia policial es por definición uno de los principales disuasivos para la actividad antisocial. La sola presencia de los agentes en las calles opera como una barrera entre los delincuentes y sus potenciales víctimas. Si los agentes se muestran dinámicos y proactivos, si gozan de los medios necesarios para el desempeño de sus labores, podrán disminuir los delitos, o en todo caso, ocasionar desplazamientos de la actividad ilegal hacia otras zonas que sean consideradas por ellos como menos riesgosas.
Desde 2018, el número de uniformados de las policías preventivas ha ido en franca disminución. Carmen Meléndez lo sabía. Por eso, a finales de 2020, en una de sus apariciones como ministra de Relaciones Interiores ofreció la incorporación de 30 mil nuevos efectivos.
Pero esta promesa no se concretó. Cuando hicieron un arqueo con miras en la operación República, se dieron cuenta de que la desbandada continuaba en los cuerpos policiales. A pesar de las incorporaciones de sangre nueva, el total del contingente había bajado en 12% con respecto a 2020.
Las policías regionales y municipales cada vez tienen menos funcionarios. Un profesional de este ramo con 30 años de experiencia no ganará en Venezuela más de 60 dólares, si se suma el salario regular y todos los bonos que el Gobierno entrega, y que representan más del 75% de los ingresos mensuales. Esta situación, además, no ofrece un panorama promisorio para un policía honesto que esté meditando en una jubilación digna.
Desplazamientos y reagrupamientos de bandas
En la entrega anterior, referíamos que el Gobierno alteró su forma de relacionarse con las bandas y megabandas en 2021. En especial, aquellas que se veían incapaces de controlar el ejercicio de la violencia, o que cruzaban una fina línea, una frontera que había sido trazada por los interlocutores en el Ejecutivo.
Las masivas operaciones policiales en la Cota 905 y zonas aledañas, en Barlovento y en el estado Sucre impactaron negativamente en sectores de la criminalidad, y favorecieron a otros que supieron mantener un perfil más bajo y selectivo en cuanto a sus acciones.
En Sucre, por ejemplo, la importante plaza para los traslados de drogas y emigrantes que es San Juan de las Galdonas ha quedado momentáneamente como “territorio abierto”, codiciado por dos organizaciones foráneas: el Tren de Aragua y el grupo de alias Zacarías, que opera en el Arco Minero del estado Bolívar.
El Tren de Aragua continuó su expansión durante 2021, y de acuerdo con documentos elaborados por cuerpos de seguridad, transitaría un cambio en su estructura: de ser un grupo jerarquizado habría pasado a ser una especie de confederación, con bandas aliadas en lugares de interés como Sucre, Táchira y Bolívar. También, en otros países como Brasil y Colombia.
El tratamiento selectivo del régimen hacia estos grupos, que se podría considerar netamente delictivos, se reproduce con algunos matices en la relación con otras estructuras armadas, como son las disidencias de las FARC, el ELN y los colectivos. En el caso de las FARC, hay una clara proximidad con los elementos de la llamada Nueva Marquetalia, en detrimento de los seguidores de Gentil Duarte, que intentaron conservar el remoquete de Ejército Popular. Este nexo quedó plasmado claramente en la última decisión del Departamento del Tesoro con respecto a los guerrilleros. Según este despacho del gobierno estadounidense, el máximo líder de la Nueva Marquetalia, Luciano Marín Arango (Iván Márquez) tiene su residencia en el estado Apure.
Bancos y transportes de valores vuelven a ser atractivos
El asalto al Banco Provincial de Barinas, el martes 14 de diciembre, no debería causar sorpresas. En foros de seguridad ya se advertía sobre el creciente riesgo de incursiones del hampa en entidades bancarias. Esto a la luz de lo que ya venía sucediendo con los transportes de remesas, que sirven precisamente al sector financiero. Además, ya los antisociales habían dado una primera campanada en mayo, con el robo a una agencia del Banco Nacional de Crédito en Valencia.
En la primera década del siglo, los bancos y vehículos blindados eran pasto de los asaltantes. Pero en los años siguientes la moneda nacional perdió valor, y con ello los delincuentes cambiaron sus preferencias.
Este año, el panorama cambió. La reconversión monetaria implantada en octubre fue precedida por un proceso en el que los propios bancos comenzaron a manejar divisas extranjeras en sus operaciones diarias en taquilla.
Junto a los bancos, los delincuentes pusieron atención en los traslados de valores. El robo perpetrado en la avenida Boyacá por una organización en la que participan escoltas, agentes de la Policía Nacional y delincuentes comunes no ha sido el único de 2021, aunque sí el más espectacular. De hecho, los antisociales se apoderaron de remesas en Vargas y, más recientemente, en Margarita.
Estafas mantienen su atractivo
En 2020, con la cuarentena en pleno desarrollo, se produjo un explosivo incremento de las estafas y delitos asociados. En 2021, ese nivel de actividad delictiva se mantuvo. Todos los días, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas recibe y procesa un promedio de 26 denuncias sobre engaños en los que los delincuentes intentan obtener una ganancia económica.
Las estafas y sus sucedáneos continuaron transformándose para aprovechar la vulnerabilidad de una ciudadanía que intenta retomar la actividad económica de los tiempos de la prepandemia, aunque con el deterioro propio de un país con un creciente aislamiento, y que hace imposible o ineficaz, por ejemplo, cualquier reclamo por timos a través de sistemas de pago frecuentemente usados, como Zelle y PayPal.
Al cierre de 2021, las autoridades probablemente ofrecerán sus respectivos “balances”, destacando las disminuciones en las cifras de delitos conocidos.
Ciertamente, es probable que en los últimos doce meses se hayan cometido menos homicidios, y que el número de lesionados también sea inferior al del año pasado.
Pero este puede ser un dato engañoso. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), la población del país no ha crecido en los últimos tres años. Lo ideal, entonces, sería calcular las tasas de criminalidad con la proyección de población ofrecida por el censo para 2018. Así se trazaría un cuadro más realista. Además, la actividad económica apenas comienza a dar señales de vida. Este punto también será un factor fundamental para comprender lo que vendrá en 2022.
Breves
-Avanza en una corte de Nueva York el juicio por tráfico de drogas contra Seuxis Paucías Hernández Solarte, uno de los líderes de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también llamada Nueva Marquetalia. Hernández, alias Jesús Santrich, forma parte de un grupo acusado en 2018 por operaciones ilegales verificadas después de la firma del acuerdo de paz de La Habana, con lo cual se considera que no gozaban de amnistía. Santrich supuestamente fue ultimado en mayo de este año, en una “operación negra” efectuada en Zulia, sobre la cual Nicolás Maduro no ha querido pronunciarse. Desde entonces, no ha habido una confirmación oficial sobre el resultado de ese supuesto enfrentamiento. Colombia no ha retirado la solicitud de búsqueda internacional a través de Interpol. Y el caso que cursa contra este líder guerrillero en EEUU continúa adelante. En este proceso, también fueron acusados los colombianos Marlon Marín -sobrino de alias Iván Márquez, otro cabecilla del grupo subversivo-, Armando Gómez y el empresario Fabio Simón Younes Arboleda. Este último fue extraditado a territorio norteamericano en octubre de 2020. Para ese momento, Marín ya se encontraba allá, colaborando con las autoridades. El 3 de diciembre, el fiscal Damian Williams notificó al juez de esta causa, Valerie Caproni, que han entregado a la defensa nuevas evidencias: cien transcripciones de conversaciones, incluyendo dos presenciales, en torno a actividades de tráfico de drogas en las que supuestamente participaron los implicados, ejecutadas entre junio de 2017 y abril de 2018 “en Colombia y otros lugares”. En este juicio, además, han sido admitidas como evidencias varias grabaciones y videos producidos por la policía neogranadina, en cooperación con la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés). Todo lo que sea ventilado en este caso tiene que ver con el régimen venezolano. En junio de 2020, la DEA elevó a 10 millones de dólares la recompensa ofrecida por Hernández Solarte. Es la misma cantidad puesta sobre la mesa por Luciano Marín Arango, que es el verdadero nombre de Iván Márquez, cuyo paradero es objeto de debate. Algunos dicen que está en Venezuela, otros aseguran que voló a Cuba. Hernández y Marín aparecen como figuras vitales en el expediente conocido como Cartel de los Soles, que también es ventilado en una corte neoyorkina. Este proceso promete nuevas revelaciones en los primeros días de 2022.
-Hay una reactivación de la circulación de drogas por aguas del Caribe, con una creciente participación de venezolanos. Se puede encontrar evidencias en dos casos recientes. El 11 de octubre, la policía española reportó el hallazgo de más de 4,2 toneladas de cocaína en un pesquero que había zarpado de aguas nacionales. Por este caso fueron apresados veinte venezolanos, ocho de ellos iban en la embarcación, y los demás quedaron en custodia en Venezuela, luego de la notificación formal sobre el decomiso. El 24 de noviembre, agentes de la Dirección Nacional contra Drogas de República Dominicana detuvieron a un venezolano que iba a bordo de una lancha rápida, cargada con 675 paquetes de cocaína. Según el jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, coronel retirado Jairo Coronel, durante la cuarentena implantada a propósito del Covid-19 se produjo una acumulación de inventarios de cocaína en los territorios de origen. Desde junio de este año, comenzaron a relajarse las restricciones a la circulación de personas, y según el oficial retirado esta circunstancia ha sido aprovechada por los transportistas de drogas. En los cuerpos de seguridad parten del principio de que los decomisos representan si acaso el 15% del total de la droga transportada. Esta premisa pareciera confirmarse por los datos consignados en un informe de la policía europea (Europol) y la Oficina de Naciones Unidas para Drogas y Crimen Organizado, que han advertido una elevación de la pureza de la cocaína vendida al detal en las calles del Viejo Continente. Esto indica que, más allá de la propaganda de los cuerpos de seguridad y sus gobiernos, el negocio de la droga vuelve por sus fueros en el mundo post pandemia.
Javier Ignacio Mayorca es Periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
