Venezuela acumula más de $10 millones en deudas dentro del sistema interamericano de DDHH
El sistema interamericano de derechos humanos está compuesto por la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana (Corte IDH). En ambas instancias, el Estado venezolano acumula deudas económicas, que incluyen la indemnización y reparación a víctimas, que superan los 10 millones de dólares. ONG estiman que Venezuela ha incumplido más del 80% de todas las sentencias emanadas por la Corte
La presencia de Venezuela dentro del sistema interamericano de derechos humanos es todo un dilema político. Gustavo petro le ha pedido a Nicolás Maduro que reincorpore al país, y el mandatario venezolano afirmó que estudiaría esa posiblilidad. Pero el Estado no solo acumula deudas económicas, algunas de ellas relacionadas a la reparación e indemnización de las víctimas, sino también incumplimientos de otro tipo respecto al reconocimiento de violaciones de DDHH contra ciudadanos venezolanos en específico.
El 10 de septiembre de 2012, el entonces presidente Hugo Chávez denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, un instrumento que da base jurídica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La salida de este sistema se hizo efectiva en septiembre de 2013, seis meses después de la muerte de Chávez y que fue sucedido por Nicolás Maduro, quien sigue en el poder.
Maduro siguió la línea de su antecesor, al asegurar que la OEA, el sistema interamericano y sus instancias respondían a intereses de Estados Unidos y además “degeneraron y se creen un poder supranacional” por investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país.
Pero en 2019, la Asamblea Nacional -de mayoría opositora y considerada «en desacato» entonces por el Ejecutivo- aprobó mediante un acuerdo el retorno al sistema interamericano, al reconocer nuevamente la Convención y la Carta de la OEA. Eso le permitió al gobierno interino de Juan Guaidó posicionar un embajador dentro de la organización y abrió una esperanza a víctimas para que sus casos fueran tomados en consideración dentro de la Corte IDH.
Sin embargo, la realidad política complicó el asunto. Del otro lado, víctimas y organizaciones se empezaron a movilizar para que sus casos sean tratados en este máximo tribunal, que tiene pendiente declarar su admisibilidad o no.
Ezequiel Monsalve, profesor universitario y coordinador jurídico de la ONG Defiende Venezuela, señala que es importante partir de la premisa que desde la perspectiva del derecho internacional público y en especial del derecho internacional de los tratados, “la ratificación que se hizo de la convención en el año 2019 fue efectiva y, de esa manera, los que seguimos acudiendo al sistema interamericano para denunciar y hacer incidencia sobre la violación de derechos humanos en Venezuela lo hacemos en función de ese pronóstico”.
Por supuesto, continúa el especialista en derecho penal, “aquí hay un dilema estructural importante y es que el Gobierno que ejerce el control político del territorio es de Nicolás Maduro. Por tanto, deberíamos preguntarnos si ese Estado va a retornar efectivamente al sistema interamericano y con ello se puede pacificar toda esta coyuntura política en 2019 posterior al desconocimiento de las elecciones presidenciales de Nicolas Maduro y el interinato de Juan Guaidó”.
Esa realidad política tuvo un nuevo protagonista este año. El pasado 27 de octubre, el presidente colombiano Gustavo Petro le pidió a Maduro volver al sistema interamericano durante un acto de gobierno.
El tema fue tratado nuevamente el 1 de noviembre durante el encuentro de ambos presidentes en Miraflores. En la discusión estuvo presente y Maduro comentó que evaluaría esa solicitud.
El 1 de noviembre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro se reunieron en Caracas. El retorno al sistema interamericano fue uno de los temas mencionados por el mandatario colombiano
El coordinador jurídico de Defiende Venezuela señala que, desde la perspectiva política, “depende en buena medida no solo de la voluntad que tenga el gobierno de Nicolás Maduro sino las condiciones que existan en la región y que deben ser promovidas justamente por los países que tienen relaciones bilaterales con Venezuela. Son ellos los que pueden generar un espacio propicio para que este dilema coyuntural en el sistema interamericano se resuelva”.
Sobre esto coincide Ronnie Boquier, defensor de DDHH y coordinador del área jurídica de Cofavic. “Posibilidades siempre hay, lo que faltaría es ver si hay verdadera voluntad por parte del Estado”. El abogado de Cofavic destaca que en materia de derechos humanos “todo lo que sea en pro de la persona y los mismos derechos no solo es bienvenido sino también aplaudido”.
Pone como ejemplo el caso del mismo presidente Petro. “Él fue beneficiario del sistema interamericano cuando llevó su caso por violación a sus derechos y ese mismo sistema estuvo disponible para las denuncias. En el caso de Venezuela es igual”. Se refiere a una inhabilitación política en su contra que fue solventada aprovechando jurisprudencia interamericana, la misma que ha argumentado Leopoldo López y otros en Venezuela para reclamar la anulación de sus derechos políticos.
Boquier también señala que el retorno efectivo de Venezuela al sistema interamericano, si se logra, “no es solo la victoria de un sector sino de todo el país, el sistema interamericano fue creado para la protección de todas y todos”.
Víctimas de Venezuela
En 2020, dos investigadores venezolanos calcularon que de 24 sentencias que había emitido la Corte Interamericana en relación al Estado Venezolano, en 22 de ellas se habían acumulado incumplimientos por parte del país.
“Se determinó que este incumplimiento había afectado a 338 personas en calidad de víctimas, que la deuda (económica de Venezuela) alcanzaba los 11 millones de dólares sin contar el cálculo de indexación por retraso en cada una de estas sentencias”, recuerda el abogado Ezequiel Monsalve.
Cofavic ha participado directamente en siete casos ya sentenciados por la Corte IDH: El Caracazo, que dio pie a la creación de esta ONG, en la sentencia del retén de Catia, una masacre cometida en esta cárcel en el año 1992; los desaparecidos de los deslaves de Vargas; en los casos de la familia Barrios, Jimmy Guerrero y otros, que corresponden a ejecuciones extrajudiciales; al igual que el caso de Linda Loaiza, el primer caso de Venezuela donde se denuncia violencia de género.
En 2022 se cumplieron cuatro años de la sentencia de la Corte IDH sobre el caso de violencia de género sufrido por la abogada Linda Loaiza. Todavía espera reparación e indemnización por parte del Estado venezolano
En esos siete casos hay deudas pendientes del Estado como reparaciones integrales a las víctimas que no se han cubierto, además de las garantías de no repetición y el reconocimiento público de los hechos. Tampoco se ha llevado a la justicia a los perpetradores de estos casos.
De estos casos que tenemos, dice el coordinador del área jurídica de Cofavic, en el 99% existe incumplimiento de las sentencias.
“El hecho de que se reintegre o no, no desestima que Venezuela siga teniendo deudas con el sistema interamericano. Todos los casos sentenciados por la Corte Interamericana son una responsabilidad que el Estado debe asumir”, insiste Ronnie Boquier.
El coordinador de Defiende Venezuela menciona que es complicado calcular todas las obligaciones pendientes por parte del Estado, ya sean económicas, de reparación e indemnización a las víctimas (que también conllevan un componente económico).
Estas obligaciones fueron las que trabaron la denuncia efectiva del Estado venezolano a la Convención en 2012. Monsalve recuerda que el artículo 14 de la Carta de la OEA expresa que los Estados quedarán desligados de la Organización cuando hayan cumplido con las obligaciones emanadas de la presente carta.
En base a las deudas monetarias, refiere que “en junio de 2019, el jefe de la delegación ante los Estados Americanos, diputado Julio Borges, dijo que Venezuela iba a pagar los casi 10 millones de dólares que debía el Estado venezolano al sistema político de la OEA”.
Ese monto se debe a que Venezuela debía aproximadamente 8.7 millones de dólares al momento de denunciar la Carta y otros 1.8 millones de dólares por otros criterios socioeconómicos.
Casos y cooperación futuras
Para Venezuela, actualmente hay al menos seis casos en trámites ante la Corte IDH. De ellos, la organización Defiende Venezuela tiene la representación de dos de ellos y plantean situaciones que ocurrieron en el marco temporal de la denuncia de la Convención y posterior ratificación de la misma.
“A la Corte Interamericana le corresponderá evaluar en primera instancia su competencia ante la denuncia de la Convención o su ratificación en 2019. Esto va a marcar un hito importante para los venezolanos ante el sistema interamericano porque podremos constatar y confirmar si, en efecto, vamos a tener jurisdicción de la Corte entre 2013 hasta el año 2018, años que fueron de gran complejidad por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, a tal punto de que algunos han sido considerados como posibles crímenes de la mesa humanidad”, afirma Ezequiel Monsalve.
Cofavic también ha tenido información sobre conversaciones entre la Comisión Interamericana con otros sistemas de protección para intercambiar información y revisar la situación de derechos humanos en el país. Ya la CIDH ha mantenido esfuerzos de cooperación con el sistema de protección universal de Naciones Unidas (Oficina del Alto Comisionado y Misión de Determinación de los Hechos) y otros como la Corte Penal Internacional, para darle mejor seguimiento a la situación en Venezuela.
Ronnie Boquier explica que esto es debido “a su propia naturaleza de darle un seguimiento expedito a la situación de derechos humanos en un país específico y si existe un país donde hay varios mecanismos abiertos, como es el caso venezolano, es normal y recomendable que estos organismos tengan comunicación y renueven sus procesos de cómo entenderse, cómo dialogar y pasar información para ayudar a complementar el seguimiento que cada organismo hace respecto a la realidad del país”.
Recuerda además que desde hace algunos años Venezuela ha estado en el capítulo 4 de los informes anuales de la CIDH, que es donde se hace relatoría de los países con mayor gravedad en derechos humanos y donde además están Cuba y Nicaragua. “Todo indica que pueden estar en el año 2022”.
